Morelos.- América Berenice Jiménez Molina, quien fungió como secretaria de la Contraloría en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó un amparo para impedir la ejecución de una orden de aprehensión en su contra. El recurso fue presentado ante un juzgado de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos.
La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Control del Único Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Xochitepec, en el marco de investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión. En su demanda, Jiménez Molina atribuye a esta autoridad la presunta violación de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos mantiene abiertas tres carpetas de investigación contra la exfuncionaria por delitos como ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, este último delito que conlleva prisión preventiva oficiosa, según información corroborada por La Silla Rota.
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El juzgado admitió el amparo tras no encontrar causa manifiesta para desecharlo y otorgó una suspensión provisional para detener momentáneamente la orden de aprehensión. La audiencia para resolver el incidente de suspensión está programada para el 6 de agosto, mientras que la audiencia constitucional donde se decidirá si se concede la protección definitiva de la justicia federal fue fijada para el 11 de septiembre.
Durante su gestión, Jiménez Molina desempeñó un papel central como titular de la Contraloría estatal, siendo responsable del proceso de entrega-recepción hacia la administración entrante encabezada por Margarita González Saravia. Este procedimiento fue señalado por la actual administración debido a irregularidades detectadas en al menos una decena de dependencias estatales.
Por otro lado, este medio obtuvo un contrato oficial que acredita la relación laboral vigente entre Jiménez Molina y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. El documento fue firmado por el maestro Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos de la Cámara, y por la exfuncionaria como prestadora de servicios especializados.
El contrato establece una vigencia desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, con un pago mensual bruto de 28 mil 410 pesos, monto sujeto a las deducciones fiscales correspondientes. Ambas partes acordaron mantener la confidencialidad de la información generada por la relación contractual y señalaron que cualquier incumplimiento podrá derivar en la rescisión del acuerdo. Además, definieron que en caso de controversia, el conflicto se resolverá ante tribunales federales civiles en la Ciudad de México.
Aunque la información pública correspondiente a 2025 no ha sido actualizada, fuentes confirmaron que Jiménez Molina continúa prestando servicios en la Cámara de Diputados bajo el esquema contractual mencionado.
Hasta ahora, ni la Cámara de Diputados ni la propia exfuncionaria han emitido algún pronunciamiento público sobre la situación jurídica que enfrenta ni sobre el contenido.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco (2018–2024), Morelos sufrió un aumento explosivo en la violencia: los homicidios dolosos crecieron más del 100%, alcanzando aproximadamente 6,300 a 7,975 casos, junto con cientos de feminicidios, secuestros y robos de alto impacto. Estos reveses se vieron acompañados de un retroceso en indicadores clave: el estado ocupó consistentemente los últimos lugares en competitividad, seguridad, Estado de derecho y desarrollo democrático a nivel nacional.
Paralelamente, la administración de Blanco fue señalada por un derroche en comunicación social y opacidad en el gasto público. El gobierno estatal gastó en propaganda cifras exorbitantes, por ejemplo, 289 millones en 2022, mientras descuidaba áreas como desarrollo social y obra pública.
La percepción ciudadana sobre su gestión fue dura: un 89% de los morelenses veían corrupción como algo frecuente, y las encuestas de aprobación situaban a Blanco como uno de los gobernadores peor evaluados del país. La transición a la gobernadora Margarita González incluyó el inicio de seis denuncias tanto penales como administrativas por presuntos actos de corrupción en su administración.