Renato Romero, activista y defensor del territorio en San Miguel Xoxtla, Puebla, fue liberado la tarde de este jueves 3 de julio, luego de permanecer más de 48 horas preso. A su salida, fue recibido con aplausos y consignas por familiares, compañeras y compañeros de lucha, quienes se congregaron afuera del centro penitenciario de de San Pedro Cholula para exigir su libertad.
Romero continuará su proceso judicial en libertad, luego de que el Gobierno de Puebla solicitara su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, y pidiera que siguiera su juicio fuera de prisión.
En sus primeras declaraciones, el activista denunció que su detención fue “arbitraria, violenta y sin fundamento legal”. Según relató, fue aprehendido el pasado lunes por ocho agentes ministeriales, quienes no presentaron orden de arresto ni identificación oficial. “Me tiraron al piso, me esposaron y no dijeron nada. Así actúa el Estado cuando defendemos el agua”, afirmó.
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Tras las protestas de organizaciones civiles por la detención del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación de Puebla accedió a reunirse con sus familiares y solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el defensor sea incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Romero, integrante del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido el martes 1 de julio por su presunta participación en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado. La aprehensión generó movilizaciones y rechazo por parte de organizaciones sociales, que vinculan la acción judicial con su activismo contra Granjas Carroll y las denuncias por contaminación en la región.
De acuerdo con la FGE, los hechos que motivaron la detención ocurrieron el 28 de mayo de 2025 en San Miguel Xoxtla, durante una protesta por la instalación de una tubería. Sin embargo, familiares y abogados del activista denunciaron irregularidades en el proceso y rechazaron las acusaciones.
“No es un tema entre el Estado y un particular, es un tema entre un particular y otro particular”, declaró el gobernador Alejandro Armenta al ser cuestionado por el caso.
Tonatiuh Sarabia, abogado de Romero, contradijo esa versión y señaló que el caso revela un conflicto entre intereses empresariales y gubernamentales frente a los pueblos que defienden sus recursos naturales. Durante la audiencia inicial este miércoles 2 de julio en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el abogado expuso que en el Registro Nacional de Detenciones se registró una dirección incorrecta, lo que impidió localizar al detenido durante horas.
También denunció que Romero no tuvo contacto con su familia hasta un día después de la detención, y que fue aprehendido sin citatorio previo, a pesar de que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa. Añadió que solo se les otorgaron cinco horas para revisar un expediente de alrededor de 400 páginas.
"Esto está amañado"
“Todo esto está amañado y sabemos hacia dónde se dirige”, denunció Elía López, esposa de Renato Romero, tras la audiencia de este miércoles. Pidió apoyo para difundir el caso y alertó que las autoridades podrían intentar incriminar a más personas.
Luego de la segunda audiencia, el juzgado ordenó el traslado de Romero al Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, donde permanecerá hasta el próximo lunes 7 de julio, fecha en que se definirá si es vinculado a proceso.
Detienen en Puebla a defensor del agua
Renato Romero Camacho, integrante del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido la mañana de este martes 1 de junio por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
El activista fue aprehendido en la colonia Granjas Puebla, al sur de la capital, acusado de daño en propiedad ajena y despojo agravado. Según la FGE, el 28 de mayo Romero, junto a unas 30 personas, habría lanzado piedras contra obras de instalación de tubería de agua potable en el municipio de San Miguel Xoxtla, donde recientemente se han registrado protestas contra la apertura de un nuevo pozo que abastecería a la ciudad de Puebla.
En un audio difundido por el periódico El Popular, Romero alcanzó a comunicar su detención: “Me detuvieron como a las siete y fracción de la mañana, ahí llegando a la tortillería de la 16 de Septiembre. Estoy en la fiscalía en estos momentos, me dicen que me van a llevar al C5 y espero que sea una detención legal”, relató.
Acusan persecución política
Diversas organizaciones sociales denunciaron que la detención es una represalia por la participación de Romero en protestas contra Granjas Carroll, empresa porcícola señalada por contaminar mantos acuíferos en la región. En agosto de 2024, el Movimiento de Defensa del Agua encabezó manifestaciones por los daños a la apicultura y la agricultura provocados por residuos de la empresa.
En un comunicado conjunto, colectivos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Red Nacional de Abogadas Indígenas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, exigieron la liberación inmediata de Romero y el cese a la criminalización de defensores del agua.
“El compañero se ha destacado en la defensa del derecho al agua en el Valle de Perote, que ha sido vulnerado por la extracción y contaminación del líquido a cargo de la empresa Granjas Carroll”, señala el documento.
También recordaron que hace un año, policías de Veracruz asesinaron a dos campesinos en San José del Limón durante un operativo represivo contra protestas similares. “Por esos hechos sólo fueron detenidos dos policías, pero no los mandos responsables”, denunciaron.
Romero ya había sido citado por la FGE en 2024, tras un plantón en las afueras de la empresa porcícola. Otros activistas también enfrentan procesos legales por su participación en esa jornada de protesta.
¿Por qué es impornate este tema? Acusan a Granjas Carroll de contaminar agua
Contexto: habitantes de la región Libres-Oriental, al oriente de Puebla, acusan a la empresa porcícola Granjas Carroll de provocar graves afectaciones ambientales desde su instalación en 2017. De acuerdo con integrantes del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, las actividades de la compañía han contaminado el agua, matado insectos polinizadores como las abejas y afectado seriamente la producción de miel, lo que ha derivado en la pérdida de ingresos y empleos.
En paralelo a las afectaciones ambientales, los pobladores también han denunciado una campaña de hostigamiento por parte de autoridades estatales. En mayo de 2024, comenzaron una serie de protestas contra la empresa por el uso excesivo del agua y la contaminación generada por los desechos de los cerdos. La respuesta, aseguran, ha sido la criminalización: citatorios judiciales, amenazas y hasta agresiones físicas.
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Uno de los casos más graves ocurrió el 21 de junio de 2024, cuando más de 300 ejidatarios bloquearon la carretera Puebla–Perote en protesta contra la contaminación. Elementos de la Fuerza Civil de Veracruz reprimieron la movilización con violencia, dejando un saldo de dos campesinos muertos. Meses después, activistas como Renato Romero, Justo Soto y el propio Moratilla comenzaron a recibir amenazas directas de funcionarios del Gobierno estatal, incluido Justino Cerezo, coordinador de comisionados.
A pesar de estas denuncias, la empresa mantiene 23 títulos de concesión para el uso del agua —14 en Puebla y 9 en Veracruz— y no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones
JCVP