Oaxaca. – Gonzalo González Silva, director regional de los programas Bienestar del gobierno federal en Oaxaca, fue detenido en Pinotepa Nacional por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, ocurrido en agosto de 2024, según informó la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos se registraron el 3 de agosto de 2024 en el municipio de Jamiltepec, y la denuncia fue presentada ante la Vicefiscalía Regional de la Costa. Tras concluir las investigaciones, se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el pasado martes 1 de julio por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con personal de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
En redes sociales comenzaron a circular denuncias anónimas que acusan al funcionario de contratar a mujeres jóvenes, a quienes presuntamente llevaba a la oficina para obligarlas a cumplir jornadas laborales extendidas, bajo condiciones de presión y abuso de poder. Según estos señalamientos, al final de la jornada habría incurrido en conductas de abuso sexual, silenciando a las víctimas con amenazas de perder su empleo.
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Consultada al respecto, la Fiscalía de Oaxaca informó que, hasta el momento, sólo existe una denuncia formal por violación en contra del funcionario.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y mayo de este año, la Fiscalía de Oaxaca ha iniciado 292 carpetas de investigación por violación simple y equiparada, situando a la entidad en el noveno lugar nacional por este delito.
Su ascenso como funcionario
González Silva inició su trayectoria como Servidor de la Nación en 2019, recorriendo diversos municipios del estado. Posteriormente, fue nombrado director regional por la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, quien en publicaciones de redes sociales lo describía como un funcionario “de trabajo, esfuerzo y disciplina”.
Desde el 15 de julio de 2021, estuvo a cargo de la coordinación e implementación de programas sociales, atención ciudadana y supervisión de servicios con beneficio directo a la población. En 2023, también buscó la candidatura a una diputación local con sede en Pinotepa Nacional.
Demandan investigar posibles complicidades
La detención del funcionario ha generado reacciones entre organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. Rosario Martínez Miguel, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, advirtió que el caso representa un grave hecho de violencia institucional y una muestra de que los mecanismos de prevención, denuncia y protección dentro de las dependencias públicas no están funcionando.
“El poder institucional no puede seguir siendo usado para someter, silenciar y violentar a mujeres que buscan condiciones laborales dignas”, señaló.
Martínez Miguel subrayó la necesidad de que el proceso judicial se lleve a cabo con perspectiva de género, y que se sancionen también las posibles complicidades o negligencias de los superiores jerárquicos que permitieron la permanencia del funcionario a pesar de los señalamientos.
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“La impunidad y el encubrimiento perpetúan un sistema que normaliza el abuso y castiga el valor de denunciar. Este caso debe ser un llamado urgente para activar protocolos de prevención y atención en todas las dependencias públicas”, concluyó.
JCVP