Cuernavaca, Mor.- El juez especializado de control del Estado de Morelos, César Augusto Galán Delgado, resolvió no vincular a proceso penal a Adrián Rivas Millán, expolicía municipal conocido como El Belicón, al detectar múltiples inconsistencias en el operativo que derivó en su detención el pasado de 3 de julio, lo que compromete la legalidad del procedimiento.
La detención ocurrió durante un despliegue conjunto de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, en el que participaron decenas de agentes, patrullas y un helicóptero.
Durante la audiencia celebrada la noche de este miércoles 10 de junio en Ciudad Judicial, en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, la defensa de Rivas Millán desacreditó la narrativa oficial, que lo acusaba de narcomenudeo con fines de comercio, resistencia de particulares y portación ilegal de arma de fuego.
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Joel Reyes, abogado defensor, argumentó que hubo serias violaciones al debido proceso desde el supuesto reporte al 911 hasta la forma en que los oficiales ingresaron al domicilio. Uno de los puntos clave fue la incongruencia en los tiempos reportados: mientras los agentes aseguraron haber recibido el reporte de emergencia a las 10:42 horas, los registros oficiales indican que la llamada fue ingresada hasta las 10:49.
“El reporte ni siquiera existía cuando los agentes dicen haberlo recibido. La cronología es insostenible”, apuntó el juez Galán.
Incongruencias físicas y testimoniales
El juez también destacó contradicciones sobre la ubicación y forma de la detención. Según los agentes, patrullaban la calle Miguel Hidalgo de la colonia Lienzo del Charro cuando avistaron el vehículo sospechoso, pero peritajes en criminalística revelaron que esa calle es un andador de apenas tres metros de ancho, intransitable para una patrulla.
Además, las distancias reportadas no coinciden: los agentes dijeron haber visto una camioneta Journey a 15 metros, pero las mediciones reales arrojaron más de 36 metros. Tampoco hay evidencia sólida que justifique el ingreso al domicilio por flagrancia.
Pruebas civiles refutaron versión oficial
La defensa presentó grabaciones, testimonios de vecinos y peritajes técnicos que desvirtuaron la versión ministerial. “No fue una defensa reactiva, fue una defensa con evidencia sólida y verificable”, afirmó el abogado Hugo Patiño.
Peritos como Álvaro Ramírez Flores y Luis Manuel Gómez Garduño aportaron dictámenes sustentados con metodología científica, imágenes y video, que probaron que la patrulla no pudo haber estado en el lugar como indicaban los agentes.
Acusación de detención arbitraria
Jesús Antonio López Morales, también detenido en el operativo, declaró ante el juez que no tenía relación con ningún delito. Aseguró que se encontraba paseando a sus perros cuando se topó con el despliegue policial, decidió grabar con su celular, y fue detenido arbitrariamente por los elementos de seguridad. El imputado también fue defendido por el abogado Joel Reyes y, al igual que Rivas Millán, no fue vinculado a proceso.
El fallo: no hay pruebas suficientes
Tras valorar las pruebas, el juez concluyó que no se acreditaron ni los delitos ni la probable participación de los imputados. “Los datos de prueba son insuficientes para acreditar los hechos”, dictó, y ordenó su liberación inmediata.
Aunque la defensa pidió remitir el expediente a la Fiscalía Anticorrupción para investigar posibles irregularidades del operativo, el juez no emitió pronunciamiento sobre ello. La Fiscalía tiene tres días hábiles para apelar la resolución.
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Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado, encabezada por Edgar Maldonado Ceballos, ni la Secretaría de Seguridad estatal han emitido postura.
JCVP