Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos no fue considerado dentro del proceso de renovación por voto ciudadano del pasado 1 de junio, el Poder Judicial del estado vivió su propia sacudida institucional: tras 17 meses de parálisis, el Congreso local impuso a Juan Emilio Elizalde Figueroa como nuevo presidente del Tribunal, en medio de cuestionamientos por la forma en que se concretó su nombramiento.
Elizalde asumió el cargo el sábado 7 de junio, en una sesión extraordinaria del Pleno, luego de que las y los magistrados fueran incapaces de alcanzar consensos internos para la sucesión. Ante el vacío de poder, el Congreso intervino directamente con base en el artículo 133 de la Constitución estatal y mediante el Decreto Número 165, publicado apenas un día antes en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
La crisis dejó al Tribunal sin dirección efectiva y congeló su operatividad. La designación legislativa, aunque válida legalmente, ha sido señalada como un golpe a la autonomía del Poder Judicial y un precedente preocupante para la división de poderes en el estado.
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Durante la ceremonia de toma de protesta, a la que acudieron 21 de los 22 magistrados —con la ausencia de Bertha Rendón—, Elizalde anunció que su gestión concluirá el 31 de agosto de 2027. Desde su primer mensaje, hizo un llamado a “cerrar filas por la justicia” y prometió una administración con puertas abiertas y cero tolerancia a la corrupción.
Elizalde advirtió que su presidencia respaldará a los juzgadores que actúen conforme a derecho, pero también habrá consecuencias para quienes incurran en irregularidades. “Aquellos que se presten a prácticas ajenas al marco legal enfrentarán las consecuencias que permiten las leyes”, declaró.
El reto inmediato del nuevo presidente será restablecer la operatividad institucional del Tribunal y responder a la desconfianza generada por su designación. Aunque no surgió de una elección abierta, como en el nuevo modelo judicial nacional, Elizalde deberá demostrar que su gestión puede ser independiente y efectiva.
Un perfil multifacético
Nacido en Zacatepec, Morelos, Elizalde es licenciado en Derecho por la UAEM y magistrado numerario desde 2013. Ha ocupado cargos como subprocurador regional, director de la Defensoría Pública y titular del Instituto de Vivienda. También ha sido académico y periodista, colaborando con medios como Proceso, Diario de Morelos y Heraldo de México.
Esa trayectoria diversa, entre lo jurídico, lo administrativo y lo mediático, es ahora puesta a prueba frente a un Tribunal dividido, con una ciudadanía que exige justicia y bajo la sombra de una imposición legislativa que compromete la percepción de independencia judicial en Morelos.
¿El fin de la crisis en el Tribunal de Morelos?
El relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se da tras una larga crisis institucional que se arrastra desde enero de 2024, cuando el Pleno del TSJ dejó de sesionar formalmente. Durante más de un año, el entonces magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea, vinculado al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, canceló de forma reiterada las sesiones convocadas para atender el rezago judicial, lo que provocó un estancamiento total en la resolución de asuntos jurisdiccionales clave, como conflictos de competencia entre jueces.
De acuerdo con el magistrado Francisco Hurtado, la última sesión efectiva del Pleno fue el 31 de enero de 2024. Desde entonces, Gamboa fue señalado por 15 de los 22 magistrados por ausentarse de sus funciones, ejercer acoso laboral y sexual, y utilizar excusas ilegales para evitar convocatorias. Las y los inconformes lo desconocieron como presidente y denunciaron que mantenía control político sobre al menos 30 jueces, lo que afectaba la imparcialidad de las resoluciones, algunas de ellas en beneficio de intereses privados o incluso del crimen organizado.
La situación se agravó en marzo de 2025, cuando el Pleno destituyó a Gamboa Olea por mayoría y nombró en su lugar a Juan Gabriel Vargas Téllez. Sin embargo, Gamboa impugnó su destitución y se negó a ceder el cargo, lo que mantuvo dividido al Tribunal. Entre mayo y junio se intentó sin éxito elegir una nueva presidencia mediante votación interna: al menos 25 rondas concluyeron sin alcanzar la mayoría calificada, sumiendo al Poder Judicial en una parálisis operativa.
Finalmente, ante el vacío de poder y la incapacidad del Pleno para resolver la sucesión, el Congreso del Estado intervino. Amparado en el artículo 133 de la Constitución local y mediante el Decreto 165, el Poder Legislativo designó este 7 de junio a Juan Emilio Elizalde Figueroa como nuevo presidente del Tribunal, con encargo hasta el 31 de agosto de 2027.
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Si bien la medida restableció formalmente la conducción institucional, fue duramente cuestionada por sectores judiciales y académicos, que advirtieron sobre el riesgo de debilitar la autonomía judicial. El caso dejó al descubierto una profunda fragmentación interna y la fragilidad del TSJ ante la presión de intereses políticos externos.
JCVP