Una jueza federal negó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, un nuevo amparo que promovió para frenar la orden de aprehensión en su contra, relacionada con presuntos actos de corrupción que habrían generado un daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos.
La resolución fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien concluyó que la orden de captura cumple con las formalidades legales y no vulnera derechos constitucionales.
El mandamiento judicial fue emitido desde el 27 de febrero por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, quien ordenó la aprehensión de Aureoles por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
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Cabe recordar que, aunque en abril la misma jueza Vargas le concedió a Aureoles una suspensión definitiva que impedía su detención, esta fue retirada tras incumplir con la condición de presentarse en un plazo de cinco días a su audiencia de imputación.
Actualmente, Aureoles permanece como prófugo de la justicia, aunque promovió un nuevo amparo ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, con el cual logró frenar nuevamente de forma temporal su captura.
Contexto: según la Fiscalía General de la República (FGR), la acusación contra Aureoles se basa en su presunta participación entre 2016 y 2017 en la contratación ilegal para el desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil pesos. Los proyectos se ubicaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y fueron adjudicados de manera directa a la empresa Inmobiliaria DyF. La FGR sostiene que hubo desvío de recursos, pago de sobreprecios, falta de proyectos ejecutivos y que la empresa ni siquiera era propietaria de los inmuebles al momento de la adjudicación.
Salvan otra vez a Aureoles; FGR ya no puede detenerlo
Un tribunal federal confirmó una suspensión provisional otorgada al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que lo protege contra cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia en su contra.
Durante una sesión celebrada este martes 27 de mayo con carácter de urgente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió un recurso de queja promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitaba revocar la medida cautelar concedida previamente por la jueza Sindy Ortiz Castillo, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal.
El secretario en funciones de magistrado, Arturo Valle Castro, explicó que el Ministerio Público Federal argumentó que ya existía una suspensión definitiva otorgada por otro juzgado -de la jueza Jovita Vargas Alarcón-, por lo que la provisional debía considerarse sin materia. Sin embargo, las magistradas María Dolores Núñez Solorio e Isabel Porras Odriozola rechazaron la queja por unanimidad, al señalar que no había certeza de que se tratara del mismo acto reclamado por ambas instancias.
“Lo que busca el Ministerio Público es que se declare sin materia el incidente de suspensión porque ya existe una suspensión definitiva, pero en el expediente no hay certeza de que se refiera al mismo acto”, explicó la magistrada Porras Odriozola.
Cabe señalar que, casi al mismo tiempo, la jueza Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, dejó sin efecto una suspensión definitiva previamente concedida a Aureoles, abriendo la puerta a su posible detención por presuntos delitos de peculado.
Jueza quita protección a Aureoles; FGR ya puede detenerlo
La jueza Jovita Vargas Alarcón dejó este lunes 26 de mayo sin efecto la suspensión definitiva que protegía al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya puede ejecutar la orden de aprehensión en su contra por un presunto daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos.
A solicitud de la FGR, la jueza titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México retiró la medida cautelar al determinar que Aureoles incumplió las condiciones establecidas: no se presentó a la audiencia inicial en un plazo de cinco días ni pagó la garantía de un millón de pesos fijada como requisito.
"Se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025... no exhibió la garantía económica ni acreditó su comparecencia personal", indica el acuerdo judicial. Por ello, se notificó a las autoridades que la suspensión ha quedado sin efecto y la orden de aprehensión puede ejecutarse.
No obstante, la jueza aclaró que si Aureoles paga la garantía y comparece voluntariamente ante la jueza de control, la suspensión podría reactivarse. Mientras tanto, la orden de captura sigue vigente.
Cabe señalar que la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, giró un citatorio para que Aureoles comparezca el próximo 20 de agosto a la audiencia de imputación.
Sánchez fue quien el pasado 27 de febrero ordenó la aprehensión de Aureoles y siete de sus excolaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la FGR, entre 2016 y 2017 los implicados participaron en la contratación ilegal de servicios para el desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública, con un costo total de 3 mil 412 millones de pesos, en municipios como Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Los contratos fueron asignados de manera directa a la empresa Inmobiliaria DyF.
Jueza otorga suspensión definitiva a Aureoles
La jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lo que impide su detención por ahora, pese a que enfrenta acusaciones por corrupción y un presunto daño al erario público por más de 3 mil 400 millones de pesos.
La suspensión fue otorgada el 14 de mayo como parte del juicio de amparo promovido por el exmandatario y estará vigente mientras el recurso se resuelve de fondo. Sin embargo, la protección está condicionada a que Aureoles pague una garantía de un millón de pesos y comparezca voluntariamente el próximo 20 de agosto en el Reclusorio Oriente. De no hacerlo, la medida cautelar perderá vigencia y podrá ser detenido.
Horas antes, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará una denuncia penal en contra de la jueza Vargas Alarcón, acusándola de “proteger indebidamente” a Aureoles y de favorecerlo con decisiones supuestamente irregulares.
En un comunicado, la FGR afirmó que la jueza incurrió en una “actuación parcial y dilatoria” al permitir que el exgobernador no se presentara a una audiencia judicial y al fijar una nueva cita procesal para dentro de tres meses, lo cual —según la fiscalía— viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo máximo de 15 días.
FGR denunciará penalmente a jueza por presunta protección a Aureoles
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles 14 de mayo que presentará una denuncia penal contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por supuesta protección indebida al exgobernador de Michoacán, Silvano, imputado por delitos de corrupción.
Según la FGR, la jueza incurrió en diversas irregularidades al favorecer al exmandatario, quien enfrenta acusaciones por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. Entre los señalamientos está que, pese a haber ordenado la comparecencia personal de Aureoles el pasado 9 de mayo, la audiencia no se llevó a cabo porque el imputado no se presentó.
Cuatro días después, la jueza Vargas Alarcón informó que había dado por cumplida la comparecencia con base en un escrito supuestamente enviado por el exgobernador, el cual —según la fiscalía— no fue ratificado. En lugar de hacer valer la orden de aprehensión vigente, la jueza fijó una nueva audiencia dentro de tres meses, lo que la FGR calificó como una decisión "parcial y dilatoria" que contraviene el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta norma establece que dicho plazo no puede exceder los 15 días.
Para la Fiscalía, esta actuación constituye una protección "notoriamente parcial e injusta", por lo que además de la denuncia penal, se iniciará una queja procesal contra la jueza.
Hasta el momento, ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la jueza Vargas Alarcón han emitido comentarios públicos sobre las acusaciones de la FGR.
Aureoles deberá presentarse a declarar al Reclusorio
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue citado a comparecer en una audiencia judicial el próximo martes 20 de agosto de 2025, donde la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputarlo por varios delitos relacionados con presuntos actos de corrupción durante su administración.
La audiencia está programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, y será presidida por la jueza de control Patricia Sánchez Nava. La misma juzgadora fue quien previamente autorizó una orden de aprehensión en contra del exmandatario y varios de sus excolaboradores.
Sin embargo, esa orden se encuentra suspendida de manera provisional, gracias a una medida otorgada por la jueza Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal. Debido a esta suspensión, Aureoles no puede ser detenido ni presentado por la fuerza, por lo que ha sido citado formalmente a comparecer.
La FGR imputará a Aureoles los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y administración fraudulenta. Estos señalamientos se relacionan con un presunto quebranto al erario de 3 mil 412 millones de pesos.
La acusación principal gira en torno a la contratación irregular de varios cuarteles de seguridad pública durante su gobierno, que habrían sido adquiridos a sobreprecio o sin cumplir con los requisitos legales. Las obras se localizan en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Según la FGR, los contratos fueron otorgados directamente a la empresa Inmobiliaria DyF, que no era propietaria de los inmuebles al momento de ser adjudicada, y que habría recibido pagos inflados, sin contar con proyectos ejecutivos o justificación técnica. El presunto desvío de recursos habría afectado tanto al gobierno estatal como al federal.
Hasta el momento, Aureoles no ha emitido declaraciones públicas sobre el citatorio ni sobre las acusaciones en su contra. La audiencia del 20 de agosto marcará el inicio formal del proceso penal, en caso de que la FGR logre que se vincule a proceso.
Exgobernador evita detención por ahora: tribunal mantiene suspensión
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México dejó firme la suspensión provisional que impide ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción relacionados con la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en el estado.
Por unanimidad, los magistrados declararon improcedente e infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la medida cautelar dictada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal. La FGR no logró acreditar que el agente del Ministerio Público tuviera legitimación para impugnar la decisión.
Contra Aureoles pesa una orden de aprehensión por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la FGR, él y cuatro de sus excolaboradores habrían causado un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos por la compra a sobreprecio de siete cuarteles de seguridad en municipios como Huetamo, Apatzingán y Uruapan.
Aunque la suspensión impide que sea detenido, el exmandatario deberá presentarse voluntariamente ante la jueza de control del Reclusorio Oriente en un plazo de tres días hábiles, una vez cubierta la garantía de 52 mil pesos. Si incumple, la protección judicial será revocada.
El pasado 23 de abril, un juez federal otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lo que evita temporalmente su detención, mientras se resuelve si procede la suspensión definitiva.
Aureoles es señalado de desviar más de 3 mil 400 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán. En su contra pesa una orden de aprehensión por presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez que admitió la demanda de amparo impuso una garantía de 52 mil pesos, que Aureoles deberá pagar en un plazo de cinco días para que la suspensión surta efecto. La medida cautelar también impide que sea privado de su libertad, incluso si se le impone prisión preventiva justificada, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
El exgobernador se encuentra prófugo de la justicia y enfrenta una investigación por corrupción en su gestión al frente del estado.
FGR se compromete a detener a Silvano Aureoles
El pasado 11 de marzo, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reafirmó que el exgobernador de Michoacán se encuentra prófugo y aseguró que tarde o temprano será detenido para que enfrente las acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Así, el exmandatario estatal es buscado por la FGR para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
“El exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, señaló Gertz Manero en la conferencia mañanera de este martes 11 de marzo.
El fiscal detalló que las acusaciones contra Aureoles vienen de tiempo atrás y están relacionadas con la construcción de cárceles locales, en las que presuntamente se incurrió en el delito de peculado.
Indicó que cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles intentaron eludir su responsabilidad penal al buscar acogerse al criterio de oportunidad; no obstante, fueron arrestados y procesados.
Los implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa.
¿De qué se acusa a Silvano Aureoles?
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hoy es buscado por la Fiscalía General de la República, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento y asociación delictuosa.
Presuntamente, el perredista y su administración, perpetraron una malversación de recursos del erario público, en la construcción a sobreprecio, de siete cuarteles regionales para la entonces Policía Michoacán.
Las víctimas: 4.5 millones de michoacanos de todos los sectores sociales y económicos, azotados por la violencia, al ser un desfalco que impactó directamente en la operatividad de la Seguridad Pública.
Los policías, ya de por sí en muy malas condiciones laborales, equipamiento viejo y estancias en cuarteles, señalaron que las instalaciones eran de papel, de cartón e hicieron públicas las filtraciones de agua y la mala calidad de los materiales con los que fueron construidos.
Mientras el personal operativo se hundía en los malos tratos y malas condiciones laborales y, el estado era de los más violentos del país, Aureoles y sus colaboradores, se llenaban los bolsillos de dinero.
Esa es la razón por la que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo y siete funcionarios más de su administración.
El sábado 1 de marzo, ya fueron capturados cuatro de los funcionarios silvanistas, a manos de elementos de la Fiscalía General de la República, institución, que tiene abiertas por lo menos ocho carpetas de investigación más, en contra del exmandatario perredista e integrantes de su gabinete, por otros desfalcos financieros.
Los detenidos son: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSP.
A pesar de que se especula la captura del exmandatario perredista, eso ha sido falso. Silvano Aureoles Conejo, su otro exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y dos exfuncionarios más de los que no se han revelado sus identidades, siguen a salto de mata
"El señor de los cielos"
Como gobernador de Michoacán (2015-2021), Silvano Aureoles, fue muy cuestionado y señalado por sus excesos, excentricidades, malos manejos de los recursos públicos, así como por su explosivo carácter.
Aureoles Conejo, nacido el 23 de agosto de 1965, en el municipio de Carácuaro, se enfrentó, junto con una parte de su gabinete, a la crítica pública y política, cuando se reveló los miles de millones de pesos del erario público, que gastaba en la renta de helicópteros, para su uso personal, del de sus funcionarios, familia y “amigos”.
La cantante Belinda, fue una de las personas cercanas al mandatario michoacano, que se privilegió con el uso de helicópteros, incluso operativos, de la Secretaría de Seguridad Pública, como en la que viajó para estar en primera fila, en la recepción del Papa Francisco, en su visita a Michoacán, en el año 2016.
Aureoles, militante del Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación, también era amante de las aeronaves sigilosas y jets privados, que rentaba, a través de contratos fantasmas, con empresas dedicadas a ese giro.
El gobierno del también ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la misma institución académica, se vio manchado de sangre, cuando personal de la SSP irrumpió en la comunidad indígena de Arantepacua y asesinó a cuatro habitantes, entre ellos un menor de edad, un enfermero y dos carpinteros.
Esa operación policial, también dejó en esa localidad del municipio de Nahuatzen, 23 pobladores más, lesionados, de los cuales, 10 fueron torturados por los policías estatales del gobierno de Aureoles Conejo.
El también exdiputado federal y exsenador de la República, por el PRD, fue el gobernador de Michoacán que realizó más viajes al extranjero, con recursos públicos.
Empero, Aureoles Conejo, también tuvo señalamientos de desvíos de recursos como alcalde de Zitácuaro, en el periodo 2001-2003.
A pesar de ello, fue nombrado para formar parte de su gabinete, por el gobernador en turno, Lázaro Cárdenas Batel -también del PRD-, como secretario de Desarrollo Agropecuario (SEDRAGO), donde también fue observado por la Auditoría Superior de Michoacán.
Silvano Aureoles, amante de los caballos finos, de los relojes caros, de los trajes más finos, de lujosas propiedades y de la opulencia, fue el candidato de Alfredo Castillo Cervantes, El Virrey.
Castillo, Cervantes, para eso fue nombrado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como “Comisionado Federal Para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán”, cargo inconstitucional, con el que se apoderó del gobierno, de la política y las finanzas estatales, excentricidades que heredó a Aureoles y que hoy, lo tienen con los dedos sobre la pared.
La Cuarta Transformación, a la que encaró públicamente con encono y desafío sentado en un banco de plástico afuera de Palacio Nacional, le echaron a andar toda la maquinaria legal por corrupción y: “No hay cacería de brujas contra exfuncionarios; si no de justicia”, soltó el gobernador actual de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien encabeza la administración, que denunció al perredista y a sus colaboradores más cercanos y muchos de ellos, amigos personales.
Así fue la captura de los funcionarios ligados a Aureoles
El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura de J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Con su detención, ya suman cuatro los exfuncionarios aprehendidos en las últimas horas, mientras que el exmandatario continúa prófugo.
La Fiscalía General de la República detuvo a Bernal Bustamante alrededor de las 10:30 horas de este sábado, cuando circulaba por la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la localidad de Zimbrones, municipio de Zinacantepec, Estado de México.
A esta detención se suman las de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, capturado en Estados Unidos y entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la misma secretaría, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Por la tarde noche de este sábado, el medio N+ informó que la Fiscalía General de la República implementó un operativo de traslado, con ayuda de un vehículo Rino, de los 3 excolaboradores de Silvano Aureoles detenidos, quienes serán recluidos en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Silvano Aureoles está prófugo
Al ser consultadas, autoridades del gobierno estatal y federal confirmaron que Silvano Aureoles Conejo está prófugo de la justicia, pues cuenta con una orden de aprehensión en su contra.
Aunque ha trascendido la captura del exmandatario perredista en Zapopan, Jalisco, hasta el momento ninguna autoridad lo ha confirmado de manera abierta.
Los detenidos y los prófugos, incluido Aureoles Conejo, están acusados de peculado y otros delitos tanto del fuero federal como estatal.
¿Quién es Silvano Aureoles?
Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, ha sido ampliamente cuestionado por sus excesos, excentricidades y presuntos malos manejos de los recursos públicos, además de su temperamento explosivo.
Nacido el 23 de agosto de 1965 en Carácuaro, enfrentó fuertes críticas junto con su gabinete cuando se reveló que destinaba miles de millones de pesos del erario a la renta de helicópteros para su uso personal, el de sus funcionarios, familiares y allegados.
Militante del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación, Aureoles también era aficionado a las aeronaves sigilosas y jets privados, los cuales rentaba a través de contratos presuntamente irregulares con empresas del sector.
Su administración quedó marcada por hechos de violencia, como la incursión de la Secretaría de Seguridad Pública en la comunidad indígena de Arantepacua, donde cuatro habitantes —incluyendo un menor de edad, un enfermero y dos carpinteros— fueron asesinados. La operación también dejó 23 personas lesionadas, de las cuales 10 denunciaron haber sido torturadas por la policía estatal.
Durante su administración, Michoacán experimentó un incremento significativo en la violencia. En 2015, cuando asumió el cargo, se registraron 2,041 homicidios, cifra que aumentó a 3,327 en 2021, el año en que concluyó su mandato, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como exdiputado federal y exsenador por el PRD, Aureoles fue el gobernador de Michoacán que más viajes internacionales realizó con recursos públicos.
En 2024, Aureoles intentó postularse a la Presidencia de la República como parte de la oposición, pero no logró obtener el respaldo necesario para ser el candidato presidencial.
¿De qué lo acusan?
Durante su mandato, también fue señalado por presunta malversación en la construcción de 11 cuarteles regionales para la Policía Michoacán, de los cuales solo se concluyeron ocho, pero con graves deficiencias. Elementos de la corporación denunciaron que las instalaciones eran de mala calidad, con filtraciones de agua y materiales deficientes, a pesar de que la administración silvanista los reportó con un costo superior a los 5 mil millones de pesos.
Autoridades estatales y federales señalaron que estos hechos motivaron a un juez federal a emitir una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles y siete exfuncionarios de su gobierno.
Hasta el momento, cuatro de ellos han sido detenidos por la Fiscalía General de la República, que mantiene abiertas al menos ocho carpetas de investigación más en contra del exmandatario perredista y su gabinete.
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