Durante la actual administración de Layda Sansores en Campeche, cinco periódicos impresos han cerrado en el estado: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades. El cese de operaciones ocurre en medio de lo que periodistas locales califican como una política sistemática de presión, estigmatización y censura desde el poder.
“Fue atacando y atacando hasta que los desapareció a todos. Ya no existe ningún medio impreso aquí. Desde que llegó al gobierno comenzó a tildarnos de chayoteros, de incitadores al odio”, denunció Jorge González Valdez, periodista con más de 50 años de trayectoria y exdirector de Tribuna.
González Valdez fue vinculado a proceso este viernes 13 de junio por los presuntos delitos de incitación al odio y calumnia en contra de la gobernadora. Un juez le prohibió ejercer el periodismo por dos años, medida que el comunicador calificó de arbitraria y sin sustento legal.
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“No necesitas sustento lógico: a los dictadores les basta su palabra para que un funcionario acate la orden. No es solo contra mí, dañan a cualquiera que se atreva a criticar la política de la señora Sansores”, advirtió el periodista en entrevista telefónica con La Silla Rota.
"Un experimento que podría extenderse"
González alertó que lo que ocurre en Campeche podría replicarse en otras entidades como Puebla o Quintana Roo. “Parece un experimento para medir cómo reaccionan los periodistas y la sociedad. Si no nos organizamos, la libertad de prensa estará en grave riesgo”.
También lamentó el impacto económico del cierre de los periódicos: “Cada medio daba empleo a entre 15 y 20 personas. En un estado sin industria ni oportunidades laborales, esto es un golpe muy duro”.
El caso ha captado la atención de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y la Federación de Periodistas Latinoamericanos, que han manifestado su interés en documentar y acompañar el proceso legal como un posible caso de censura institucional.
Protesta en defensa de la libertad de prensa
En respaldo a González Valdez, periodistas independientes y ciudadanos realizaron este martes 17 de junio una manifestación pacífica en Campeche capital. Con mordazas en la boca, el periodista y sus colegas marcharon desde el parque de San Martín hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo el cese del acoso judicial contra la prensa.
“Esto ha sido abuso tras abuso, corrupción tras corrupción. Pero yo no me voy de Campeche. Aquí nací, aquí estudié y aquí quiero morir. Ojalá no sea por una bala enviada por Layda Sansores”, concluyó.
Periodista denuncia persecución de Sansores en Campeche
En una decisión catalogada como coacción a la libertad de expresión, la jueza local de Campeche, Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del portal Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores. El periodista acusó que es víctima de una persecución política por parte del gobierno estatal.
Durante una audiencia que se prolongó por más de 12 horas el pasado viernes 13 de junio, la jueza de control también ordenó el cierre del medio digital Tribuna y prohibió a González Valdez ejercer el periodismo durante los próximos dos años. La resolución se dio pese a que la defensa presentó documentos oficiales que acreditan que el periodista se jubiló en 2017 y no tiene funciones directivas en el portal.
Además, se vinculó a proceso a Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, empresa responsable de la publicación de Tribuna, lo que ha generado preocupación entre periodistas locales, quienes advierten que el caso "sienta un ominoso precedente para la prensa independiente en el estado".
Contexto: en Campeche, el delito de incitación al odio está tipificado en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda Forma de Discriminación, que complementa el Código Penal estatal. Según el artículo correspondiente, se sanciona a quien promueva o incite al odio, la violencia, la discriminación, la exclusión o la burla contra grupos o personas por motivos de identidad, creencias, origen, género, etc. Las penas por este delito alcanzan hasta los dos años de prisión.
Acusa Sansores libertad de agresión del medio
De acuerdo con medios locales, la gobernadora Sansores denunció que Tribuna promovía una “libertad de agresión” en su contra, mediante un supuesto ataque sistemático de contenido ofensivo y misógino. Por ello, se ordenó también a González Valdez el pago de una indemnización por daño moral de dos millones de pesos al director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab, así como el embargo de propiedades para garantizar la sanción.
El periodista, de 71 años, no fue sometido a prisión preventiva por su edad, pero denunció que el proceso judicial carece de imparcialidad y que los jueces actúan bajo consigna del gobierno estatal. “Están empeñados en callar a las voces críticas de Campeche”, afirmó.
Este caso se suma a un episodio reciente ocurrido el 9 de abril, cuando González Valdez fue detenido y retenido por 36 horas tras defender a un motociclista durante un altercado con policías estatales.
La defensa del periodista acusó a la gobernadora de usar recursos públicos para llevar el caso en su contra, pues aunque presentó la denuncia como ciudadana, utilizó abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.
González Valdez denuncia persecución política
El periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del portal Tribuna, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que es víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Layda Sansores por sus críticas al actual régimen.
“Desde que comenzó el gobierno de la señora Sansores, los campechanos hemos visto que la libertad de prensa y expresión están totalmente amenazadas”, expresó.
González Valdez, quien cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, negó ser el responsable editorial de Tribuna y reiteró que se jubiló en 2017. Aun así, fue vinculado a proceso, lo que considera un intento deliberado por silenciar a las voces independientes del estado.
“En el juicio le dije a la jueza: yo no soy el director, yo me jubilé en 2017, pero ellos están empeñados en dejar sin voces críticas a Campeche”, declaró.
El comunicador relató también que recibió un ultimátum en su domicilio para pagar los dos millones de pesos impuestos como indemnización por daño moral, con amenaza de embargo de su vivienda.
“Eso es una total violación al derecho. Seguiré luchando, pero en el procedimiento están involucradas autoridades que reciben línea directa de la gobernadora”, denunció.
Además, cuestionó la independencia del Poder Judicial local: “El procedimiento carece de imparcialidad. Algunos de los jueces involucrados están bajo el mando de personajes propuestos por el actual gobierno”, sostuvo. “¿En manos de quién estamos cuando reciben línea del poder en lugar de aplicar la ley de forma justa?”, planteó.
Aunque se retiró del periodismo en 2017, González Valdez continuó con un programa de radio semanal por “nostalgia de no dejar el periodismo”.
Gobierno de Campeche confirma disputa legal contra medios
Durante la transmisión del programa Martes del Jaguar del pasado 10 de junio, el consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Juan Pedro Alcudia, confirmó que el gobierno de Campeche mantiene una disputa legal contra lo que calificó como “algunos pseudo medios de comunicación”.
Alcudia aseguró que las denuncias presentadas no buscan censurar, sino defender el derecho al honor de las personas señaladas sin pruebas. “En Campeche no hay derechos fundamentales absolutos. Cuando los derechos entran en colisión, hay que ponderar cuál tiene mayor peso en función del interés público”, argumentó.
En su intervención, justificó que el delito de incitación al odio está previsto en la legislación estatal, ya que —según dijo— “hay narrativas en el ejercicio periodístico que dejan de informar para dedicarse únicamente a insultar y descalificar”.
“Uno lee este tipo de columnas y no tienen ni un sentido informativo. Todo es descalificación e insulto, y eso está prohibido por la ley”, afirmó.
Sin mencionarlos, el funcionario también adelantó que próximamente se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra el periodista Jorge Luis González Valdez, así como contra la empresa Organización Editorial del Sureste, responsable del medio digital Tribuna.
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Por su parte, la gobernadora Layda Sansores lamentó los ataques que, aseguró, han estado cargados de misoginia, y recordó que incluso se había reunido con algunos periodistas a finales del año pasado “en un ambiente cordial”.
JCVP