A nueve años de haber sido desplazadas por violencia en el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, 14 familias solicitaron este lunes 16 de junio una audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para exigir su reubicación en un lugar seguro y con condiciones dignas.
Aracely Cruz López, una de las personas afectadas, recordó que su padre, Guadalupe Cruz Hernández, fue asesinado el 26 de mayo de 2016 por un grupo de corte paramilitar, lo que forzó su salida y la de otras familias de la región Altos de Chiapas. Desde entonces, han vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Afuera del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, lamentaron que durante el sexenio del exgobernador Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami, no hayan recibido una solución definitiva ni apoyos suficientes para sobrevivir. Las familias fueron reubicadas de manera provisional en una zona de San Cristóbal de Las Casas, pero las viviendas improvisadas que ocupan se encuentran en mal estado. “Con los cambios de temperatura, la gente se enferma más”, señaló Cruz.
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“Estamos hacinados, lejos de nuestras tierras y de nuestra dignidad. Sólo queremos cerrar este ciclo de dolor que ya dura casi una década”, agregó la mujer, quien también perdió a su hermano menor en 2022, tras fallecer en el desierto de Arizona en su intento por llegar a Estados Unidos.
Hace tres meses, las familias solicitaron una audiencia con el actual mandatario estatal. Sin embargo, apenas la semana pasada recibieron respuesta: su petición aún sigue en trámite.
Cruz indicó que, aunque confían en la voluntad política del actual gobierno, ya no pueden seguir esperando. “Hoy acudimos al Palacio de Gobierno porque las necesidades son mayores. Ya han nacido más niños, hay al menos 80 menores, también han fallecido otras personas”, explicó.
Las familias descartaron regresar al ejido Puebla por la permanencia del grupo que las desplazó, pero confiaron en ser reubicadas en otro punto seguro, incluso dentro del mismo municipio de Chenalhó.
A pesar de las gestiones, acusaron que han recibido evasivas tanto de autoridades municipales anteriores como del actual edil. “Nos dicen que no hay lugar para nosotros en Chenalhó”, denunció.
De las 40 familias que originalmente fueron desplazadas, muchas han regresado a su comunidad a pesar del riesgo, mientras que otras —como las que se manifestaron este lunes— siguen esperando justicia, un espacio digno y la atención que el Estado les ha negado durante casi una década.
Documentan más de 15 mil desplazados por violencia criminal en Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó en marzo pasado que 15 mil 928 personas han sido desplazadas forzadamente en Chiapas a causa de la violencia generada por grupos criminales, principalmente en municipios fronterizos con Tabasco y Guatemala.
El informe, titulado “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal: Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia”, expone que los desplazamientos forzados tienen como origen disputas territoriales, control político y económico, y la expansión del crimen organizado en la región.
Basado en datos documentales y testimonios directos, el informe denuncia un proceso de despojo territorial y múltiples formas de violencia que obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
Municipios más afectados
Los municipios con mayores cifras de desplazamiento forzado son:
- Tila: 6,500 personas desplazadas, equivalente al 67% de su población según el censo de 2020; destacan los hechos del 10 de junio de 2024.
- Chicomuselo: 4,040 desplazados en al menos cuatro eventos entre 2023 y 2024.
- Frontera Comalapa: 3,500 personas desplazadas.
- Bella Vista: 650 personas.
- Chenalhó: 553 desplazados.
- Otros municipios suman 685 víctimas más, totalizando los casi 16 mil casos.
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En su documento, el Frayba señala que esta situación refleja la ineficacia y el negacionismo de las autoridades estatales y federales, tanto del gobierno anterior como del actual, al que acusa de recurrir a la "parafernalia mediática" sin tomar acciones de fondo.
JCVP