Juana Hilda González Lomelí salió libre la noche del 11 de junio del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Permaneció más de 19 años encarcelada por el caso Wallace.
Su excarcelación se produjo horas después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara un amparo definitivo. El alto tribunal determinó que la condena de 78 años se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y otras irregularidades procesales.
A las 23:00 horas, Juana Hilda abandonó el penal con ropa deportiva. Antes de salir, recibió la lectura de documentos oficiales por parte de un custodio. Afuera la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes la defendieron durante todo el proceso.
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“Estoy en shock, feliz y con mucha ilusión de ver a mi familia”, comentó brevemente tras su liberación.
Contexto: exbailarina del grupo Clímax, Juana Hilda era pareja de César Freyre, ex agente de la Policía Judicial de Morelos, señalado como líder del grupo que secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace, y quien ya fue sentenciado por ese caso. El 27 de octubre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal la condenó a 78 años y 9 meses de prisión, además del pago por la reparación del daño a los padres de la víctima y a su hija, quien en ese entonces era menor de edad.
Después de su liberación, Juana Hilda se trasladó a la Ciudad de México, donde tenía previsto reencontrarse con su familia.
Una larga lucha
El caso se remonta a diciembre de 2009, cuando un juzgado federal sentenció a 28 años de prisión a varias personas, incluida González Lomelí, por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005. La pena fue posteriormente aumentada hasta 78 años y 9 meses. En 2021, Juana Hilda presentó un amparo directo que fue atraído por la SCJN para su análisis.
La Primera Sala de la Suprema Corte otorgó por unanimidad el amparo directo 26/2022, ordenando a la autoridad penitenciaria la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda, quien estuvo privada de su libertad desde 2006.
La resolución, presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluye que durante el proceso penal se cometieron violaciones graves a derechos humanos, entre ellas la falta de un juicio justo, la utilización de pruebas ilícitas, la violación de la presunción de inocencia y la tortura.
La Corte determinó que las confesiones obtenidas durante su arraigo en febrero de 2006 no son válidas, ya que no se demostró que fueron libres de tortura. Esto llevó a invalidar otras pruebas derivadas, como los cateos realizados en su domicilio y en el de otra persona vinculada al caso.
Además, los testimonios proporcionados por familiares y amigos de la víctima no son suficientes para sostener una condena por secuestro, aunque sí señalan la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura.
En cuanto a la acusación de delincuencia organizada, la Corte concluyó que al no acreditarse la participación en el secuestro, tampoco se puede confirmar su pertenencia a dicho grupo. Respecto a la posesión de armas, no existen pruebas que acrediten que las armas aseguradas fueran suyas, dado que la detención ocurrió antes de los cateos.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma la centralidad de los derechos humanos en los procesos penales y la obligación del Estado de garantizar juicios imparciales y libres de pruebas obtenidas bajo coacción.
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