Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para procesar a Galeana Marín por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
Con esta resolución, la exmagistrada permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil No. 16, en Coatlán del Río, Morelos, al menos durante el desarrollo del proceso penal.
Te podría interesar
La FGR la acusa de una presunta omisión que habría derivado en la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. Dichos videos habrían captado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con normalistas a bordo.
Detienen a magistrada de Guerrero por presuntamente ocultar videos
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron la mañana de este 14 de mayo a Lambertina Galeana Marín, magistrada en retiro y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta participación en el ocultamiento de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La aprehensión se llevó a cabo en su domicilio, ubicado en la calle Prolongación José Mariano Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa Mata, en el centro de Chilpancingo. La orden judicial fue cumplimentada por agentes de la FGR, en su mayoría mujeres, frente a varios de los familiares de Galeana. Una ambulancia acompañó el operativo por precaución, debido a los padecimientos de diabetes e hipertensión que enfrenta la exfuncionaria.
Contexto: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural fueron atacados en Iguala, Guerrero, por policías municipales, estatales y presuntos miembros del crimen organizado. Desde entonces, sus familias han exigido justicia en un caso plagado de irregularidades, versiones manipuladas y omisiones del Estado. La llamada "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña Nieto, que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero, fue desacreditada por expertos independientes y organismos de derechos humanos.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer el caso y creó una comisión especial, el proceso se estancó tras la salida del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Las familias acusan al gobierno de proteger al Ejército, ocultar información y frenar órdenes de aprehensión contra militares involucrados. En 2023 rompieron públicamente con AMLO, acusándolo de traicionar su promesa de justicia. A una década de la desaparición, solo tres estudiantes han sido identificados.
¿De qué se acusa a la magistrada en retiro?
Tras la detención de Galeana Marín, familiares de la magistrada en retiro se abrazaron conmocionados. Según medios locales, una de sus hijas rompió en llanto al ver cómo era trasladada a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México. Galeana Marín enfrentará un proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la magistrada en retiro está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
El nombre de la magistrada figura desde 2022 en una causa penal presentada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que solicitó órdenes de aprehensión contra mandos del Ejército y otras autoridades presuntamente implicadas en la desaparición de los estudiantes.
El 19 de agosto de 2022, un juez federal giró 20 órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, dirigidas contra militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, así como contra exfuncionarios estatales y municipales.
Sin embargo, el 14 de septiembre, la FGR solicitó cancelar 16 de esas órdenes, lo que dejó sin efecto mandamientos clave que involucraban a mandos del Ejército. Durante los 26 días que las órdenes estuvieron vigentes, ningún militar fue detenido, y sólo permanecen en prisión cuatro de ellos, quienes coincidentemente se entregaron el mismo día en que fueron retiradas las órdenes contra sus compañeros.
Entre los señalados también figuraban el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; su esposa María de los Ángeles Pineda; el exprocurador Iñaky Blanco; el exsecretario de Seguridad Leonardo Vázquez; y cuatro funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, incluida su entonces presidenta.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Galeana Marín fue presidenta del Poder Judicial de Guerrero a partir de 2013, tras la salida de Jesús Martínez Garnelo. Dejó el cargo en noviembre de 2015 y desde entonces ha permanecido como magistrada en retiro, con salario equivalente al de una jueza en activo, beneficio contemplado en la anterior Ley Orgánica del Tribunal.
JCVP