Desde que Sisal, Yucatán, fue nombrado Pueblo Mágico en 2020, los precios de los terrenos se dispararon de 300 mil a más de un millón de pesos, despertando la ambición tanto de pobladores locales como de desarrolladores habitacionales.
Esta situación, al parecer, ha derivado en la ocupación ilegal de más de 37 mil metros cuadrados de zonas federales, causando severos daños al manglar y a la duna costera de este puerto turístico del municipio de Hunucmá.
La crisis socioambiental que enfrenta Sisal va más allá de la conservación: revela un problema habitacional de fondo. Con el 59% de las viviendas deshabitadas o de uso temporal —según estudios del Cinvestav—, alrededor de 300 pobladores, equivalentes al 15% de la población total, han ocupado terrenos federales, argumentando la falta de espacios accesibles para construir viviendas familiares ante la creciente gentrificación turística.
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El conflicto, que “estalló” en febrero de 2025 y continúa hasta mayo, involucra tres superficies federales de 10,400, 12,600 y 14,784 metros cuadrados, respectivamente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha confirmado que estos terrenos, al haber sido ganados al mar, forman parte del patrimonio nacional y requieren concesiones federales para cualquier tipo de aprovechamiento, condición que los ocupantes han ignorado de forma sistemática.
Una comunidad dividida
De acuerdo con pobladores que se oponen a esta laceración de Sisal, la ambición de unos cuantos daña la imagen de toda la comunidad. Mientras cerca de 20 empresas inmobiliarias han desarrollado proyectos costeros —algunos sin los permisos ambientales correspondientes—, las acciones emprendidas por habitantes locales han sido criminalizadas.
No obstante, los involucrados han señalado que la zona afectada no estaba compuesta exclusivamente por manglares, sino por vegetación mixta de duna costera, incluyendo palma plateada, guano de costa, algodoncillo y ejemplares dispersos de mangle botoncillo.
Ante este panorama, el Gobierno estatal se encuentra atrapado entre la presión federal para hacer cumplir la legislación ambiental y las legítimas demandas sociales de vivienda. En respuesta, anunció un programa de vivienda costera respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del dragado del puerto para reactivar la actividad pesquera y la instalación de mesas de diálogo que, hasta marzo de 2025, no habían logrado frenar las invasiones.
Por su parte, la alcaldesa de Hunucmá, Cristina Pérez Bojórquez, enfrenta acusaciones contradictorias. Algunos pobladores la señalan por presuntamente ofrecer lotes a quienes "limpien" terrenos; al mismo tiempo, participa activamente en las mesas de diálogo y se ha comprometido a identificar la reserva territorial en Sisal para implementar esquemas de vivienda popular, reconociendo así el problema habitacional.
El origen del conflicto en Sisal
Contexto: los antecedentes del conflicto se remontan a julio de 2021, cuando habitantes del puerto bloquearon el acceso a la comunidad y rechazaron el nombramiento turístico, denunciando la tala de manglares, la especulación inmobiliaria y el desplazamiento económico de negocios locales. Pese a estas protestas, desarrolladores inmobiliarios —principalmente extranjeros— continuaron adquiriendo extensas zonas costeras para construir proyectos de lujo.
Actualmente, la Semarnat mantiene tres procedimientos administrativos en curso, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ha colocado sellos de clausura que han sido violados reiteradamente. A pesar de los operativos federales y las mesas de diálogo, continúan las actividades de desmonte, quema de arbustos y lotificación no autorizada, lo que evidencia la magnitud de un conflicto que ha dividido a la comunidad.
Esta situación ha requerido presencia policíaca, generando enfrentamientos; ahora, para proteger al personal de Semarnat y Profepa, también acude la Guardia Nacional.
Y es que mientras algunas organizaciones ambientalistas denuncian la destrucción de ecosistemas clave para la protección costera, activistas sociales señalan la hipocresía de criminalizar a pobladores locales mientras empresas foráneas operan con relativa impunidad, complicando así la narrativa oficial sobre el desarrollo sustentable.
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La crisis ha tenido repercusiones en la imagen de Yucatán como destino turístico sustentable y ha puesto en entredicho el modelo de "Pueblos Mágicos" cuando no va acompañado de políticas inclusivas. Lo cierto es que hoy Sisal vive una de las tensiones más agudas entre desarrollo turístico, conservación ambiental y derechos comunitarios.