Morelia, Michoacán.– Hasta el momento, no existe un registro real, ni en municipios, ni en los estados, ni a nivel federal, sobre la cantidad aproximada de niñas y niños que han quedado en situación de orfandad debido a la guerra contra el narcotráfico o a otras formas de violencia.
Una revisión de distintas fuentes oficiales y abiertas, realizada por La Silla Rota, permitió corroborar que no hay un padrón específico sobre este grupo vulnerable: hijos e hijas de personas asesinadas por el crimen organizado, incluso de sicarias y sicarios.
Niños invisibles
Yolanda y Javier, profesores rurales y pareja joven de la región de Tierra Caliente, Michoacán, asumieron el cuidado de sus ahijados: dos niños de 1 y 2 años que quedaron huérfanos tras la violencia entre grupos criminales.
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Primero fue asesinado el padre, frente a su esposa y sus tres hijos. Después de ser torturado, recibió múltiples disparos y murió en el acto. Los atacantes se llevaron el cuerpo, y no se volvió a saber de él.
Meses después, también la madre de los niños fue asesinada a tiros frente a ellos. Antes de cumplirse un año, el mismo grupo armado ejecutó a los abuelos y a uno de los nietos.
Familiares denunciaron que, al igual que con el padre, los cuerpos de los adultos mayores y del niño de cinco años fueron desaparecidos por los sicarios.
Todas las personas cercanas a la familia fueron amenazadas y huyeron del poblado, excepto Yolanda y Javier, quienes decidieron hacerse cargo de los niños sobrevivientes.
Javier, que en ese entonces trabajaba como suplente en una escuela privada, perdió su empleo en 2020 por la pandemia de COVID-19.
Relata que, tras algunos meses, le ofrecieron trabajo en Lázaro Cárdenas y planeaba mudarse con su familia, pero al tratarse de un empleo en una empresa de limpieza, desistió por temor al virus.
“Veníamos huyendo de la guerra, de la violencia, de la enfermedad, de las amenazas y de todo lo que implica, como para venir a arriesgarlos con un virus del que ya se sabía que era mortal, entonces, me vi obligado a tomar esa decisión”, precisa.
Él y su esposa, únicos familiares de los menores, asumieron la responsabilidad total de su crianza. Javier comenzó a recolectar basura y latas de aluminio para venderlas y así obtener algo de dinero.
“Vi la oportunidad que había de que mucha gente compraba por la pandemia mucha comida enlatada e hice lo que pude para aprovecharlo, porque las escuelas y empresas estaban cerradas, lo cual me impedía encontrar algo estable”.
Simultáneamente, buscó algún programa de apoyo para niños huérfanos por violencia, pero no encontró ninguno.
Durante esa búsqueda descubrió, con sorpresa, que en el país ni siquiera existe un registro oficial de niñas y niños en esa condición.
Fue casi a mediados de 2021 cuando un colega les ofreció un reemplazo como docentes en un colegio católico. Aceptaron y lograron estabilizarse.
“Y mire que eso nos ayudó, porque pudimos sacar adelante a los niños y tener un salario muy modesto, pero constante. Después se levantó la contingencia sanitaria y regresamos a dar clases a una escuela rural. Pero todo, porque no hay un padrón y mucho menos un programa, que atienda a estos niños, que para la sociedad y las autoridades, son invisibles”, recrimina.
Huérfanos del feminicidio
A principios de 2025, el tema de “Las infancias olvidadas; las otras víctimas del feminicidio” llegó al Congreso federal.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez propuso reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La legisladora presentó una iniciativa para que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales elaboren registros de menores en situación de orfandad por feminicidio.
La reforma al artículo 47, fracción IX, de dicha ley, establece que, en casos de feminicidio, la FGR debe registrar a las infancias huérfanas.
La fracción XXIII del artículo 49 plantea que las entidades federativas deben crear un registro de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad por feminicidio. Esta información se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas de restitución de derechos.
El documento, turnado a la Comisión de Igualdad de Género, cita datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2024 se han registrado 4,817 feminicidios en México.
En 2022 se reportaron 968 casos, un incremento del 127% respecto a 2015. En 2023, según el Índice de Paz, uno de cada cuatro asesinatos de mujeres fue clasificado como feminicidio.
“Todos estos casos, traen consigo problemáticas que el Estado debe atender; en la presente iniciativa nos enfocamos en las infancias huérfanas, es decir aquellas niñas y niños que perdieron a sus madres a causa de la violencia feminicida, en un primer momento para saber quiénes y cuántos son y en un segundo momento para que sean debidamente atendidos por una política de bienestar a las infancias en el país”, indica el texto.
Una investigación de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, indica que en México hay 1,053 niñas y niños huérfanos por feminicidio.
“Pese a que existe desde agosto de 2021 un Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, encabezado por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, solo 41 menores de edad recibieron todos los subsidios y apoyos establecidos en dicho protocolo”, advierte.
Subraya que, a tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aún no se cuenta con datos específicos sobre cuántos y quiénes son los menores que pueden beneficiarse del protocolo.
Colaboración de todos
Para Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), el feminicidio es una realidad cotidiana en el estado, por lo que se requiere un esfuerzo colaborativo entre los tres niveles de gobierno.
También considera urgente multiplicar los esfuerzos para atender a todos los niños y niñas que han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres o padres.
La funcionaria explicó que desde 2022 han atendido a 95 menores cuyas vidas quedaron marcadas por la pérdida violenta de su madre.
Lo que comenzó como un programa piloto, hoy se ha convertido en una estrategia de protección: el Programa para Mejorar la Calidad de Vida de las Víctimas Indirectas de Feminicidio, enfocado en brindar atención multidisciplinaria a los núcleos cuidadores y a los menores.
Incluye apoyos económicos para cubrir desde los gastos funerarios hasta las necesidades de crianza, además de atención psicológica infantil.
También se atiende a los cuidadores en el área de psicología, para favorecer su integración y fortalecer el núcleo familiar.
Anguiano González destacó la colaboración interinstitucional con el DIF, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que brindan apoyo alimentario, atención médica y odontológica, útiles escolares, calzado y gestión educativa.
Núcleos cuidadores
En 2023 se modificó el programa para incluir a núcleos cuidadores y adolescentes huérfanos, quienes reciben los mismos apoyos y una beca mensual de 4,000 pesos hasta que alcancen la mayoría de edad.
El objetivo es mejorar su calidad de vida y contribuir a la reparación integral del daño.
“El acompañamiento integral e interinstitucional para que las niñas, niños y adolescentes y/o sus cuidadores accedan a los servicios y/o programas proporcionados por la Secretaría; así como, en el marco de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, la CEEAV, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, la Secretaría de Salud y el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán a fin de contribuir a los objetivos del Programa”.
Desde su inicio en 2022, el municipio con más casos atendidos ha sido Morelia: 15 en 2022, 19 en 2023 y 9 en 2024. Zitácuaro encabeza los registros en lo que va de 2025 con 2 casos.
En total, se han atendido 95 niñas y niños con un enfoque multidisciplinario.
Uno de los casos destacados es el de una niña de seis años cuya madre fue asesinada en la carretera Morelia–Atécuaro. En 2024 fue detenida una mujer como presunta responsable. Las audiencias siguen en curso y, según la abuela materna, cuidadora de la menor, el proceso ha favorecido la resiliencia emocional de la familia.
La madre tenía cuatro hijos; tres ya eran mayores de edad. La menor tenía entonces 4 años, ahora tiene 10. Al principio, en 2023, la familia no aceptó el apoyo, pero en 2024 accedieron al programa en su modalidad de Núcleos Cuidadores.
Actualmente, la niña cursa quinto grado de primaria con un promedio de 9.5 y se considera que tiene un excelente desarrollo cognitivo.
El entorno familiar está compuesto principalmente por sus abuelos maternos, con bajos recursos económicos. El abuelo trabaja como herrero y el ingreso se complementa con la beca del programa y el apoyo quincenal de una hermana adulta.
Gracias a este entorno amoroso y resiliente, la niña ha logrado resignificar el duelo, integrar la figura materna en su abuela y mantener una percepción positiva del recuerdo de su madre.
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El proceso de duelo se llevó con perspectiva de género y protocolos especializados, atendiendo su dolor sin revictimizarla.