Un tribunal de enjuiciamiento del estado de Oaxaca dictó una sentencia histórica de 300 años de prisión contra Hugo M.G., exsecretario municipal de Totontepec Villa de Morelos por su responsabilidad en la desaparición forzada agravada de cinco personas en enero de 2017 en la comunidad de San Francisco Jayacaxtepec.
El fallo se emitió tras una larga batalla legal encabezada por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, marcando un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada en México.
Contexto: la desaparición forzada agravada en México representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, caracterizada por la participación directa o indirecta de autoridades en la privación ilegal de la libertad, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a revelar el paradero de la persona desaparecida. Este delito se agrava cuando concurre con otras circunstancias, como la tortura, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial o cuando la víctima pertenece a grupos en situación de vulnerabilidad.
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Según datos de Impunidad Cero, entre 2019 y 2022 se registraron más de 2,400 carpetas de investigación por desaparición forzada en México, pero solo se emitieron 141 sentencias condenatorias. En algunos estados, como Aguascalientes, Chiapas y Guerrero, no se reportó ninguna sentencia durante ese periodo.
Crimen cometido por autoridades municipales
Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2017, cuando las víctimas, identificadas como L.A.A.F., A.A.A., F.F.V., H.M.M. y V.M., fueron detenidas ilegalmente por autoridades de San Francisco Jayacaxtepec. Entre los responsables se encontraba el ahora sentenciado Hugo M.G.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, las cinco víctimas, cuatro hombres y una mujer, fueron trasladados a la cárcel municipal, donde algunos fueron atados y uno de ellos fue quemado en el pie con gasolina. Esa misma noche, fueron sacados de la comandancia con los ojos vendados y subidos a una camioneta.
Sus cuerpos fueron localizados el 3 de abril de 2017 en una barranca de Santa María Yacochi, junto a un vehículo calcinado.
Versiones contradictorias y encubrimiento
En su momento, las autoridades municipales aseguraron haber liberado a los detenidos el mismo día de su aprehensión. Sin embargo, familiares de las víctimas nunca volvieron a saber de ellos y denunciaron su desaparición, sospechando desde el inicio que fueron ejecutados por órdenes de funcionarios locales. Este señalamiento fue respaldado por el hallazgo de los cuerpos y la evidencia presentada por la Vicefiscalía de Atención a Víctimas.
Un medio local documentó cómo, desde el primer momento, los familiares denunciaron inconsistencias y omisiones en el actuar de las autoridades. Afirmaban que la versión oficial era falsa y que se trataba de un caso de desaparición forzada con la complicidad de las autoridades.
Justicia, aunque tardía
Tras años de impunidad, la Fiscalía logró presentar pruebas sólidas que permitieron la condena de 300 años de prisión contra Hugo M.G., además de imponerle una multa y la obligación de reparación del daño por cada víctima.
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Este caso se suma a los escasos precedentes de castigo a funcionarios públicos por desaparición forzada en México, subrayando la necesidad de garantizar justicia, verdad y reparación en contextos donde las autoridades locales han sido parte del crimen.