En el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Juárez, representantes legales de víctimas del incendio del 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez apelaron la suspensión condicional de proceso penal que concedió el Juez de Control a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, acusado de ejercicio indebido del servicio público.
En la audiencia conocida como “aclaración de agravios”, en la que los intervinientes se presentaron ante el Tribunal Colegiado de Apelaciones del Décimo Séptimo Circuito del estado de Chihuahua, los representantes legales de las víctimas expusieron que, durante el proceso, se cometieron distintas irregularidades que afectaron el acceso a la justicia de las víctimas.
En primer lugar, mencionaron que, antes de que tomaran protesta como representantes legales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no habían asesorado de manera adecuada a las víctimas.
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Además, refirieron que la suspensión del proceso era un recurso ilegal, ya que, hasta este momento, están en resolución siete juicios de amparo relacionados con la causa penal, por lo que no debería permitirse este recurso.
Agregaron que, en la reparación del daño, no se escuchó plenamente a las víctimas y que se ignoraron dictámenes presentados por la defensa.
Contexto: incendio deja 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez
Eran las 21:00 de la noche del 27 de marzo de 2023, en Ciudad Juárez, Chihuahua, todo era tranquilidad hasta que un incendio comenzó en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).
El fuego comenzó en el área de hombres y, por ello mujeres y niños se pudieron salvar, sin embargo aquellos que no corrieron con suerte murieron intoxicados por inhalar el humo.
Los cuerpos de aquellos que fallecieron se colocaron en el estacionamiento de la sede del INM, cubiertos con colchas térmicas de aluminio, de donde fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense.
El INM reportó de manera oficial solo 39 fallecidos, luego el gobierno ajustó la cifra a 40, de los cuales 37 murieron en la estación migratoria y 3 mientras recibían atención médica. Por otro lado, resultaron heridos 29. Los migrantes eran originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela.
Los 29 migrantes rescatados con vida fueron trasladados con lesiones o intoxicados a cuatro instituciones de salud en la ciudad, entre ellas al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Cruz Roja, el Hospital General y al Hospital de la Familia, éste último localizado a unas cuadras de las oficinas del INM.
Pago debió haber salido de los bolsillos de Garduño
Las familias mencionaron que la reparación del daño también es insuficiente, ya que la que se pagó con la suspensión condicional surge a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no del reconocimiento de los hechos.
También señalaron que el Código Nacional de Procedimientos Penales no permite que un funcionario público utilice recursos del estado para reparar el daño, al menos no como parte de una solución alterna.
Aseveraron que, si ese fuera el caso, el pago debió haber salido de los bolsillos de Garduño.
Por último, pidieron que los magistrados consideren imponer la medida cautelar de suspensión del ejercicio público, debido a que, al aceptar la suspensión condicional de proceso, el delegado del INM había aceptado implícitamente la suspensión condicional de responsabilidad en los hechos, por lo que podría ser retirado de su cargo público.
En su respuesta, la defensa expuso que la parte ofendida no presentó las pruebas en el momento adecuado y que en esta parte del proceso no se podía añadir nueva información.
Respecto a la inhabilitación del cargo, aseguraron que ya había sido juzgado en su momento y que el Juez de Control ya había determinado no imponer dicha pena.
Sobre el pago a las víctimas, los abogados puntualizaron en que: “no importa quién haya pagado, de dónde salió el dinero, lo importante es que se haya indemnizado a las víctimas”.
Pese a las manifestaciones, el magistrado presidente informó que serían desechadas, debido a que en esta audiencia solo se aclararían los agravios.
Con la audiencia terminada, las partes aseguraron que el Tribunal tenía tres días para emitir una resolución.
Me preocupa la justicia para las víctimas: Garduño
Al salir de la audiencia y ser recogido por una camioneta de la marca RAM, color blanca, sin placa trasera, el delegado habló con medios de comunicación y aseguró que su principal preocupación es “la justicia para las víctimas”.
Aseguró que está en preparación la disculpa pública que realizará el próximo 16 de abril. Sin embargo, hasta este momento no se ha informado nada a las víctimas.
Aseguró que ya se ha pagado a todas las familias de las víctimas fatales, así como a los sobrevivientes, incluidos dos hombres que se encuentran recluidos, acusados de ser los causantes del incendio del 27 de marzo.
Señaló que está cumpliendo con las medidas interpuestas por el Juez de Control, que consisten en presentarse mensualmente ante el Juez de Control.
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Al ser cuestionado sobre su potencial sucesor en el INM, Sergio Salomón Céspedes, se limitó a contestar que desconocía del tema.