El Congreso de Michoacán aprobó iniciar un juicio político contra Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, tras actos públicos en los que su administración presuntamente expresó afinidad y agradecimiento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Este hecho desató una fuerte controversia en el estado, generando una investigación en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
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La decisión se tomó en sesión extraordinaria con 22 votos a favor, uno en contra y 17 ausencias, luego de revisar una denuncia presentada por un ciudadano anónimo.
Las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales analizaron el caso y lo clasificaron como reservado antes de pasarlo al pleno para su votación.
¿Cuál es la relación de la alcaldesa con el CJNG?
La denuncia contra Ávila Castrejón se centra en un incidente ocurrido en diciembre de 2024, cuando su gobierno presuntamente agradeció públicamente al CJNG por la entrega de juguetes para los niños del municipio durante las fiestas decembrinas.
La presidenta municipal también fue vinculada con otro evento el 10 de diciembre, cuando el gobierno local organizó un desfile y una pelea de gallos en honor al 193 aniversario de la elevación de Coalcomán como municipio. En este evento, se escucharon corridos dedicados al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".
¿Qué sigue para Anavel Ávila Castrejón?
El juicio político contra Ávila Castrejón se basa en el artículo 108 de la Constitución de Michoacán, que establece la posibilidad de iniciar un juicio contra servidores públicos cuyas acciones perjudiquen gravemente el interés público.
La Comisión Jurisdiccional del Congreso será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder con la sanción, que podría incluir la destitución e inhabilitación de la alcaldesa.
Además de la acusación a nivel estatal, el caso ha sido atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República, que investiga a la alcaldesa, regidores y funcionarios locales por el delito de asociación delictuosa.
Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, ha expresado la postura de la administración estatal, pidiendo que la presidenta municipal se separe del cargo para enfrentar las investigaciones junto con los demás involucrados.
El Congreso de Michoacán seguirá evaluando las pruebas presentadas en el juicio político y ha establecido un plazo de siete días naturales para que la alcaldesa comparezca o presente sus pruebas ante la Comisión Jurisdiccional.