Aunque no se ha logrado establecer la relación de las autoridades locales con el llamado “rancho del terror” de Teuchitlán, Jalisco, la policía del municipio de Tala ha sido vinculada con este caso, con uno de sus elementos detenidos.
Desde el 18 de septiembre, cuando se realizó el primer aseguramiento de la finca ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el elemento “Emmanuel A.”, quien presuntamente trabajaba para dicha organización criminal.
Cabe recordar que, aunque las autoridades estatales y federales habían asegurado el rancho desde septiembre, no fue sino hasta marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores entró al terreno, que se supo que en el lugar había restos humanos, crematorios clandestinos y cientos de objetos personales presuntamente pertenecientes a víctimas de este centro de avistamiento forzado.
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Contexto: detención de policía por caso Teuchitlán en septiembre
Según las investigaciones, el acusado está relacionado con la desaparición de un hombre, quien fue liberado con vida en el municipio de Teuchitlán el 18 de septiembre. En ese mismo suceso, otro hombre fue rescatado, se arrestaron a 10 personas y se encontró un cuerpo sin vida.
Cuando se conoció lo sucedido, el agente del Ministerio Público recopiló pruebas sólidas que apuntaban a la posible participación de Emmanuel A., por lo que solicitó una orden de arresto en su contra.
Los agentes lo detuvieron y lo presentaron ante el Juez de Control y Oralidad, quien, tras revisar las pruebas, le inició un proceso penal por el delito de desaparición forzada. Además, el juez le impuso una prisión preventiva de seis meses, tal como lo pidió el Ministerio Público.
Durante la conferencia de este miércoles, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero señaló que la Fiscalía de Jalisco cometió varias omisiones en el aseguramiento del rancho de Teuchitlán. Además, no se estableció la vinculación de las autoridades locales con cárteles de la delincuencia, pero sí se refirió directamente al caso de la policía de Tala.
“No se han establecido, con toda precisión, los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon; y, en un caso, elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera, y uno de ellos ya se encuentra detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales, que no fueron integradas a la investigación de este caso”, señaló el fiscal.
De esta manera, hasta el momento, la policía de Tala es la única autoridad que ha sido relacionada directamente con este caso, que ha cimbrado al país y que incluso ha tenido impacto a nivel internacional.
FGR acusa omisiones de la Fiscalía de Jalisco
En una conferencia de prensa, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, acusó a las autoridades de Jalisco de irregularidades y omisiones en la investigación sobre el hallazgo de un rancho con fosas, presuntamente utilizado por el crimen organizado, donde se encontraron restos humanos. Gertz señaló que el dictamen de la Fiscalía del Estado no garantiza la credibilidad de los restos óseos encontrados, ya que solo se hallaron fragmentos de osamenta.
El fiscal también mencionó que diez personas, incluidos sicarios, ya fueron detenidas en diferentes partes del país por este caso. Sin embargo, descartó la calificación del rancho como un "campo de exterminio" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque reconoció que existen indicios suficientes para investigar delitos federales relacionados.
Gertz denunció diversas omisiones y fallos en el manejo del caso por parte de la Fiscalía de Jalisco, incluyendo el mal registro de evidencias como ropa y calzado, y la falta de inspección exhaustiva del lugar. También acusó que no se procesaron correctamente los vehículos encontrados y que no se pidió la intervención inmediata de la FGR en los casos relacionados con delincuencia organizada.
Además, señaló que no se ha realizado una identificación definitiva de los restos humanos ni se ha establecido con certeza si hay vínculos de las autoridades locales con los grupos criminales.
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El fiscal también criticó que el inmueble no recibió protección adecuada después de las diligencias y que no se identificó de inmediato su propiedad. Como resultado de estos hechos, el gobierno federal anunció que fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda con nuevas tecnologías para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en el país, que ya supera los 120,000 casos.