El Congreso de Baja California autorizó al gobierno de Tijuana la firma de un contrato para triplicar el número de cámaras de vigilancia, con un costo superior a los 3 mil millones de pesos, a pagar en 15 años, con el objetivo de combatir la inseguridad ante la escasez de policías.
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Según la exposición de motivos presentada inicialmente en Cabildo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) no solo enfrenta un déficit de efectivos (con 2,400 uniformados cuando deberían ser más de 6 mil), sino también una falta de herramientas tecnológicas.
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La ciudad cuenta actualmente con una red de cámaras compuesta por 2,122 equipos que vigilan 502 puntos, pero presenta la incidencia delictiva más alta del estado, a pesar de tener una población cercana a los 2 millones de habitantes.
“Al igual que muchas instancias de seguridad e impartición de justicia, (la SSPCM) se ha visto rebasada por el intenso crecimiento poblacional de los últimos años”, justificó el gobierno municipal.
Las cámaras fueron aprobadas por unanimidad
De este modo, tanto los regidores como el Legislativo aprobaron el proyecto por unanimidad, aunque la diputada Daylin García Ruvalcaba expresó que aún desconocen los resultados de las cámaras operativas.
“Ni siquiera podemos saber qué se está resolviendo con esto que ya se había contratado antes”, declaró la representante de Movimiento Ciudadano (MC), antes de la votación en el pleno.
Entre 2020 y 2024, el Ayuntamiento de Tijuana pagó un millón y medio de pesos mensuales por el mantenimiento de 222 cámaras a la empresa Servicios Logísticos Keiser S.A. de C.V.
Según contratos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la ciudad pagó 15.5 millones en 2020, 13.5 millones en 2021, 18 millones en 2023 y 22.5 millones de pesos en 2022, cuando la Secretaría de Seguridad solicitó, además, la reubicación de hasta 150 puntos.
Todos los contratos fueron adjudicados de manera directa.
Las nuevas y las otras cámaras
El gobierno municipal asegura que con las 4,244 cámaras adicionales, que se sumarán a las 2,122 existentes, se cubrirá la zona este, la más poblada y con mayor rezago en servicios, ampliando los puntos de vigilancia de 502 a mil 506.
El pago de 3,276 millones de pesos, más 451,807 pesos, durante los próximos 15 años, contempla la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de más de 6 mil cámaras y su infraestructura.
Sin embargo, no se trata de la única videovigilancia en Tijuana, ya que hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California retiró 86 cámaras en las zonas norte y centro de la ciudad.
“La intención es ir sobre cámaras que se encuentren en lugares públicos. Principalmente en postes de luz, postes de teléfono, en los árboles. En lugares donde el único control es del estado”, explicó el secretario Laureano Carrillo Rodríguez.