Habitantes del Fraccionamiento Las Fincas, en Jiutepec, denunciaron que el abogado Hipólito Cajigal, hijo del magistrado en retiro Andrés Hipólito Prieto, ha recurrido a la violencia, amenazas e intimidación contra la jueza Sandra Gaeta Miranda para impedir la intervención del juzgado en la protección de los derechos de los condóminos y frenar la elección de la nueva mesa directiva. Este proceso se llevará a cabo por primera vez bajo supervisión judicial.
La denuncia fue presentada en conferencia de prensa por Galvarino Sepúlveda y María Elena Solorio, en representación de más del 50% de los habitantes del fraccionamiento.
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Años de disputa en el fraccionamiento
Los vecinos detallaron que, tras diez años de conflicto por el control de la mesa directiva de la administración, lograron la intervención del Juez Mixto en Materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, quien ordenó que la elección se realice el próximo 27 de abril.
“Este es un hecho histórico. Por primera vez, una autoridad judicial interviene en un conflicto vecinal para garantizar el derecho de los colonos a una vida digna, en especial el de los adultos mayores, que representan aproximadamente el 70 % de los propietarios”, destacó Galvarino Sepúlveda.
Añadió que con esta elección “se pondrá fin a años de abusos, fraudes y violencia ejercidos por un grupo que, de manera irregular, mantuvo secuestrada la mesa directiva”.
La convocatoria para la conformación de planillas se emitió el 16 de febrero y cerrará el 30 de marzo.
Sin embargo, alcanzar este punto no fue sencillo. Los colonos explicaron que han enfrentado una larga batalla legal con múltiples demandas y contrademandas, además de agresiones físicas, verbales y psicológicas, incluyendo difamaciones contra quienes defienden la legalidad en el fraccionamiento, muchas de ellas dirigidas a personas de la tercera edad.
Los denunciantes señalaron que el principal problema en este proceso es la ausencia de una Procuraduría Social en Morelos para atender conflictos entre condóminos, como ocurre en Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
Ataques contra la jueza
Los vecinos recalcaron que la jueza Sandra Gaeta Miranda ha actuado con estricto apego a la ley.
“Nos atrevemos a decir que es incorruptible, a diferencia de jueces anteriores sobre quienes existen sospechas de haber recibido sobornos”, afirmó Galvarino Sepúlveda.
Agregó que, durante todo el proceso, la jueza ha velado por los derechos humanos de los condóminos.
“No obstante, debido a su integridad, ha sido blanco de violencia e intimidación por parte de Hipólito Cajigal, quien en repetidas ocasiones la ha insultado y calificado de ‘incompetente’ por no ceder a sus presiones”.
Añadió que el abogado también ha intentado intimidarla con amenazas de denuncias falsas por corrupción, todas ellas documentadas en los expedientes judiciales.
Visos de violencia de género
María Elena Solorio advirtió que la violencia ejercida no solo ha sido dirigida contra la jueza, sino también contra la interventora Rosa María Herrera Espinosa y la actuaria Danely Cristel Pazos Cortés.
“Esta situación constituye violencia de género, ya que mientras Hipólito Cajigal fue beneficiado por jueces hombres, nunca se atrevió a atacarlos”, denunció.
Señaló que la agresión ha ido en aumento y que el pasado viernes el grupo asesorado por Cajigal realizó una protesta en la que exhibieron datos personales y fotografías de la jueza, la interventora y la actuaria.
Evidencia documentada en expedientes judiciales
Demetria Hernández Albarrán, abogada especializada en derecho civil y asesora de los colonos, presentó documentos que evidencian las agresiones. Entre ellos destacan:
- Incumplimiento de normas legales:
En el escrito número 296, se instó a los litigantes a cumplir con el numeral 211 del Código Procesal Civil de Morelos, con la advertencia de sanciones en caso de incumplimiento. La medida busca reforzar la ética profesional en el ámbito jurídico y evitar prácticas que atenten contra la dignidad del proceso.
- Impugnación de la competencia de la jueza:
En el escrito 10359 (foja 429, tomo I), el abogado Andrés H. N. y otros litigantes cuestionaron la capacidad de la jueza, argumentando que actuaba con temor y falta de determinación.
“Solicitan que se excuse por no tener la capacidad y vigor necesarios para hacer cumplir la ley, pues parece más preocupada por su desempeño que por impartir justicia”, señala el documento, calificando al juzgado como una “autoridad de papel”.
- Presión a una fedataria pública:
El 25 de enero de 2025, la licenciada Danely N., fedataria pública, documentó en acta circunstanciada un intento de intimidación por parte de Hipólito Cajigal, quien la presionó para colaborar con él bajo la amenaza de denunciarla ante la Fiscalía Anticorrupción.
Tráfico de influencias
Los habitantes del Fraccionamiento Las Fincas denunciaron que Hipólito Cajigal ha utilizado la influencia de su padre, quien, a pesar de estar retirado, mantiene relaciones dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Según los colonos, Cajigal presume de esta protección y la usa como herramienta para amenazar a servidores públicos con quejas o procesos legales, lo que le ha permitido acceder a información privilegiada y maniobrar en favor de sus defendidos.
Actualmente, mediante amenazas y tráfico de influencias, intenta invalidar la intervención de la autoridad judicial y frenar la elección.
Vecinos lanzan S.O.S
Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia para frenar la corrupción y el tráfico de influencias que Hipólito Cajigal presume y utiliza, exigiendo una investigación al respecto.
También pidieron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) que garantice la legalidad del proceso y prevenga la violencia que Cajigal ha amenazado con desatar.
Asimismo, solicitaron al presidente municipal de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, que garanticen la seguridad el día de la elección, programada para el 27 de abril a las 8:00 a.m.
Finalmente, destacaron que la intervención de una autoridad judicial en este caso sienta un precedente para otros fraccionamientos que puedan estar siendo víctimas de abusos. Subrayaron que esta es una herramienta legal que permitirá resolver conflictos internos de manera justa y legítima.