Con 16 votos a favor, el Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado. La decisión se tomó en sesión ordinaria, luego de que la gobernadora Margarita González Saravia enviara un oficio solicitando su separación definitiva del cargo. En su lugar fue designado Edgar Antonio Maldonado Ceballos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
El documento, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Jazmín Solano López, fue remitido por Héctor Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura. La petición se fundamenta en la Constitución de Morelos, la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y el Reglamento Interior de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.
Te podría interesar
Durante la sesión, el diputado Isaac Pimentel solicitó una modificación en el orden del día para incluir el tema. Tras un receso de cuatro horas, el Congreso retomó la discusión y procedió a la votación, con un resultado de 16 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Los legisladores argumentaron que Carmona Gándara enfrenta un proceso judicial relacionado con el feminicidio de Ariadna "N", ocurrido en 2022. Se le señala por presuntamente haber dilatado y ocultado información clave en la investigación.
Al concluir la votación, Solano López instruyó que la resolución fuera enviada a la gobernadora para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y en los canales oficiales del Congreso.
Cabe mencionar que la remoción se dio poco después de que Carmona Gándara informara sobre una solicitud de juicio de procedencia contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, derivada de una investigación en curso.
El nombramiento de Edgar Maldonado como Fiscal General del Estado de Morelos quedó formalizado con la publicación del Decreto número 30 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6399. Con este respaldo legal, se prevé que asuma el control de las instalaciones de la FGE hoy a las 22:30 horas.
Sheinbaum celebra destitución
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Congreso de Morelos de aprobar el desafuero del fiscal estatal, al considerar que su gestión estuvo marcada por irregularidades y falta de resultados en materia de seguridad. Señaló que el funcionario buscó evitar la votación de su remoción y acusó al Congreso anterior de haberlo protegido durante su mandato.
"Finalmente fue desaforado. Aún tiene otros amparos, pero su gestión estuvo marcada por un largo periodo de inseguridad. En varios casos de violencia contra mujeres, se determinó erróneamente que fueron suicidios. Su actuación dejó pocos resultados. Ayer, el Congreso de Morelos aprobó su remoción, la gobernadora Margarita González envió su terna y ahora el estado tiene un nuevo fiscal", expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
“No hay razones legales para removerme”, asegura Carmona
En entrevista con La Silla Rota, el ahora exfiscal afirmó que no ha sido notificado oficialmente sobre su destitución:
"Es lo que me estoy enterando, también de manera extraoficial, pero a mí no me han notificado ningún procedimiento de destitución. En un procedimiento de esa naturaleza, yo tendría derecho a defenderme y a la garantía de audiencia. Hasta este momento, no he sido procesado por el órgano interno de control de la Fiscalía del Estado, ni siquiera tengo una demanda o denuncia en esa entidad. Por lo tanto, al margen de lo político, en la parte jurídica no hay razones legales para removerme."
Sobre la decisión del Congreso, señaló:
"Creo que es una consecuencia política de la solicitud de juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco. Somos una fiscalía que ha incomodado en el plano político, y esto podría tratarse de una venganza. Soy un fiscal incómodo, la historia se cuenta sola."
Designan a nuevo fiscal el Morelos
Edgar Antonio Maldonado Ceballos fue designado fiscal general del estado de Morelos (FGE) tras la remoción de Uriel Carmona Gándara como titular de la dependencia.
El nombramiento se llevó a cabo en sesión ordinaria, luego de que el Congreso retomara actividades tras su segundo receso del día. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, propuso una terna integrada por Leonel Díaz Rogelio, Fernando BlumenKron y Edgar Antonio Maldonado Ceballos.
Con 20 votos a favor, las y los legisladores de la LV Legislatura eligieron a Maldonado Ceballos, quien hasta ese momento se desempeñaba como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Morelos.
Dado que se encontraba en el Congreso, una comisión de diputados lo acompañó al Pleno para tomarle protesta en el cargo.
Este nombramiento ocurre en un contexto de controversia, en medio de una solicitud de juicio de procedencia contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, derivada de una investigación por abuso sexual en contra de Fabiola "N", media hermana del exfutbolista y exgobernador de Morelos.
Fiscal había pedido desafuero de Cuauhtémoc Blanco
El Gobierno de Morelos solicitó al Congreso local la destitución del fiscal Uriel Carmona, el mismo día que éste solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
"El Ministerio Público de Morelos ya dio inicio a la solicitud del juicio de procedencia, es decir, de desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esto deriva de una denuncia presentada por la víctima de iniciales MFBF, quien jurídicamente ha sido corroborada como media hermana del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Ella lo acusa de un ataque sexual tipificado como violación en grado de tentativa, presuntamente ocurrido en diciembre de 2023 en la residencia oficial del entonces gobernador", explicó Carmona Gándara.
El fiscal señaló que la denuncia ha sido analizada con rigor jurídico y que la carpeta de investigación incluye pruebas presentadas por los abogados de la víctima, así como evidencia recopilada por la Fiscalía. "La sociedad tiene derecho a conocer el caso, ya que había antecedentes en medios de comunicación e, incluso, la propia víctima narró públicamente los hechos", indicó.
En entrevista vía telefónica, Carmona Gándara precisó que el fuero constitucional protege a los legisladores federales de ser procesados penalmente mientras ejercen su cargo. "La protección del fuero sirve precisamente para evitar una persecución política en contra de un servidor público, como lo es un diputado federal. Sin embargo, si se trata de un delito que verdaderamente pudo haberse cometido, el Congreso de la Unión vota para retirar esa protección y permitir que las autoridades procedan ante un juez penal", detalló.
Proceso legislativo y tiempos
Sobre la ruta que seguirá el caso, el fiscal explicó que la solicitud de desafuero fue presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, instancia que la turnó a la Comisión Jurisdiccional y a la Sección Instructora.
"Este grupo de diputados sustancia el procedimiento, otorgando audiencia y derecho a la defensa al diputado y exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien podrá alegar y presentar pruebas a su favor. Posteriormente, la votación se realiza en el pleno de la Cámara, donde teóricamente participan 500 diputados. Para aprobar el desafuero, se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes", explicó Carmona Gándara.
De acuerdo con los tiempos legislativos, el proceso podría resolverse en semanas, aunque no hay un plazo obligatorio para su conclusión. En caso de aprobarse el desafuero, la Fiscalía de Morelos podrá judicializar el caso y presentar la acusación formal ante un juez penal estatal.
Implicaciones legales
Carmona Gándara evitó precisar cuál sería la pena que enfrentaría el exgobernador en caso de ser procesado y hallado culpable, pero enfatizó que el delito es considerado grave. "No quisiera hablar de eso de manera expresa porque mediáticamente sería muy fuerte. Se trata de un delito grave que podría implicar prisión preventiva, pero este no es el momento de precisar la sanción. Solo puedo decir que las penas son considerables", mencionó.
Asimismo, aclaró que si la Cámara de Diputados no avanza con el procedimiento, la investigación no se cerrará, sino que quedará suspendida hasta que Cuauhtémoc Blanco concluya su periodo como legislador. "En ese caso, la facultad de continuar con la investigación se suspende hasta que el servidor público termine su encargo. Una vez concluido su periodo como diputado, se podrá proceder. Esto sucede con muchos servidores públicos protegidos por el fuero temporalmente mientras ejercen un cargo", explicó.
Posibles represalias y contexto político
El fiscal general advirtió sobre la posibilidad de que la solicitud de desafuero genere consecuencias políticas contra la Fiscalía y su equipo. "Esperamos que no haya una consecuencia política en contra de la institución del Ministerio Público en Morelos por actuar apegados a derecho, respetando el principio de presunción de inocencia y las garantías de la persona acusada", expresó.
Además, recordó que la Fiscalía de Morelos ha enfrentado presiones en el pasado. "Tú sabes que hemos sido señalados y perseguidos. No solo yo, que incluso fui detenido, sino también el personal de la Fiscalía ha sido objeto de represalias. Esperamos que este caso no genere un rebote político", comentó.
Por otro lado, enfatizó que la autonomía de la Fiscalía de Morelos permite que los procedimientos se lleven a cabo sin injerencias políticas o económicas. "En la Fiscalía de Morelos tenemos prácticamente 10 carpetas en las que víctimas han solicitado juicios de procedencia en su contra. No hemos actuado antes porque debemos estar completamente seguros de que existen los elementos legales para proceder. En este caso, las pruebas son contundentes y la víctima ha exigido públicamente que se actúe", señaló.
Siguientes pasos
Carmona Gándara destacó que, de aprobarse el desafuero en la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Morelos procederá a judicializar el caso en tribunales estatales. "La ruta es la vía judicial en Morelos. Si el desafuero procede en la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Morelos podrá judicializar el caso ante los jueces penales estatales", afirmó.
Finalmente, reiteró que la Fiscalía actúa conforme a derecho y que la decisión final sobre el desafuero está en manos del Poder Legislativo. "Nuestra labor es hacer lo que nos obligan las leyes. La víctima y sus abogados han presentado pruebas para acreditarlo, y la Fiscalía ha integrado información relevante en la carpeta de investigación. Si el caso avanza y se formula la imputación, entonces se dará a conocer la penalidad que se solicitaría en contra de Cuauhtémoc Blanco", concluyó.