La secretaria general de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, reveló en conferencia de prensa que la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) presuntamente ha incurrido en múltiples irregularidades, lo que derivó en una serie de denuncias y un proceso legal en su contra.
Torres Gómez explicó que la mala calidad del servicio, el tandeo del suministro, cobros indebidos y deficiencias en el drenaje sanitario generaron un amplio malestar social, que quedó evidenciado en una consulta popular donde la mayoría de la ciudadanía votó por la revocación de la concesión.
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Desde el inicio de la actual administración, encabezada por Mara Lezama, el gobierno estatal ha realizado auditorías y análisis técnicos, financieros y ambientales que detectaron diversas anomalías. Entre ellas, se identificó que la concesión otorgada en los años noventa fue prorrogada presuntamente de manera ilícita en 2014 hasta el 2053, con una ampliación al municipio de Solidaridad.
Derivado de ello, el 16 de mayo de 2024, el gobierno estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, un juez federal determinó que existían pruebas suficientes para acreditar delitos de promoción de conductas ilícitas y operación con recursos de procedencia ilícita, lo que llevó a la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.
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Detectan contaminación en el suministro de agua de Aguakan
Además, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados detectaron la presencia de contaminantes en el agua potable en niveles fuera de los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas, lo que representa un riesgo para la salud pública.
En cuanto a las aguas residuales, se encontró un alto contenido de E. coli y coliformes fecales, lo que afecta gravemente al medio ambiente.
Aguakan dispuesta a ceder concesión, pero exige indemnización
Por su parte, Aguakan manifestó su disposición a concluir la concesión de manera anticipada, siempre y cuando el proceso se realice dentro del marco legal, con transparencia y con una indemnización justa basada en la valuación del mercado. La empresa asegura haber invertido 8 mil millones de pesos en infraestructura y sostiene que su operación se ha realizado conforme a la normativa vigente.
El conflicto entre Aguakan y el gobierno de Quintana Roo sigue su curso, mientras la administración estatal mantiene su postura de que la terminación de la concesión debe realizarse con base en las irregularidades detectadas y en beneficio de la población.
¿Qué se sabe del conflicto de entre Aguakan y el gobierno de Quintana Roo?
El gobierno de Quintana Roo y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida como Aguakán, protagonizan una batalla legal por el control del servicio de agua potable en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
Mientras la administración estatal busca revocar la concesión vigente hasta 2053, la empresa defiende su contrato, argumentando que la consulta popular de 2022, en la que la ciudadanía manifestó su rechazo al servicio, no es un mecanismo válido para su retiro. La disputa ha escalado a un arbitraje internacional en un intento por definir el futuro del suministro en la región.
La gobernadora Mara Lezama confirmó que su gobierno interpuso una demanda penal contra Aguakán, basándose en los resultados de la consulta popular celebrada en 2022. En esa votación, habitantes de los cuatro municipios afectados expresaron su inconformidad con el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Consejería Jurídica estatal, encabezada por Carlos Felipe Fuentes del Río, y quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Aguakan rechaza la validez de la consulta popular
José Zapata, abogado de Aguakán, sostiene que, aunque la consulta popular es un ejercicio democrático relevante, no tiene efectos jurídicos sobre la concesión, ya que el contrato vigente no contempla este mecanismo como causal de revocación. La empresa alega que el gobierno estatal ha utilizado la consulta como un instrumento político y que su servicio se ha mantenido sin incumplimientos contractuales.
“Existe un esfuerzo desmedido de la autoridad para remover a Aguakán, cuando la consulta popular no es una causa legal de terminación. La empresa sigue prestando el servicio conforme al contrato”, aseguró Zapata.
Aguakan denuncia que, desde 2023, el gobierno estatal ha impulsado reformas legales que podrían afectar sus operaciones, incluyendo la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio. Dicha norma permitiría al Estado expropiar terrenos privados para obras de agua potable y alcantarillado, una medida que la empresa considera dirigida en su contra. Además, se han implementado cambios en materia de inteligencia financiera que otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).
Ante este escenario, Aguakán recurrió en abril de 2024 a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), solicitando la intervención de un organismo neutral para evaluar la legalidad de la revocación.
La última comparecencia ante el tribunal internacional ocurrió el 20 de enero pasado y la empresa mantiene su postura de que la concesión hasta 2053 es completamente legal.
El abogado de Aguakán enfatizó que, en caso de que el gobierno de Quintana Roo logre revocar la concesión, estaría obligado a indemnizar a la empresa con base en el valor comercial de la infraestructura construida.
Según la empresa, ha invertido más de 8,223 millones de pesos en infraestructura, con más de 3,250 kilómetros de tuberías instaladas, y cuenta con inversiones de afores de Banamex, Pensionissste, Principal y Sura, que representan el ahorro de 22.5 millones de trabajadores.
“La Constitución Federal establece que cualquier retiro de concesión debe ir acompañado de una indemnización a valor comercial, independientemente de las disposiciones locales.
Además, existe una suspensión en amparo que obliga a Aguakán a seguir prestando el servicio hasta que se resuelva el litigio”, argumentó el defensor de la concesionaria.
Una disputa con raíces en 2014
El conflicto se remonta al 5 de diciembre de 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) renovaron de forma anticipada la concesión con Aguakán. La empresa pagó 1,055 millones de pesos para extender su contrato hasta 2053, incluyendo la incorporación de Playa del Carmen al servicio.
La concesión original de Aguakán fue otorgada el 20 de octubre de 1993 por un periodo de 30 años, con vencimiento en 2023. Sin embargo, en 2014, la CAPA, los cabildos municipales y el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobaron la ampliación del contrato por otros 30 años.
El gobierno estatal sostiene que los funcionarios que participaron en la renovación no tenían facultades legales para ello, lo que justificaría la anulación del acuerdo.
Sin embargo, Aguakán defiende la legitimidad del contrato y acusa a la administración de Mara Lezama de intentar invalidarlo sin sustento jurídico.
“Todas las acciones relacionadas con la concesión fueron aprobadas por el Consejo Directivo de CAPA, los cabildos municipales y el Congreso del Estado. Confiamos en que los tribunales ratificarán la validez del contrato y el respeto al Estado de derecho en Quintana Roo”, afirmó la empresa en un comunicado oficial.
¿Por qué se adelantó la concesión casi una década antes a Aguakán?
La concesión de Aguakán para operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios de Quintana Roo originalmente vencía en 2023, pero en 2014, se modificó para extenderse hasta 2053. En este proceso la empresa pagó 1,055 millones de pesos, además recibió la autorización de la XIV Legislatura, y los ayuntamientos involucrados.
Las razones detrás de esta modificación a la concesión de Aguakán han sido justificadas de distintos enfoques, por ejemplo, Maribel Villegas Canché, diputada federal de Morena en Quintana Roo, que fue diputada de la XIV Legislatura, y votó a favor de la extensión de la concesión hasta 2053, sostiene que fue la misma Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la que en 2014, se presentó ante los legisladores locales para expresar la necesidad de extender la concesión.
Con el argumento de que la dependencia no tenía capacidad para absorber la demanda de agua en los municipios en crecimiento–principalmente en Playa del Carmen–, pues en esa época se observó el auge de los destinos turísticos también en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, por lo que era necesario que Aguakan siguiera operando.
Mencionó que incluso el titular de la CAPA en 2014, en ese entonces representado por José Alberto Alonso Ovando, —actual titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), en esta administración de gobierno de Mara Lezama Espinosa—, fue quien les explicó que Aguakán se comprometía a hacer inversiones millonarias en los municipios concesionados, para hacer cumplir a largo plazo la demanda de agua potable, alcantarillado y saneamiento, porque la dependencia no contaba con los recursos y capacidad de infraestructura.
“Aguakan iba a hacer mucha inversión, no recuerdo el monto, pero una inversión millonaria de la cual el estado ya no tenía el recurso para infraestructura. Esos fueron los principales argumentos que nos dieron, en ese entonces el titular era Alberto Alonso Ovando, el titular de CAPA, y él fue quien nos dio la explicación y las bondades de renovar esta concesión”, dijo Maribel Villegas.
La diputada federal sostuvo que en esa época el servicio de agua potable era económico, pues las tarifas rondaban entre los 80 a 120 pesos en domicilios, lo cual con el planteamiento de la autoridad estatal en turno, sonaba lógico apostar por la inversión en infraestructura para mejorar el servicio.
¿Qué dice el contrato sobre la ampliación de la concesión?
José Zapata, abogado de Aguakán, sostiene que la extensión de la concesión hasta 2053 es legal, ya que existe una cláusula referente al título de concesión que permite modificaciones un año antes de su vencimiento, la cual redactada en el documento dice:
"LA CONCESIONARIA notificará a "LOS CONCEDENTES" cuando menos con un año de antelación al vencimiento de la vigencia de la concesión, su decisión de ejercer el derecho de prórroga consignando el plazo de la prórroga deseada y "LOS CONCEDENTES" a su vez se obligan a resolver sobre el otorgamiento dentro de los 30 días naturales siguientes a la solicitud, en el entendido de que transcurrido este término, ante el silencio de "LOS CONCEDENTES", se prorrogará automáticamente la Concesión por la vigencia solicitada".
El abogado señaló que adelantar la modificación de título de concesión también respondía a una estrategia financiera, pues Aguakán proyectaba ganancias a largo plazo que no serían suficientes para hacer rentable el negocio, por lo que buscó negociar su permanencia en Quintana Roo, bajo nuevos compromisos de inversión y mejoras en el servicio.
La Silla Rota tuvo acceso a la documentación que envió Aguakan el 10 de noviembre de 2014, al Gobierno de Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad y al Consejo Directivo de la CAPA, donde explicaba “las bondades de la participación privada en la prestación de servicios públicos”, y su intención de prorrogar anticipadamente la vigencia de título de concesión hasta el 31 de diciembre de 2053, y también ampliar los servicios en Playa del Carmen.
En esta documentación Aguakán sostiene que con la extensión de la concesión hasta 2053, la CAPA recibiría 2 mil 738 millones de pesos, mientras que con el esquema anterior vigente hasta 2023, solo recibirá la contraprestación periódica de 641 millones de pesos, es decir, con la ampliación de la concesión avalada, la CAPA recibiría a largo plazo más dinero.
En la propuesta de renegociación, Aguakán menciona que desde 2013 tenían un déficit de 703 millones de pesos y que en 2023 cuando finalizaba la vigencia de la concesión iba a incrementar a 2 mil 780 millones de pesos, derivado de los diversos permisos y autorizaciones en los municipios concesionados, calculado con base a mediciones que se tienen por las descargas en exceso de los hoteles, que estaban generando un impacto en el sistema de agua.
Por esas pérdidas económicas que estaban previendo en el futuro, buscaron ampliar anticipadamente el título de concesión, las cuales fueron avaladas por el Gobierno de Quintana Roo, los ayuntamientos, la CAPA y el congreso local.
Sin embargo, todos argumentos y peticiones también generaron que Aguakán se comprometa a mejorar, principalmente en Playa del Carmen donde iban a iniciar trabajo para dar servicio de agua potable. La empresa sostuvo en documentos que tenían que alcanzar de acuerdo a lo aprobado por CAPA, una cobertura de agua potable del 95% en cinco años, el 90% en la cobertura de alcantarillado en seis años y 80% de la cobertura en saneamiento en seis años, en el destino turístico.
Ciudadanía pide en consulta popular la salida de Aguakán por mal servicio
Pasaron los años, y la misma diputada federal, Maribel Villegas, que en 2014 votó por la extensión de la concesión de Aguakán hasta 2053, fue quien impulsó a través de una consulta popular que la gente decidiera sobre el destino de la concesionaria de agua potable.
“Juntamos las firmas en los municipios de Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. En todas las juntamos excepto en Playa del Carmen. Ahi´ no quedo´ de vinculante, supuestamente, ahi´ yo tengo mis dudas, porque participo´ muchi´sima gente, y eso ya causo´ ejecutoria, Aguakán impugno´, pero fue fuera de tiempo”, dijo la diputada federal de Morena.
Desde la perspectiva de la legisladora, aunque Aguakán argumenta que la consulta pública no es vinculante para retirarles la concesión, este recurso legal está previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, y también la figura de “plebiscito” está contemplada en la Constitución de México, por lo tanto el gobierno estatal si puede hacer vigente el recurso para retirar la concesión.
“Antes del 2014, Cancún no había crecido tanto, ni Playa del Carmen, en su momento no daban un mal servicio, habían estado trabajando en su infraestructura, en el que los cobros eran moderados. El problema fue cuando empezaron a cobrar de manera excesiva el consumo de agua, cuando la empresa se comprometió a invertir en obras y no lo hizo. Eso derivo´ a partir del 2014, empezaron los problemas, y a nosotros, en ese momento, en el congreso, nunca nos dijeron eso, CAPA nos dio otra informacio´n”, sostuvo Maribel Villegas.
Mencionó que el gobierno del PAN y PRD, que representaba el ex gobernador, Carlos Joaquín González, y la CAPA del sexenio correspondiente liderado por Gerardo Mora Vallejo, eran parte de las figuras políticas que tenían responsabilidades para hacer valer los resultados de la consulta pública, y también de vigilar la actuación de Aguakán para que cumplieran con los compromisos en materia de infraestructura y tarifas, porque después en plebiscito el 35% de la población en cuatro municipios de Quintana Roo votaron por la salida de Aguakán, al considerar que la empresa da mal servicio.
En 2025, Aguakán y el Gobierno de Quintana Roo se encuentran en una disputa jurídica a nivel federal, derivada de una consulta popular en la que habitantes de cuatro municipios votaron por la salida de la empresa, generando un conflicto que aún sigue en los tribunales federales y también en arbitraje internacional.
La próxima audiencia entre Aguakán y el gobierno estatal se realizará el próximo 3 de marzo en el Poder Judicial de la Federación con sede en Cancún.
”No se puede hacer negocio con el agua”: Sheinbaum
“Un abuso lo que han estado haciendo esta empresa (Aguakan), un abuso, ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren, nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la Gobernadora, de que entreguen la concesión.
"No se puede hacer negocio con el agua, el agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable por llevar el agua de un lugar a otro porque tiene sus costos, pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso. Que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión”, señaló presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso en su conferencia mañanera.
Socios de Aguakán denuncian hostigamiento del Gobierno
Las presuntas órdenes de aprehensión contra los integrantes de la plana mayor de Aguakán surgieron a finales de 2024 y principios de 2025. Según la empresa, estas órdenes fueron emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de una investigación sobre presuntos actos de corrupción vinculados con el manejo de la concesión del servicio de agua en Quintana Roo.
Además, se mencionó que la Interpol emitió fichas rojas relacionadas con estos hechos. Aguakán ha denunciado que estos actos forman parte de un presunto hostigamiento jurídico por parte del gobierno quintanarroense.