Autoridades federales y estatales llevan a cabo un operativo en distintos sectores de Culiacán para el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en estructuras públicas.
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En la acción participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Hasta el momento, el operativo ha permitido el retiro de 64 cámaras, entre ellas:
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- 8 cámaras PTZ inalámbricas
- 10 cámaras PTZ alámbricas (con capacidad panorámica, inclinación y zoom)
- 46 cámaras fijas alámbricas
Además, se aseguraron un equipo amplificador de Internet y un dispositivo de banda ancha móvil.
Las autoridades recordaron que la instalación de sistemas de videovigilancia en estructuras públicas sin autorización es ilegal, por lo que continuarán con estos operativos para retirar cualquier equipo que no forme parte del sistema de seguridad pública.
Asimismo, se exhortó a la población a denunciar de manera anónima cualquier instalación sospechosa de cámaras en domicilios o negocios sin el consentimiento de los propietarios, a través del número 089 o la línea de emergencias 911.
El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la población sinaloense mediante estas acciones de vigilancia y control.
Un centro de comando clandestino
Este operativo se suma a otras acciones implementadas por las autoridades para desmantelar sistemas ilegales de videovigilancia en la entidad.
En un hecho previo, fuerzas federales aseguraron un centro de comando clandestino en Culiacán, el cual operaba como un sistema de monitoreo para vigilar los movimientos de las autoridades y de grupos rivales.
En ese lugar se encontraron múltiples pantallas de visualización, equipos de radiocomunicación y servidores dedicados al almacenamiento y transmisión de imágenes en tiempo real.
Se presume que estas estructuras son utilizadas por organizaciones criminales para coordinar sus operaciones y evadir a las fuerzas de seguridad.
Las autoridades han señalado que estos sistemas irregulares representan un riesgo para la seguridad pública, ya que pueden ser empleados para la planeación de actos delictivos, vigilancia de personas o para interferir en operativos oficiales.
Por ello, han reforzado los operativos para detectar y desmantelar este tipo de infraestructuras en la entidad.