Desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional criminalizar a las personas por interrumpir el embarazo. Aun así, en Yucatán una mujer fue denunciada por este delito. Su hija, quien con 13 años pidió apoyo para abortar y terminó bajo la tutela del Estado; y su mamá Rocío acusada por tentativa de feminicidio.
“Yo me había informado y leí en internet que ya no era un delito en el país abortar. Llevé a mi hija al médico y seguimos las instrucciones. Teníamos una receta para comprar el misoprostol”, relató Rocío en entrevista.
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Le quitaron la tutela de su hija
En noviembre del 2023, la menor se dio cuenta que estaba embarazada, pero no quería ser mamá. Pidió ayuda a su madre Rocío para interrumpir el embarazo. Juntas fueron al médico, y con apenas un mes de gestación, en diciembre accedió a un aborto con misoprostol.
Tres días después de ingerir el medicamento, la adolescente tuvo molestias y se asustó por el dolor. Su abuela la llevó a urgencias en la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58, ya que su madre trabaja de tarde y salía hasta la noche.
“Cerca de la medianoche me llamó mi mamá para avisarme que la llevaron al hospital. Fui a verlas y nos dijeron que deberíamos trasladarla a la clínica de la T1 (del IMSS). Aun así el doctor de urgencias me amenazó que la policía vendría por mí”, comentó Rocío.
En el hospital de la T1 del IMSS le hicieron un ultrasonido a la menor. No la sometieron a la evaluación completa alegando que su madre no lo autorizó. Al día siguiente la cambiaron a ginecología, gracias a que una doctora del área lo pidió y era dónde debió ingresar desde el principio.
Antes del alta médica, la madre de la menor fue citada en la Procuraduría de Protección a Niñas,Niños y Adolescentes (Prodennay). La interrogaron y rindió su declaración. De regreso al hospital le indicaron que no podría llevarse a su hija, que la menor quedaría bajo la tutela del Estado.
La hija de Rocío fue enviada primero al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch. En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán inició dos carpetas contra Rocío, una por tentativa de feminicidio y otra por hechos posiblemente delictuosos.
La niña salió escoltada del hospital por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Y durante los seis meses siguientes no pudo ver a su mamá, ni a nadie de su familia.
Todo está a su favor, pero la niña sigue bajo tutela del Estado
Para la abogada y asesora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Amelia Ojeda, se trata de la criminalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Yucatán.
“Pavel Calderón, un doctor especialista en el tema nos apoyó con una opinión clínica. Básicamente lo que dijo es que el expediente clínico describe lo que le pasa al cuerpo cuando hay un aborto. Nunca estuvo en riesgo la vida de la menor como para considerar que la mamá casi la quería matar”, detalló.
Rocío y su hija pudieron reencontrarse luego de que, se interpusieron cuatro amparos - todos fallaban a su favor -, pero fue hasta el cuarto apercibimiento que les dejaron verse.
Otra de las anomalías durante la investigación del caso es que la Prodennay fue a preguntar casa por casa a las y los vecinos de Rocío. “Les dijeron a todas las personas que yo era una mala madre y que mi hija estaba asegurada porque aborto. No tenían derecho”, reiteró la mamá de la adolescente, Rocío.
Hija y su madre ya pueden convivir, pero ella continúa bajo la tutela del Estado. En tanto, las carpetas contra su madre continúan abiertas y en investigación.
Apenas este 5 de febrero los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron dos iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán. Ambas buscan que el Artículo 389 del Código Penal de Yucatán, cambie de aborto a aborto forzado. Hasta el momento no hay fecha para su análisis posterior y votación en sesión de pleno.