En Guerrero, más del 60% de las mujeres indígenas y afromexicanas sufren racismo y discriminación estructural en los servicios de salud, justicia y trabajo, según un estudio realizado por el Colectivo Mujeres Colibrí durante cuatro años. La investigación incluyó al menos 23 municipios de las regiones de la Costa Chica y La Montaña y contó con la participación de nueve organizaciones de mujeres indígenas y afromexicanas.
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“Documentamos cómo el racismo institucional afecta gravemente a las mujeres en diversos ámbitos, desde el acceso a servicios de salud hasta el trato degradante en procuración de justicia”, señaló el colectivo.
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La investigación subraya que Guerrero ocupa el sexto lugar nacional en muertes maternas, un problema que se ve agravado por prácticas discriminatorias como las cesáreas impuestas y la coacción para firmar altas voluntarias, tal como relataron las mujeres entrevistadas.
En el ámbito judicial, las mujeres enfrentan revictimización, maltrato y la negación de intérpretes en su lengua materna, lo que desalienta las denuncias de violencia doméstica, agresiones sexuales y feminicidios. “El racismo institucional desvaloriza nuestras vidas y perpetúa las violencias que sufrimos en nuestras comunidades”, se señala en el estudio.
Niñas, niños y jóvenes indígenas son explotados
La explotación laboral infantil y juvenil también fue un tema central en el análisis. El estudio documentó que niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos son reclutados para realizar trabajo doméstico no remunerado a cambio de vivienda y comida en las cabeceras municipales, una práctica que refleja el racismo estructural. Además, las personas jornaleras migrantes carecen de políticas públicas que garanticen su seguridad durante el ciclo migratorio.
En el ámbito agrario, las mujeres enfrentan serias dificultades para acceder a la tenencia de la tierra debido a la falta de información en sus lenguas y la carencia de políticas específicas con enfoque intercultural. El informe destaca que la desigualdad en este sector limita sus derechos y perpetúa las brechas de género en las comunidades rurales.
Posibles soluciones a la discriminación
La investigación, financiada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en el marco del Programa Nacional Estratégico (PRONACES), propone una serie de recomendaciones legislativas y políticas públicas. Entre estas se incluyen la creación de programas con perspectiva intercultural, la recopilación de datos desagregados por género y etnia, y la implementación de acciones para erradicar el racismo estructural.
El estudio concluyó que el racismo institucional no solo limita el acceso a derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la vida de las mujeres indígenas y afromexicanas. “El racismo mata”, advierte el informe, “y para combatirlo es necesario construir políticas desde las voces de las mujeres que enfrentan estas violencias”.