CULIACÁN, Sinaloa.- La organización civil Iniciativa Sinaloa advirtió que el gobierno del estado está normalizando el endeudamiento público tras la aprobación de un nuevo crédito por 2,200 millones de pesos, que se suma al financiamiento autorizado a inicios de año por 2,300 millones, para un total de 4,500 millones de pesos en menos de un año.
En entrevista, la presidenta de la organización, Marlene León, señaló que la reciente autorización del crédito se realizó sin planeación ni diagnóstico, lo que genera incertidumbre sobre el destino y la necesidad real de los recursos.
“Es preocupante porque esto envía señales de que tenemos un gobierno que está normalizando el endeudamiento, y lo más grave es que lo hacen sin una base, sin un diagnóstico, sin un análisis que nos dé seguridad y claridad a los ciudadanos”, afirmó.
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León cuestionó que, aunque el gobierno sostiene que los recursos se destinarán a obra pública, no existe un documento que especifique qué obras se realizarán, bajo qué criterios ni si atenderán a población vulnerable.
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“Ellos mencionan que se va a destinar a obra pública, pero eso se queda en los dichos, porque ni siquiera hay un plan que diga en qué obra se va a utilizar ese recurso”, sostuvo.
El argumento del gobierno: deuda heredada y presión financiera
El gobernador Rubén Rocha Moya ha defendido la contratación de nuevos créditos al señalar que su administración recibió una carga financiera heredada superior a los 17 mil millones de pesos, integrada no solo por deuda bancaria formal, sino por pasivos no registrados como deuda pública en ejercicios anteriores.
De acuerdo con el mandatario, al cierre del sexenio de Quirino Ordaz Coppel, la deuda pública bancaria registrada era de 5 mil 251 millones de pesos; sin embargo, al iniciar su gobierno se documentaron compromisos adicionales relacionados con adeudos fiscales, pasivos laborales, sentencias judiciales y retenciones no enteradas a fondos de pensiones, lo que elevó de manera sustancial la presión sobre las finanzas estatales.
Rocha Moya ha señalado que esta diferencia obedece a que durante años se utilizó un esquema de financiamiento que difería pagos y omitía el registro integral de obligaciones, lo que permitió contener artificialmente la deuda bancaria, pero generó una acumulación de pasivos que terminaron impactando al erario.
El gobernador ha afirmado que su administración ha tenido que destinar una parte significativa del presupuesto al pago de deudas históricas, incluidas aportaciones no enteradas a sistemas de pensiones y adeudos fiscales, y ha vinculado la contratación de nuevos financiamientos con la necesidad de no frenar la inversión en infraestructura ni la actividad económica.
Cuatro sexenios de endeudamiento
Los registros financieros muestran que la deuda pública de Sinaloa ha seguido una tendencia creciente durante al menos cuatro sexenios, con incrementos relevantes entre 1999 y 2016, y un cambio en la composición de la deuda al cierre del gobierno de Quirino Ordaz.
Aunque la deuda bancaria formal se redujo durante el sexenio de Quirino Ordaz, el reconocimiento posterior de pasivos no registrados reveló una carga financiera real mucho mayor, que, según el actual gobierno, explica la presión presupuestal que enfrenta el estado.
Endeudarse para pagar deudas
Para Iniciativa Sinaloa, este contexto histórico no justifica la aprobación de nuevos créditos sin planeación. Marlene León advirtió que parte del presupuesto anual originalmente destinado a obra pública, estimado en alrededor de 1,000 millones de pesos, se pretende redirigir al pago de deudas heredadas, sin que exista un esfuerzo institucional para fincar responsabilidades.
“La solución no es volverse a endeudar. Están tapando un hoyo con otro. Lo que deberían hacer es ir en contra de los responsables que endeudaron al estado”, señaló.
A su juicio, esta práctica refleja falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y una toma de decisiones discrecional.
Reactivación económica sin resultados
León recordó que el argumento de la reactivación económica mediante obra pública ya fue utilizado para justificar el crédito aprobado en enero y que, a casi un año de distancia, no existen resultados visibles.
“Ese argumento ya se utilizó en enero y actualmente no se ve esa reactivación económica. Por el contrario, los comercios siguen cerrando y sigue habiendo desplazamiento forzado”, dijo.
Desde su perspectiva, el gobierno mantiene una agenda distinta a las prioridades de la población.
“Para el gobierno la prioridad es la obra pública, pero para la ciudadanía lo elemental es tener seguridad, paz y condiciones dignas para vivir”, afirmó.
La presidenta de Iniciativa Sinaloa subrayó que el endeudamiento se aprueba en un contexto de crisis de violencia, debilitamiento institucional y ausencia de contrapesos efectivos.
Criticó que la Secretaría de Obras Públicas no cuente con un órgano interno de control, lo que limita la supervisión del ejercicio de los recursos, y advirtió que la desaparición del órgano garante de transparencia podría profundizar la opacidad.
“Vamos a tener 4 mil 500 millones de pesos y los ciudadanos vamos a estar desamparados, sin saber cómo se está ejerciendo ese recurso en tiempo real”, advirtió.
Aunque reconoció plataformas gubernamentales de seguimiento de obra, señaló que estas omiten información clave como catálogos de conceptos, estimaciones y bitácoras de obra, indispensables para detectar irregularidades.
Ante este escenario, Iniciativa Sinaloa llamó a incorporar a sociedad civil, academia y sector empresarial en la vigilancia del ejercicio del crédito.
“Si ya fue aprobado, el paso número uno es vigilar cómo se está ejerciendo este recurso con total transparencia”, concluyó.
lrc