Michoacán -Una jueza federal confirmó la orden de aprehensión en contra de Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien es señalado por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la construcción a sobreprecio de siete cuarteles de la Policía Estatal. La resolución judicial mantiene vigente el mandamiento judicial librado desde febrero de este año.
Corona Martínez, quien encabezó la SSP durante el gobierno de Silvano Aureoles, es considerado actualmente prófugo de la justicia, pues no ha sido localizado desde que se emitió la orden de captura. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de diversos delitos de alto impacto.
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¿Quién es Juan Bernardo Corona Martínez?
El exfuncionario michoacano fue una de las piezas centrales del gabinete de seguridad durante la administración de Silvano Aureoles, donde tuvo bajo su mando la operación policial estatal. Además, fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, lo que lo convirtió en una figura de peso dentro del círculo político del sol azteca.
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Corona Martínez mantuvo presencia pública como operador político y responsable de la estrategia de seguridad estatal. Sin embargo, tras concluir el gobierno de Aureoles, su nombre comenzó a asociarse con presuntas irregularidades detectadas por instancias federales y estatales.
De acuerdo con la FGR, el exsecretario habría intervenido directamente en procesos de contratación irregular para la construcción, arrendamiento y mantenimiento de diversos cuarteles policiales, un proyecto que ahora es investigado por graves anomalías administrativas y financieras.
Los delitos que se le imputan
La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, confirmó la orden de captura al considerar que se cumplen los requisitos legales establecidos por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, negó el amparo solicitado por Corona Martínez, quien alegaba que la orden no estaba debidamente fundada y motivada.
Los delitos que se le imputan incluyen peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa, todos relacionados con un esquema de contratación presuntamente diseñado para beneficiar a una empresa sin capacidad técnica ni experiencia suficiente: Inmobiliaria DYF.
Según la investigación, la compañía carecía de infraestructura y propiedades para ofrecer los servicios relacionados con los cuarteles. A pesar de ello, habría recibido contratos millonarios para desarrollar instalaciones policiales en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La FGR sostiene que los cuarteles fueron adquiridos a sobreprecio, y que existieron irregularidades tanto en el arrendamiento como en el mantenimiento y posterior compra de los inmuebles, lo que generó un daño patrimonial significativo para el estado.
El origen del caso y la investigación federal
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría de Michoacán el 24 de febrero de 2022. La dependencia estatal detectó inconsistencias en los procesos de contratación y las reportó a la Fiscalía General de la República, que inició una carpeta de investigación por presunta corrupción.
Como parte del expediente, la FGR también acusa al exgobernador Silvano Aureoles de haber participado en el esquema fraudulento, aunque su situación jurídica continúa en proceso de revisión.
Corona Martínez promovió un amparo para intentar frenar la ejecución de la orden de captura, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la jueza Quiroz Ángel determinó que la orden estaba debidamente sustentada y que no existía violación procesal alguna.
Con la resolución judicial, la FGR está facultada para ejecutar la aprehensión del exsecretario en cualquier momento, aunque hasta ahora su paradero es desconocido.
La confirmación del mandamiento judicial coloca nuevamente en el centro del debate las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Aureoles y abre la puerta a nuevas acciones legales en torno al caso.