Monterrey, Nuevo León -El programa de uniformes y tenis escolares que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó en su Cuarto Informe de Gobierno ha generado cuestionamientos por la asignación de contratos a empresas vinculadas a amigos cercanos del mandatario. Según una investigación de Grupo Reforma, Grupo Textilero Cal y Grupo Dos Banderas recibieron contratos por un total de 268.3 millones de pesos.
Foto: Cuartoscuro.
Ambas compañías tienen como nexo a Enrique Mauricio Arechavaleta Garza, empresario con una relación cercana con Samuel García y con Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana estatal y exsecretario particular del Gobernador. Los vínculos entre Arechavaleta y los funcionarios se remontan a 2014, y se evidencian en fotografías y participación en eventos personales, incluyendo la boda civil del empresario en 2018.
Contratos millonarios y favoritismo...
Entre septiembre y noviembre de 2023, Grupo Dos Banderas obtuvo dos licitaciones: una por 59 millones de pesos para suministrar 107 mil 294 pares de tenis, y otra por 61.7 millones de pesos por 81 mil 671 uniformes. En ambos casos, la empresa superó a competidores descalificados por supuestos errores en la documentación, según registros del sistema de compras estatal.
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La facturación de las compañías muestra que, tras recibir los contratos del Gobierno estatal, sus ingresos se multiplicaron, convirtiendo al Estado en su principal cliente. La investigación de Reforma apunta a que los programas de apoyo escolar, además de beneficiar a la población, han favorecido de manera significativa a negocios vinculados con allegados del Gobernador.
Polémica por transparencia
El reparto de uniformes y tenis en eventos públicos ha estado acompañado por la presencia del Gobernador Samuel García y Daniel Acosta, lo que refuerza la percepción de favoritismo. La situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y posible conflicto de interés en la adjudicación de recursos públicos destinados a programas escolares.
El caso ha puesto en la mira a la administración estatal y a los mecanismos de asignación de contratos, mientras organizaciones civiles y medios de comunicación señalan la necesidad de revisar la legalidad y la ética en la relación entre funcionarios y empresas beneficiadas por programas gubernamentales.