NOGALES, Sonora.- Se registró una discusión en el Recinto Fiscal en Nogales entre productores de Sinaloa y transportistas locales desesperados por cruzar sus camiones de carga a Estados Unidos.
Fue como a las 10:30 horas cuando los choferes y transportistas de la frontera se acercaron con los manifestantes para increparlos porque no les permiten trabajar.
Emma Anahi Espinoza, productora de Sinaloa, informó que la protesta continuará, mientras exista la cerrazón del gobierno.
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La vocera de Campesinos Unidos de Sinaloa pidió comprensión a los transportistas, empresarios y sociedad nogalense, porque dijo que vendrán protestas más fuertes para convencer al gobierno de que se siente a negociar.
Así fue la discusión
Un grupo de transportistas, choferes y empresarios locales se acercaron a dialogar con los trabajadores del campo, y es cuando inició una seria discusión.
En el cruce de palabras algunos choferes amenazaron con desalojarlos a la fuerza para cruzar a Estados Unidos.
Patricia Ross, empresaria local, exigió la apertura de las vías de comunicación, bajo el argumento de que estaban teniendo muchas pérdidas.
Patricia Ross fue secundada por cerca de 40 choferes locales para exigir la apertura del Recinto Fiscal.
El Recinto Fiscal es una carretera de libramiento de 8 kilómetros aproximados, donde hay una caseta de cobro y se encuentra el edificio de la Administración de la Aduana Local.
El enfrentamiento terminó en desacuerdos y con amenazas de desalojo de parte de los transportistas sonorenses contra los productores sinaloenses.
Minutos después de este enfrentamiento arribó personal de la Guardia Nacional para prevenir incidentes.
¿Qué exigen los campesinos al gobierno?
Contexto: los campesinos de diversos estados del país exigen un ajuste en el precio del maíz y otros productos, ante el abandono que han padecido por décadas. Los productores reclaman una política pública integral que reconozca y respete los derechos agrarios, provea apoyos reales, y asegure condiciones dignas para trabajar la tierra.
Los agricultores aseguran que el ofrecimiento actual del gobierno federal no cubre los costos reales de producción. Por ello exigen que el precio de compra del maíz se fije en 7,200 pesos por tonelada, cifra que consideran justa para garantizar rentabilidad.
También, piden la creación de una banca de desarrollo para el campo, que ofrezca créditos accesibles, financiamiento para insumos, maquinaria, tecnificación y comercialización. Aseguran que sin crédito barato y apoyo estatal será inviable competir frente a mercados globales o corporativos.
Un reclamo más es la dignificación del régimen agrario, pues buscan que se reconozca de forma explícita la propiedad social de tierras de ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas.
Acusan que tratados comerciales, como el T-MEC, han deteriorado al campo nacional al permitir la importación masiva de granos, afectando precios, mercados y producción, al igual que ha facilitado el despojo, la concentración de tierras y la pérdida de soberanía alimentaria.
Las organizaciones campesinas han impulsado una propuesta de reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la protección de tierras, ejidos y derechos agrarios colectivos.
También demandan que los granos básicos, como maíz y trigo, deben quedar fuera de los tratados de libre comercio, para evitar dependencia externa y proteger la producción nacional.
lrc