La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos enfrenta una denuncia por uso irregular de recursos durante la gestión de la exdirectora de Administración, Giovanna María González Cerezo. Los señalamientos derivan de una revisión interna que siguió a su remoción del cargo por el Congreso local.
Según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del periodista Eduardo Buendía, el análisis preliminar cuantificó un posible daño por 2 millones 401 mil pesos. El reporte precisó que los movimientos observados incluyeron consumos, pagos y contrataciones que no cuadraron con las funciones administrativas de la entidad.
Revisión interna y monto observado
El equipo que sustituyó a González ordenó un inventario de gastos que cubrió de enero al 16 de julio de 2025. Los hallazgos señalaron operaciones que coincidieron con periodos no laborales y con consumos alejados de la sede de la ESAF, ubicada en Cuernavaca. El informe registró pagos que, según el personal auditor, no respondieron a necesidades operativas.
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El Congreso de Morelos separó a la exdirectora el 16 de julio. A partir de ese día, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una indagatoria preliminar con la documentación entregada por la unidad de control interno.
Consumos de alimentos en días y sitios no operativos
La investigación de MCCI detalló que el rubro de alimentos acumuló 152 mil 804 pesos. El registro señaló facturas emitidas en domingo o en ubicaciones fuera del área de trabajo. Un consumo en la Ciudad de México alcanzó 2 mil 292 pesos en un establecimiento de entretenimiento en la zona de Santa Fe.
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El expediente también incluyó pagos en restaurantes con ticket elevado y conceptos diversos, como compras de flores. Los auditores locales indicaron que los montos correspondieron a periodos en los que la operatividad institucional no requería desplazamientos o representaciones oficiales.
Nómina: personal sin evidencia de trabajo
En el apartado de remuneraciones, el informe identificó 1 millón 673 mil pesos sujetos a revisión. Los expedientes revisados mostraron casos sin listas de asistencia o sin documentos que acreditaran el nombramiento. Dos personas, Cleotilde Salinas Cabrera y Omar Rodrigo Ocampo Lara, no contaron con la validación administrativa que justificara su adscripción o su sueldo.
La revisión señaló que parte del personal registrado no cumplió con los perfiles de puesto. Uno presentó documentos relacionados con un diplomado en cultura de belleza y otro reportó estudios como pasante técnico en enfermería. En ambos casos, la documentación no coincidió con las funciones asignadas dentro de la entidad.
Combustible: gastos activos tras la remoción
El análisis de gastos operativos incluyó 53 mil 177 pesos en combustible. MCCI reportó que la tarjeta institucional TOKA asignada a la exdirectora generó 17 mil 900 pesos durante el periodo analizado. El registro también marcó una recarga realizada el 28 de julio, cuando la exfuncionaria ya no ocupaba el cargo.
El área de administración concluyó que los desplazamientos cargados al presupuesto no correspondieron con actividades programadas por la institución durante ese lapso.
Contratos de vigilancia con cumplimiento parcial
La revisión de servicios contratados identificó un posible quebranto de 522 mil pesos relacionado con convenios firmados con la empresa Dabla CRLR Grupo Empresarial de Servicios. Los contratos establecieron la asignación de tres guardias permanentes para la ESAF.
El personal que analizó el cumplimiento indicó que solo dos guardias estuvieron en funciones. Esta diferencia entre lo contratado y lo ejecutado formó parte del expediente enviado a la Fiscalía. Los convenios llevaron la firma de González y del auditor general, José Blas Cuevas Cruz.
Antecedentes de la dirección y búsqueda de respuesta
Además de los señalamientos contra González, la investigación de MCCI recordó que el auditor general, José Blas Cuevas Díaz, fue objeto de otras publicaciones por su participación previa en diversas empresas antes de su nombramiento. El dato quedó incluido como contexto del estatus administrativo de la institución.
Buendía documentó que MCCI intentó contactar a González por mensajería para obtener su postura. La solicitud no recibió respuesta antes del cierre del reportaje.
Alcance del caso en el órgano de fiscalización
Las autoridades locales continuarán la revisión de documentos y registros relacionados con consumos, contratos y nóminas que operaron bajo la dirección de González. El expediente entregado a la Fiscalía será la base para determinar responsabilidades administrativas o penales.
El proceso incluirá entrevistas, cotejos de asistencia, verificación de contratos y validación de facturas. El órgano estatal prevé entregar avances en etapas posteriores.
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VGB