Tijuana -La extorsión mantiene en crisis a miles de empresarios en México, alertó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, durante el Encuentro Anual del organismo celebrado en Tijuana, Baja California.
El dirigente empresarial afirmó que el también llamado “cobro de piso” está destruyendo especialmente a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que conforman la base económica del país. “Esas prácticas dejaron de ser marginales, para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”, señaló.
Acompañado de los 71 representantes locales de Coparmex —que en conjunto representan a más de 100 ciudades—, Sierra Álvarez destacó que en lo que va del año se han registrado 8,555 víctimas de extorsión. Casi 12 de cada 100 corresponden a negocios ubicados en 43 municipios fronterizos, donde este delito creció un 15.2% respecto al año anterior, sin contar la cifra negra derivada del miedo a denunciar o de la posible colusión entre autoridades y grupos criminales.
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Frontera bajo presión
“La extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta proporcional del Estado”, advirtió el presidente nacional de Coparmex. Reconoció que Tijuana ha atravesado momentos complicados, aunque recientemente ha logrado revertir tendencias delictivas, lo que —dijo— podría convertirse en un modelo para otras ciudades.
En Baja California el “cobro de piso” ha sido denunciado por comerciantes de mercados ambulantes y fijos, vendedores de pescado, establecimientos de autopartes, yonkes y diversos giros comerciales.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSCBC), en el último año fueron desmanteladas 15 células delictivas integradas por 55 personas dedicadas a extorsionar. Los operativos se efectuaron principalmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Laureano Carrillo, secretario de Seguridad en Baja California, reconoció que el mayor obstáculo para combatir el delito es el temor de las víctimas a entregar datos personales al denunciar. “Cuando se entrevista con nosotros no pedimos ningún tipo de dato. Solamente pedimos que nos diga qué está sucediendo”, explicó.
Llamado urgente al Estado mexicano
Durante la clausura del encuentro, en el que empresarios discutieron temas de seguridad, economía y gobernanza, Juan José Sierra pidió al gobierno federal convertir el combate a la extorsión en una política de máxima prioridad.
Asimismo, urgió al Senado a dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados a finales del mes pasado.
Desde el sector empresarial, aseguró, se impulsarán acciones como el trabajo conjunto con universidades, el fortalecimiento del tejido social, la implementación de mecanismos de denuncia segura y el acompañamiento a víctimas.
“No vamos a normalizar el miedo ni vamos a aceptar la renuncia del Estado a su función esencial”, concluyó Sierra Álvarez.