CAMPECHE.- La gobernadora Layda Sansores emitió su primera declaratoria de utilidad pública bajo la reciente reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Campeche, con el objetivo de construir la primera sede de la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud “Rosario Castellanos”. El decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, contempla la expropiación de más de ocho hectáreas distribuidas en cuatro predios del fraccionamiento Miramar, sobre la avenida Resurgimiento de la ciudad de Campeche.
Durante la presentación, la mandataria destacó la importancia de la universidad para formar médicos comunitarios, asegurando que se busca brindar oportunidades a jóvenes que no logran acceder a la carrera de medicina. “Este lugar será muy importante, porque hay jóvenes que no alcanzan a entrar en medicina; queremos nuestros médicos comunitarios”, señaló.
Propietarios y controversias
Entre los propietarios de los terrenos están Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; dos predios a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, vinculado al priista; y otro predio de Rafael Arturo Castilla Azar, jefe de la Oficina de la Gobernadora, junto con Gabriela Castilla Azar.
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Ante los cuestionamientos sobre posibles intereses personales en la expropiación, Liz Hernández Romero, secretaria de Gobierno, aseguró: “Si ustedes ven los nombres de las personas afectadas, no hay matices; estamos de acuerdo a derecho y conforme a la nueva ley que se emitió”.
El dictamen justifica la expropiación
El dictamen técnico-jurídico, emitido por la Secretaría de Gobierno el 26 de septiembre de 2025, concluyó que la expropiación se encuentra plenamente justificada por la causa de utilidad pública. La Ley de Expropiación de Campeche fue reformada el pasado 3 de septiembre por la sexagésima quinta legislatura, incorporando criterios de la Suprema Corte.
Antonio Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso estatal, indicó que los propietarios tendrán derecho a inconformarse en un plazo de cinco días, ser escuchados en audiencia de hasta ocho días, presentar alegatos, ampararse y ejercer recursos de revocación, protecciones previstas por la Constitución.
La reforma establece además que los predios serán pagados por el Estado según su valor comercial, y no catastral, garantizando así la compensación justa para los propietarios.