INJUSTICIA EN CHIAPAS

"Lo torturaron y lo obligaron a culparse": el martirio de un campesino tsotsil en prisión

Miguel Hernández, un agricultor indígena tsotsil de Chiapas, fue detenido arbitrariamente, torturado y condenado a 50 años de prisión por delitos que su familia asegura fueron fabricados

'Lo torturaron y lo obligaron a culparse': el martirio de un campesino tsotsil en prisión
"Lo torturaron y lo obligaron a culparse": el martirio de un campesino tsotsil en prisiónCréditos: Christian González | Corresponsal LSR
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Miguel Hernández Hernández se había dedicado al campo durante casi toda su vida en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. Sin embargo, el 26 de junio de 2019, un grupo de hombres armados y encapuchados lo interceptó, lo subió a un automóvil gris y, durante varios días, lo mantuvo desaparecido.

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El 7 de julio de ese año, cuenta Alfonso Hernández, hermano de la víctima, Miguel se comunicó con ellos y les sugirió que no se preocuparan porque estaba “bien”. Cuatro días después, apareció en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con su versión, y como quedó plasmado en la carpeta de investigación, al agricultor lo acusaron, en primera instancia, de haber protagonizado un accidente automovilístico y de tener que reparar los daños ocasionados, a pesar de que él no poseía un coche.

“Le dijeron que, si no lo hacía, lo matarían. Pero, ¿cómo iba a ser responsable si no tenía nada que ver?”, revela el entrevistado, quien asegura que, cuando leyeron el expediente, se dieron cuenta de que a Miguel le “cambiaron” el delito e incluso le añadieron otro: secuestro y posesión de estupefacientes.

La situación empeoró porque, según comentan los familiares de Miguel, ese plagio de una supuesta persona originaria de Tuxtla Gutiérrez se cometió después de su captura (1 de julio). Incluso, la supuesta víctima apareció el día 3 del mismo mes de ese 2019.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2021, a nivel nacional, de las personas que estaban prisioneras, el 43.9% señaló que el motivo de su reclusión fue haber sido acusada falsamente o implicada en la comisión de un delito, mientras que el 40.9% fue recluida tras declarar que cometió un ilícito.

Además, se estima que el 23% de la población privada de la libertad señaló que su detención se realizó en la calle, sin orden de aprehensión, mientras que el 22.9% manifestó que fue detenida inmediatamente después de haber cometido el presunto delito.

Miguel, de oficio campesino, fue “levantado” en 2019 por civiles armados. Foto: Cortesía

Vivió un martirio

Antes de llegar a prisión, durante los días que estuvo desaparecido, Miguel fue sometido a tortura física y psicológica. “Lo amenazaron a punta de pistola para que se echara la culpa; de lo contrario, matarían a toda la familia”, revela.

Lo peor de todo es que el agricultor, de 34 años de edad, era el proveedor de sus dos hijos y su esposa, quienes, desde hace cinco años, sufren por su ausencia.

“Él sembraba maíz y frijol. Mi hermanito siempre ha sido un hombre tranquilo, no se mete en problemas. Es diácono de una iglesia adventista; de hecho, todos nosotros llegamos a la iglesia”, detalla.

A pesar de que se interpuso un juicio de amparo directo (440/2022) para buscar su libertad, debido a que recibió una sentencia de 50 años de cárcel, sus seres queridos aún están en espera de una resolución para saber si saldrá o no del CERSS 5.

Desde 2019, Miguel está recluido en el CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuya gran parte de su población es indígena. Foto: Archivo | Christian González

Enemigos cercanos

Tras descartar que los civiles armados que se llevaron a su hermano eran parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alfonso expuso que, de hecho, esas personas, algunas plenamente identificadas, radican en la misma localidad que ellos.

De hecho, afirma que su cuñada y otro de sus hermanos vieron cuando Miguel era llevado a la fuerza. Incluso recibieron amenazas de los sujetos para que no dijeran nada.

De acuerdo con Alfonso, su hermano Miguel sirvió como “chivo expiatorio” para que el hermano de uno de sus secuestradores fuera liberado de la misma prisión en la que ahora está él; “lo cambiaron, por así decirlo, pero bajo esas amenazas”.

Amparo presentado por la defensa del originario de Pueblo Nuevo Solistahuacán que, incluso, lo dejaría en libertad. Fotos: Cortesía

Al campesino se le ha complicado su situación porque no habla bien el castellano; su lengua predominante es el tsotsil, además de que no sabe leer ni escribir.

Asimismo, revela Alfonso, un magistrado (identificado como Octavio “P. P.”) les pide 1.5 millones de pesos a cambio de la libertad de Miguel, pero no tienen dinero ni forma de conseguirlo.

Insiste en que el panorama es complicado, pese a que dos magistrados ya “dieron el visto bueno” de que su hermano tiene que quedar libre, debido a que las pruebas así lo revelan.

A pesar de que han buscado el apoyo de otros organismos, entre ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no han obtenido ayuda. “Lo que hemos concluido es que a mi hermano le fabricaron los delitos, así fue, sin duda”, cuestiona Alfonso.

Desde 2019, Miguel está recluido en el CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuya gran parte de su población es indígena. Foto: Archivo | Christian González

Cifras de abuso contra detenidos

La ENPOL destaca que el 64.5% de esa población mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención y antes de llegar al Ministerio Público.

Mientras que el 45.8% señaló haber sido incomunicada o aislada después de la detención, el 39.2% manifestó haber sufrido amenazas de que le levantarían cargos falsos.

Entre otra información, el 48.6% mencionó haber sufrido algún tipo de agresión física después de la detención y antes de llegar al Ministerio Público. De quienes sufrieron agresiones físicas, el 38.4% señaló que recibió patadas o puñetazos por parte de la policía o la autoridad que los detuvo, mientras que el 23% mencionó haber sido asfixiado o ahorcado.

Amparo presentado por la defensa del originario de Pueblo Nuevo Solistahuacán que, incluso, lo dejaría en libertad. Fotos: Cortesía

VGB