Ocho exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) acordaron pagar 20 millones de pesos para evitar enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en un escándalo de corrupción que involucra compras irregulares por más de medio millón de pesos.
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La decisión fue avalada por el juez de control, Carlos Alberto Herrera, quien autorizó la medida alternativa para los exintegrantes de dos diferentes Comités de Adquisiciones de la universidad.
Según lo pactado, los implicados deberán cubrir 10 millones de pesos por grupo en un plazo máximo de seis meses.
Entre los beneficiados por esta resolución se encuentran los exfuncionarios universitarios: Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del extinto exrrector Héctor Melesio Cuen Ojeda, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.
La suspensión condicional del proceso, un mecanismo legal que permite a los imputados evitar el juicio mediante la reparación del daño, no aplica para el actual rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, ni para su predecesor, Juan Eulogio Guerra Liera. Ambos deberán buscar acuerdos similares de manera individual ante las autoridades judiciales.
Casi dos años de conflicto
La investigación en contra de los exfuncionarios universitarios surge en el marco de una serie de denuncias por irregularidades en el manejo de recursos dentro de la UAS.
Desde 2023, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha impulsado diversas indagatorias sobre presuntos desfalcos y malversación de fondos en la institución educativa.
El caso ha generado tensiones entre la universidad y el gobierno estatal, particularmente tras la implementación de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, que busca mayor transparencia en el manejo financiero de las universidades públicas.
En respuesta, autoridades universitarias han denunciado una presunta persecución política en su contra.
Este proceso se enmarca en un contexto de creciente fiscalización a las instituciones educativas, en un intento por frenar actos de corrupción y garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a la educación superior en el estado.