El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús “M”, y varios integrantes del Comité de Adquisiciones, de los periodos 2021 y 2022 fueron vinculados a proceso judicial a petición de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). Las imputaciones incluyen los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, relacionados con la compra de equipos y materiales informáticos.
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El caso se refiere a la adquisición de computadoras de escritorio, laptops, impresoras, multifuncionales, cartuchos de tinta, tóner, accesorios de computación y material para conexiones de internet, utilizados en diversas unidades académicas de la UAS.
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El monto total de estas compras asciende a 64,770 millones 404 mil pesos distribuidos en 214 transferencias bancarias durante los años 2021 y 2022, superando el límite que exige la ley para la adquisición mediante licitación pública.
¿De que acusan al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
La audiencia, diferida en dos ocasiones a solicitud de la defensa, finalmente tuvo lugar este jueves con una duración de 10 horas. Durante esta, el Juez de Control evaluó los datos de prueba presentados por la FGE, vinculando a proceso a Jesús “M”, Héctor Melesio “C”, Salvador “P”, Soila Maribel “G”, Jorge “P” y Óscar Orlando “G”.
Las medidas cautelares incluyen la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición de salir del país. Además, el rector y dos de los imputados fueron suspendidos temporalmente de sus cargos.
El proveedor César Abraham “C”, quien suministró los productos a la UAS, cooperó con la fiscalía al proporcionar pruebas relevantes, como estados de cuenta bancarios y una relación detallada de las facturas emitidas.
Estos documentos revelaron que las adquisiciones fueron fraccionadas para evitar los procesos de licitación pública. En total, se emitieron 4,457 facturas por un monto de $118,327,837.80 millones, repartidos entre los años 2021 y 2022.
Acusa Fiscalía resistencia de funcionarios acusados
A pesar de la colaboración de César Abraham “C”, de acuerdo con la fiscalía estatal los funcionarios de la UAS no han proporcionado la información solicitada por la FGE, mostrando una resistencia a la transparencia y la rendición de cuentas. Este hecho fue expuesto por la fiscalía durante la audiencia inicial, subrayando que, a pesar de la autonomía universitaria, los imputados son servidores públicos y están sujetos a la ley.
La FGE insistió en que no se trata de un ataque a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino de una acción encaminada a proteger los recursos públicos destinados a la institución. La investigación sigue su curso con un plazo de tres meses para el cierre de la fase complementaria.