MONTERREY. - El Congreso del Estado aprobó cuatro finalistas para encabezar la Fiscalía General de Justicia. Esta lista será enviada al gobernador Samuel García, quien tendrá un plazo de cinco días para devolver a los diputados una terna, de la cual el Legislativo determinará quién asumirá el cargo actualmente ocupado por Pedro Arce, quien ha sido interino desde octubre de 2022 tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, en medio del enfrentamiento con el Ejecutivo por el caso Debanhi.
La lista de candidatos la encabeza el propio Pedro Arce, junto con Genaro García de la Garza, Guadalupe Saldaña y Alberto Barrera Cantú, vicefiscal jurídico de la Fiscalía. Los tres primeros habían sido propuestos en noviembre de 2022, pero la designación se detuvo debido a la confrontación entre el gobernador García y los diputados de oposición del PRI y PAN, quienes tienen mayoría en el Congreso local, lo que llevó a una serie de acciones legales de ambas partes.
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La Comisión Anticorrupción realizó una sesión y, tras revisar una lista inicial de 21 nombres, redujo la selección a cuatro. Esta lista se presentó al Pleno, que aprobó los nombres. Los candidatos serán enviados al gobernador, quien deberá enviar una terna final al Congreso, que elegirá al Fiscal que ocupará el cargo por seis años.
Una vez que el Gobernador Samuel García envíe la lista final de tres candidatos, se les convocará a comparecer ante el Pleno, y posteriormente se elegirá al nuevo Fiscal.
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Acuerdo para omitir el requisito de carta de no antecedentes penales
Los diputados avanzaron en la designación de los cuatro aspirantes a la Fiscalía de Justicia. Debido a la negativa del gobierno estatal a entregar las cartas de no antecedentes penales de los candidatos, la Comisión Anticorrupción aprobó un dictamen relacionado.
"Esta Comisión ha cumplido con procurar el respeto de los derechos de todos los aspirantes y, al mismo tiempo, garantizar los principios rectores de un procedimiento de orden público como el que nos ocupa, por lo que, a la fecha, se cuentan con plenas condiciones para considerar integrados los expedientes de las personas que han cumplido con los requisitos previstos en la Convocatoria y, en consecuencia, se puede emitir la propuesta final de aspirantes", se establece en el dictamen aprobado.
Denuncia por negativa de cartas
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, adelantó que la próxima semana promoverá denuncias contra el titular de la Agencia de Administración Penitenciaria y el Secretario de Seguridad estatal debido a la negativa de entregar las cartas de no antecedentes penales a los aspirantes a la Fiscalía General de Justicia. Las denuncias serán contra el Comisario General de la Agencia, César Daniel Ramírez Acevedo, y el Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla. De la Fuente espera que la bancada del PRI se sume a estas acciones.
El coordinador panista acusó al Ejecutivo estatal de intentar obstaculizar el proceso de selección del Fiscal mediante la falta de entrega de estos documentos.
"El Ejecutivo, a través de estas dos dependencias, está impidiendo la libertad de trabajo del Poder Legislativo, lo que es una situación grave, porque la Corte manifestó que no puede haber una subordinación de un Poder ante otro, y eso es lo que está buscando el Ejecutivo."
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La Suprema Corte de Justicia resolvió en febrero una controversia que había frenado el proceso de selección del Fiscal, que se reanudó el 31 de julio con la solicitud a la Agencia de entregar las cartas a todos los inscritos, lo que no se cumplió.
Por su parte, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, respaldó la postura de la Agencia y acusó a las bancadas del PRI y PAN de buscar entorpecer aún más la elección del Fiscal. "Lo que están haciendo el PAN y el PRI, a través de la Comisión Anticorrupción, es entorpecer más el proceso, dándole largas y leyendo de manera equivocada la orden de la Corte en relación con este tema."
El gobierno estatal, a través de César Daniel Ramírez Acevedo, Comisario General de la Agencia, entregó un escrito en el Congreso en el que se informa que la Secretaría General de Gobierno no puede otorgar las cartas debido a un "impedimento técnico". Según el escrito, el 2 de julio se promovió una queja ante la presidencia de la Suprema Corte por un "exceso en el cumplimiento de la sentencia" por parte del Congreso local. Al no estar resuelta esta queja, no se puede cumplir con el requerimiento del Legislativo.