Puebla, Puebla.- En la Sierra Norte de Puebla hay ríos en los que descansan rocas enormes que nadie puede mover. Nadie, al menos, que carezca de determinación. Cerca de uno de esos ríos, en el municipio de Huauchinango, vive Miriam Vázquez, originaria de Veracruz, que junto con sus hijas menores de edad alguna vez se propuso mover una de esas rocas gigantes. Ataron cuerdas y la movieron por el puro placer de demostrar que cada quien fija sus propios límites.
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Esa determinación acompaña a Miriam en unas cuantas palabras, las necesarias para trastocar un dicho popular y sembrar una idea propia: “dicen que todos debemos poner un granito de arena. Dejemos una pinche piedrísima para que cuando la gente pase recuerde que las mujeres y niñas no se tocan”.
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La roca es el sistema que ha evitado juzgar a Ramón Caro Bones, su expareja, que le ha dicho “voy a dejar a tus hijas sin madre antes de que concluya el proceso en mi contra. Y a esa chismosa de tu hija también la voy a matar”.
La amenaza la hizo al enterarse de que Miriam lo denunció por abusar sexualmente y embarazar a Andrea Mirely Juárez Vázquez, hijastra de Ramón e hija de Miriam, cuando tenía 14 años de edad. Y alcanza también a Paola, otra de sus hijas, quien le dijo a Miriam que el hombre le había pedido que se pusiera un vestido y le tocó las piernas.
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Miriam busca que Ramón Caro Bones sea juzgado no sólo por estupro en la causa penal 63/2022/HUAUCHINANGO, delito por el que alcanzaría una pena máxima de 10 años, sino por estupro con perspectiva de género y que la sentencia sea de alrededor de 40 años, o bien por violación. Su lucha es también por la seguridad de ella, de sus cuatro hijas Andrea, Ximena, Paola, Gianna y de su nieta Sherlyn.
En el camino han sido revictimizadas ella y su hija: se ha enfrentado al tráfico de influencia y a que el caso lo tomen hasta 4 ministerios públicos que, por amenazas o presiones, terminan por renunciar o llegan a las audiencias sin conocer el expediente. Todo retrasa la justicia para Andrea Mirely.
Una historia de terror
Miriam Vázquez y Ramón Caro Bones iniciaron una vida de pareja en el municipio de Huauchinango, Puebla. Miriam ya tenía dos hijas y juntos procrearon a otras dos niñas en una relación que comenzó a tornarse violenta cuando nació la segunda hija de ambos.
“Lo que pasa es que Ramón quería un niño. A partir de entonces siempre lo sentí molesto”, dice Miriam. Al no tenerlo comenzó la violencia física, verbal, emocional, psicológica, sexual y laboral. Hasta que ella decidió separarse.
Del abuso sexual Miriam se enteró cuando Andrea le dijo a una psicóloga del DIF de Huauchinango que la bebé que tuvo a los 15 años de edad era producto de los abusos sexuales que en su contra cometió Ramón. Fue entonces cuando puso una denuncia el 2 de marzo de 2022 por violación equiparada agravada en agravio de la niña Andrea.
Ese día, después de que presentara la denuncia, llegó a su domicilió seguridad pública porque “Ramón me estaba golpeando”, recuerda en una de dos entrevistas con La Silla Rota.
“Más de 10 veces los propios policías me llevaron golpeada a presentar denuncia contra Ramón, y esas mismas 10 veces no me quisieron tomar la denuncia (…) siempre lo protegieron”.
La reacción de Ramón al enterarse de la denuncia fue, aunque ya estaban separados, entrar de forma violenta a la casa de Miriam, el 10 de marzo de 2022, para secuestrar a Andrea Mirely y a una de las dos niñas que procreó con Miriam para huir a Tijuana. Y quiso chantajearla: le devolvía las niñas si retiraba la denuncia en su contra. “Él se ha comunicado para decirme que quite la denuncia, pero no la voy a quitar y quiero de regreso a mis hijas”, declaró en julio de 2022.
Desde entonces, desde que se enteró que lo denuncié “siempre me ha dicho que me va a matar o que va a matar a una de mis hijas, y lo va a hacer, me va a matar”, dijo Miriam.
El 19 de julio de 2022 protestó frente a la Fiscalía General del Estado, acompañada de activistas feministas, para denunciar omisiones ante la violación de Andrea Mirely y la sustracción de las menores de edad. Un mes después, el 19 de agosto, le informaron que sus hijas fueron recuperadas en Tijuana y que estaban en Casa de la Niñez Poblana, y ese mismo día la fiscalía informó de la detención del agresor.
En su traslado de Huauchinango a la ciudad de Puebla intentaron sacar de la carretera el auto de la CEAVI que trasladaba a Miriam y cuando llegó a Puebla no le permitieron ver a sus hijas de forma inmediata. Afuera de la Casa de la Niñez grabó videos que envió a medios de comunicación; en ellos pidió la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta y sólo así le permitieron ver de inmediato a las niñas.
Barbosa Huerta la recibió el 22 de agosto. En rueda de prensa se exhibieron más irregularidades y pidió al entonces gobernador que interviniera porque temía que Ramón Caro Bones la matara. Hasta el 8 de octubre le devolvieron a las niñas y desde entonces quedó a la deriva, afirma la activista Mónica Franco, quien ha acompañado a Miriam.
Los hilos del gobierno poblano
La justicia de Puebla, lejos de proteger a Miriam, ha jugado en su contra una y otra vez presumiblemente por el tráfico de influencias que favorece a Caro Bones, agresor de ella y de su hija: el 19 de agosto de 2022 Lucio León Mata, entonces juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, reclasificó el delito para que al acusado sólo se le imputada estupro.
¿La causa aparente?, la intervención de Celestino Martínez Bones, medio hermano de Ramón, y en ese año juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán. La reclasificación le permitió a Ramón llevar el proceso en libertad siempre que acudiera a firmar de forma periódica.
Fuentes consultadas para este reportaje afirman que Celestino Martínez Bones ha sido un juez cercano a Ardelio Vargas Fosado, un cacique de la Sierra Norte de Puebla que ha sido parte de la Subdirección de Seguridad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y de febrero a septiembre de 2021, en la administración de Barbosa Huerta, subsecretario de Gobernación de Puebla.
Martínez Bones ha participado en casos controvertidos como la liberación inmediata de un reo que enfrentaba dos procesos penales, uno por cohecho y otro por feminicidio. Lo dejó libre por el delito de cohecho porque, dijeron versiones oficiales, él no sabía que también era requerido por feminicidio.
Celestino Martínez Bones aparentemente fue enviado de Zacatlán a Ciudad Serdán en septiembre de 2022 como una especie de castigo; sin embargo, en respuesta a una solicitud de información la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla lo ubica como juez en el Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro con sede en la Ciudad de Puebla.
La reclasificación del delito por el que se acusa a Ramón Caro Bones no pasó desapercibida para el gobernador Barbosa Huerta.
En agosto de 2022 dijo que “no es posible que se hilen tantas bajezas, cosas horribles y que ahora se vea al violador de la niña de 14 años en libertad, bajo argumentos de tres años de diferencia de edad y que fueron relaciones consentidas (…) quiero decirle al Poder Judicial que el victimario tiene 48 años, y la víctima, cuando ocurrieron los hechos, tenía 14”.
Ante la presión el Consejo de la Judicatura informó que iniciaría una investigación “sobre el actuar del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, en torno al caso de un hombre detenido en Huauchinango y vinculado a proceso por la presunta comisión de delitos sexuales contra una menor”.
El caso está plagado de irregularidades y revictimizaciones tanto para Miriam como para su hija Andrea Mirely Juárez Vázquez: Gloria Báez León, Hilda Marina Bonilla Canastillo y Hugo Israel Pineda Cerón, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres, no levantaron las denuncias oportunamente.
Aunque ya desde 2022 Miriam Vázquez afirmaba que “tengo miedo de haber encontrado a mis hijas y quizá no estar para ellas. Temo por mi vida. Ramón siempre me ha dicho que prefiere tener a sus hijas sin madre a que yo termine este proceso”.
Otro funcionario que debió proteger a Miriam terminó abusando de ella: Mario Ocelotl Gómez, adscrito a la Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla, la violó el día en que ella le llevó documentos para que la ayudara a buscar a sus hijas cuando Ramón Caro Bones se las llevó a Tijuana.
Tanto Mario Ocelotl Gómez como Miriam Itzel Chávez Gómez, que era encargada del despacho y asesor jurídico, renunciaron cuando Miriam los exhibió ante el gobernador Miguel Barbosa.
Otro, Hugo Israel Pineda Cerón, “es una persona déspota que sólo me intimidaba diciendo que cuando regresara con mi hija tomaría una declaración. Él me decía que siempre las mujeres llegamos llorando y después hasta pagan la fianza de los agresores”, afirma Miriam.
En queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a la que recurrió para quejarse de las violaciones a sus derechos humanos queda constancia de que Pineda Cerón le dijo que “que no había ningún delito porque mis hijas tenían sus apellidos y que tanto las mujeres como los hombres tienen derechos”.
Pineda Cerón, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de cohecho. Su detención ocurrió cinco meses después de que la Fiscalía General del Estado le entregara un reconocimiento por la “realización de actos para el esclarecimiento de hechos delictuosos relevantes”.
La dilación de la justicia
Han pasado más de cuatro años desde que se supo que Andrea Mirely Juárez Vázquez fue víctima de violación sexual. En declaraciones recientes y sintiéndose más segura y protegida porque su agresor está preso, ha declarado que los abusos comenzaron desde que tenía no 14 sino 12 años de edad.
En este 2024 cumplió la mayoría de edad. El 16 de mayo pasado pidió a la Fiscalía General del Estado que se haga justicia tras ser abusada sexualmente cuando era menor de edad por Ramón Caro Bones, su padrastro.
En video colgado en redes sociales dijo que al principio se atendió su denuncia por violación y después lo reclasificaron como estupro, considerado un delito sexual en el que una persona mayor de edad obtiene el consentimiento para la cópula con una persona menor de edad valiéndose de la seducción o el engaño.
“Tengo miedo de que lo liberen. Temo por mi vida, la de mi hija, la de mi mamá y la de mis hermanas. Él nos ha hecho mucho daño. Somos seis mujeres, por lo cual pido justicia para que no sea liberado”.
El temor de Miriam y su hija Andrea Mirely Juárez Vázquez está fundado en que hasta ahora han sido más las ocasiones en que la justicia poblana acepta las maniobras dilatorias que emprende la defensa de su agresor: a punta de amparos en los que se argumenta que se están violando todos sus derechos al estar detenido, o bien que no hay motivos para estar recluido porque no se ha acercado a Andrea Mirely. Han sido más de 20 los amparos que ha interpuesto en su defensa.
En 2022 en Huauchinango hubo tres casos de violación equiparada y un total de 68 delitos contra la libertad y la seguridad sexual. En el estado, hasta junio de 2024, año en el que se le podría dictar sentencia a Ramón Caro Bones, la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene registrados mil 604 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, 148 son por violación equiparada.
Las amenazas de asesinato
Miriam afirma que aunque Ramón Caro Bones está bajo prisión preventiva justificada necesita de apoyo porque tanto ella como sus hijas y su nieta viven con miedo y bajo un acoso constante que busca intimidarlas: les toma fotografías y hay hombres que vigilan su domicilio.
En julio de este 2024 un sujeto desconocido intentó ingresar a su casa a las 2 horas y nunca acudieron elementos de seguridad, aunque cuando pidió ayuda le dijeron que sí iba a acudir una unidad. Su temor, asegura, es que “me maten y que mis hijas se queden de nuevo a la deriva, a expensas de una persona que puede volver a hacerles daño, y que lo va a hacer porque ya lo hizo cuando éramos una familia”.
Recuerda Miriam también que en otra ocasión personas desconocidas entraron a su casa únicamente a romper los documentos; también le han roto los vidrios de la puerta de la casa para intentar abrirla.
“Estoy segura de que están esperando a que me confíe tantito, es lo que sigue para ellos, porque así actúan; lo va a hacer si no él, su familia”, dice Miriam.