Al considerar que eliminar la prisión preventiva oficiosa impactará en la seguridad pública y gobernabilidad del país y en las entidades federativas, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, junto con los mandatarios que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reconsidere declarar inconstitucional su desaparición.
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Mediante un recurso conocido como “amigos de la corte”, Salomón Jara Cruz hizo llegar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, su preocupación y oposición a que declaren inaplicable la prisión preventiva oficiosa.
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“Esta medida cautelar permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, señaló el gobernador de Oaxaca.
Indicó que gobernadoras y gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que la declaratoria de inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa representaría un grave riesgo para la seguridad nacional y la seguridad de la sociedad en todas las entidades federativas. Además, mediante un mensaje en sus cuentas de redes sociales, el mandatario oaxaqueño respaldó el llamado de las y los integrantes de la Conago a la SCJN.
“Las y los integrantes de la Conago hacemos un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reconsiderar la resolución respecto a la prisión preventiva, un mecanismo que responde a una política de combate al crimen, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito”, dijo Salomón Jara Cruz.
El gobernador también comentó que el escrito fue entregado a al máximo tribunal del país el pasado 26 de abril y se está en espera de una respuesta de la ministra presidenta.
Además, los integrantes de la Conago expresaron que la prisión preventiva oficiosa garantiza un correcto seguimiento de un proceso penal, ayuda al esclarecimiento de los hechos, protege a las víctimas de delitos y procura que el ilícito no quede impune.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”, expresaron los integrantes de la Conago.