Alberto Antonio García, quien se desempeñaba como tesorero de la localidad y era candidato por la alcaldía de San José Independencia, en Oaxaca, habría sido ejecutado con arma de fuego, mientras que su esposa, edil de la localidad, Agar Cancino, presentaba huellas de tortura.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron localizadas en una casa de Isla Viejo, municipio de San Miguel Soyaltepec, a donde fueron llevados luego de ser interceptados cuando viajaban sobre la carretera federal Tuxtepec-Loma Bonita.
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La presidenta municipal ya había denunciado amenazas desde el 2021, año en que fue asesinado su hijo Hendrik.
De acuerdo con datos de la organización Laboratorio Electoral, desde el inicio del proceso, hasta el 9 de abril, suman 52 víctimas de violencia electoral (7 mujeres, 45 hombres) de los cuales 25 eran aspirantes a un cargo de elección popular. El último registrado el pasado 9 de abril corresponde a Julián Bautista Gómez, exalcalde priísta de Amatenango del Valle, Chiapas, quien buscaba reelegirse como alcalde.
En este mes de abril también fue asesinada la candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán. Su asesinato ocurrió el 1 de abril.
En el caso de Oaxaca, en medio del proceso electoral, en marzo de este año fue asesinado el alcalde del municipio de Chahuites, Joaquín Martínez, a las puertas de su domicilio. El político estaba perfilado como candidato suplente a diputado plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El Primer Reporte de Violencia Política realizado por Integralia Consultores señala quem dentro de los factores que están incidiendo en este clima de violenciam está la intervención del crimen organizado como nunca antes en las elecciones locales por tres motivos: diversos grupos criminales en conflicto armado; diversificación de mercados ilícitos; y el número más alto en la historia de presidencias municipales en disputa.
Sin embargo —apunta— existen entidades que son más propensas que otras, según la presencia de cinco factores de riesgo, como son presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico; grupos criminales en conflicto armado; Estado de derecho débil; celebración de elecciones a presidencias municipales; y municipios estratégicos para el crimen organizado con alta competitividad electoral.
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