Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), quien fue asesinado este jueves, era licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal y Constitucional y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, según se puede constatar en el portal de transparencia del organismo.
Contaban con una trayectoria enfocada en el Poder Judicial, según revela su hoja de vida contaba con diplomados en temas de interpretación, argumentación jurídica y derecho electoral, cursados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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Asimismo, incursionó en la docencia debido a que fue profesor en la Escuela de Derecho del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, y en la UNAM.
Fue asesor jurídico de diputados y algunos servidores públicos; así mismo trabajó como servidor público en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
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Un nombramiento a modo
La llegada de Alvear al IMIPE se dio en medio de un proceso exprés, impulsado durante en la LIII legislatura, cuando el diputado priista Mario Chávez, a quien Alvear asesoraba, propuso una reforma a la Constitución del Estado de Morelos para elevar de tres a cuatro consejeros.
Tras ser aprobada la citada reforma y lanzar la convocatoria para elegir una persona que supliría la consejería acéfala y el nuevo espació que se abrió, curiosamente las personas electas y designadas por siete años como comisionados, a unos días de que concluyera la legislatura, fueron Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez, padre del entonces diputado Julio Yáñez Moreno.
Sin embargo, la comisionada presidenta del IMIPE en turno Dora Ivonne Rosales se negó a tomarles protesta argumentando que no había recursos.
A unos meses del arribo de la nueva legislatura LIV, las y los diputados aprobaron el decreto mil 109 publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el 24 de marzo del 2021, donde quedaba sin efecto el nombramiento.
Entonces, Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, iniciaron una lucha jurídica promoviendo el amparo 523/2019 y en abril del 2021 lograron obtener el aval de los tribunales donde se resolvió que ya no existe impedimento legal para cumplir con el decreto que dio pie a su nombramiento.
Tras tomar posesión del cargo, ambos comisionados exigieron a la titular que les pagara lo correspondiente a dos años y siete meses de sueldo ante la falta de presupuesto hasta ahora no les ha sido pagado.
Tras varias gestiones en el Congreso de Morelos, en diciembre pasado las y los diputados de la legislatura actual, concedieron un presupuesto para este 2024 de 25 millones de pesos, el mismo monto del año pasado, pero dentro de ese recurso etiquetó 5 millones 600 mil pesos para que se pagaran los laudos pendientes (promovidos por Alvear y Yáñez).
No obstante, tomar ese recurso implicaría que el IMIPE tendría recursos para la operación y funcionamiento hasta el mes de agosto.
Alvear en su calidad de presidente, impugnó el presupuesto y aún está en curso el procedimiento.
La determinación de Alvear de no disponer del recurso etiquetado por el Poder Ejecutivo para realizar el pago de los laudos generó una severa confrontación con el comisionado Yáñez con quien sostenía acalorados debates, según revelaron algunos trabajadores del IMIPE.
El papel de Alvear en el IMIPE
El IMIPE lleva más de 10 años fungiendo como un elefante blanco, según han acusado periodistas, activista y el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas debido a la permisividad, opacidad, omisión e incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En los dos periodos en los que Alvear Sánchez estuvo al frente de la institución (respaldados los comisionados Roberto Yáñez Vázquez, Hertino Áviles y las comisionadas Xitlali Gómez y Karen Patricia Flores Carreño) la opacidad prevaleció al interior del IMIPE debido a que ni siquiera cumplía con transparentar la información que por ley debía integrar en la Plataforma Nacional de Acceso a Información a través de datos abiertos.
Por ejemplo en tan solo en 2023, el IMIPE incumplió con realizar las evaluaciones a los sujetos obligados y en lo que va del 2024 tampoco han realizado evaluación alguna. Avelar, se caracterizó por retrasar las impugnaciones presentadas por ciudadanos en contra de sujetos obligados que sin razón alguna o argumento legalmente válido se negaban a entregar la información solicitada.
En la mayoría de los casos resolvía a favor de los sujetos obligados sin garantizar el derecho de acceso a la información a las y los ciudadanos.
Así ocurrió con información solicitada al Congreso de Morelos sobre las nóminas, o con la Secretaría de Salud del Gobierno de Morelos que se ha negado a transparentar las compras y adquisiciones sobre todo en el periodo de pandemia de COVID-19.
De acuerdo al Centro de Morelos Rinde Cuentas, son por lo menos 2 mil 500 recursos pendientes por concluir.
Los escándalos del IMIPE
Las y los comisionados del IMIPE se vieron envueltos en una polémica, luego de que el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas reveló gastos excesivos en comidas en restaurantes de lujo y más de 100 mil pesos en gasolina solo en 2022.
Entre los gastos escandalosos, que se conocieron por las facturas que entregaron para comprobar su gastos de representación, fueron más de 2 mil pesos en la compra de docenas de estos alimentos, entre las que figuran donas de de Krispy Cream. En el caso de Alvear Sánchez gastó 84 mil 468 pesos , que justificó diciendo que compró gasolina y comida por ejemplo en el restaurante Gusto.
Por ejemplo, al ser cuestionado sobre los gastos excesivos intentó desviar la información cuestionando el papel e intereses que pudiera tener Morelos Rinde Cuentas para hacer ese tipo de solicitudes y ventilar la información, en lugar de responder porque se tenían ese tipo de gastos.
¿Qué es el IMIPE?
En teoría, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) es un organismo constitucional e independiente de los poderes públicos estatales que tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública.
Entre sus principales objetivos se encuentra respetar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Morelos, fomentar la cultura de la transparencia, tutelar el ejercicio del derecho a la protección de datos y la adecuada gestión documental.