MEXICALI. - Un empleado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue detenido en Tijuana, Baja California por cargos federales y posteriormente liberado por un juez federal. De acuerdo con las primeras versiones, el detenido es Marte Antonio Camacho Solano, y la decisión del juez Óscar Saúl Cortéz Ortíz obedeció a fallas en el procedimiento a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Camacho Solano, de acuerdo con datos de la investigación FED/BC/0000550/2024, fue detenido en un domicilio al sur de Tijuana junto a una mujer identificada como María Elizabeth Paredes Sánchez.
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Fuentes cercanas a la información oficial refirieron que a la pareja le fueron asegurados poco más de un millón de pesos y 27 mil dólares en efectivo, además de 15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva.
También se encontraron cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que entraba al estado, con la intención de llegar a Estados Unidos.
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De acuerdo con información pública, Camacho Solano es empleados del instituto al menos desde 2009, en la ciudad de Ensenada. Versiones periodísticas indican que actualmente se desempeñaba como encargado de la estación migratoria Tijuana, pero esto no ha podido ser corroborado oficialmente. De Paredes Sánchez no hay por el momento que la vinculen al instituto de migración.
¿Qué dicen las autoridades?
En un principio el INM se mantuvo en silencio, fue por la tarde de este 20 de marzo cuando se lanzó una tarjeta informativa y dijo:
“El Instituto Nacional de Migración (INM) determinó separar de sus funciones a dos agentes migratorios que estaban adscritos a la Oficina de Representación (OR) en Baja California, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por presuntos actos ilícitos”.
Además de que el INM se ha puesto a disposición para colaborar con el Área de Especialidad de Control Interno en el Ramo Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), además reconoció que uno de los empleados estaba asignado a la garita “El Chaparral”, en el municipio de Tijuana, Baja California. La otra persona realizaba funciones administrativas en la Oficina de Representación (OR).
La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que los oficiales “venían trabajando desde hace ya varias administraciones, salieron libres y nuevamente (se presenta) ese tema, de los jueces que dejan en libertad (a los presuntos criminales)".
"Es un tema federal y se hará cargo la Fiscalía General de la República”, dijo.
La Fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, confirmó los hechos y dijo que este asunto sí se trata de fuero federal por lo que las autoridades federales "llevaran a cabo su procedimiento, su investigación, la detención derivada de ese cateo y judicializaron ante el juez federal a las personas”.
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