Tras sufrir un atentado el pasado 1 de febrero, donde su camioneta fue incendiada después de concluir una entrevista, la periodista Yolanda Caballero usó sus redes sociales para aclarar que no ha acusado directamente a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de estar detrás del ataque.
En su declaración, expresó decepción por las reacciones oficiales, particularmente por comentarios del secretario de Bienestar, Gerardo López, y mencionó haber sido etiquetada como "conflictiva" por la propia alcaldesa. Caballero sostiene que estas acusaciones no justifican su inclusión en un programa de protección para periodistas, la cual fue motivada por amenazas previas, especialmente del director de Comunicación, Miguel Angel Torres.
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"Me han llamado personas cercanas para hacer un acuerdo porque quieren que esta investigación no siga adelante, pero yo no voy hacer ningun acuerdo, no es de llegar a acuerdos es de llegar a las últimas consecuencias", compartió en un video en redes sociales.
La periodista enfatizó su negativa a aceptar cualquier acuerdo que pretenda detener su investigación periodística, subrayando su compromiso con la integridad y la necesidad de señalar las deficiencias gubernamentales sin que ello implique una enemistad con funcionarios. Aunque evitó señalar directamente responsables, indicó sospechas hacia la presidencia municipal después de las recientes declaraciones de sus representantes.
Este incidente ocurre en un contexto donde México figura como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. La violencia contra periodistas ha sido una constante, con numerosos casos de asesinatos y agresiones reportados anualmente.
La situación de Caballero desató críticas en redes sociales sobre la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección para periodistas en México. La libertad de prensa y la seguridad de quienes ejercen el periodismo son fundamentales para garantizar el derecho a la información de la sociedad. Los ataques contra periodistas no solo ponen en riesgo la vida de los comunicadores sino que amenazan la democracia al intentar silenciar voces críticas.
La comunidad periodística y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han llamado a acciones concretas para asegurar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo. Mientras tanto, la determinación de Caballero de continuar su labor pese a las amenazas refleja el compromiso de muchos periodistas con la verdad y la justicia en un país marcado por la violencia.