El morenista y presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo, está ejerciendo violencia política contra la síndica, tres regidoras y dos regidores, a quienes no les ha pagado algunas quincenas y prerrogativas. En algunos casos, el retraso va de 14 a 20 meses, lo que dejará una deuda millonaria por este concepto para la próxima administración.
Lo anterior fue denunciado por Carmen Genis Sánchez, regidora de Cuautla por Morena, quien señaló que desde hace casi dos años no ha recibido las prerrogativas económicas que le corresponden, acumulando un adeudo superior a un millón de pesos por parte del alcalde Rodrigo Arredondo.
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Además, la primera quincena de este mes tampoco se le pagó su salario como integrante del cabildo, lo que calificó como un acto de violencia política.
“El día de hoy, 23 de diciembre de 2024, presenté un escrito de demanda de juicio para la protección de mis derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en contra del C. Rodrigo Arredondo López, presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, debido a que ha incurrido en actos que constituyen violencia política en mi contra”, declaró en conferencia de prensa, acompañada y respaldada por integrantes del Observatorio de Paridad de Género y Violencia Política.
Subrayó que, con la suspensión del pago de las prerrogativas, se le ha obstaculizado su desempeño como regidora.
“Esto afecta directamente el cierre de mis actividades como regidora. Esta situación no solo perjudica el ejercicio de mis funciones, sino que también limita mi capacidad de ejercer mis responsabilidades y me ha afectado directamente como mujer en el servicio público”, apuntó.
Genis detalló que esta situación se originó tras negarse, junto con otros regidores, a respaldar decisiones del alcalde que consideraron irregulares.
Violencia política por razón de género
Perla Pedroza, abogada electoral e integrante del Observatorio de Paridad de Género y Violencia Política, explicó que en el caso de Carmen Genis se trata de violencia política por razón de género, al considerar todos los actos cometidos en su contra.
“De manera aislada podría observarse como violencia política, pero en conjunto se constituye violencia de género, puesto que no solo se trata de la suspensión de las prerrogativas: se le sometió a violencia en sesiones de cabildo, se le inició una campaña de desprestigio haciendo uso de medios de comunicación, lo que derivó en que un grupo de personas llegara a sus oficinas con pancartas donde se le acusaba de corrupta. Esa situación representó un riesgo importante, y ahora se suma la retención de su quincena”, detalló la abogada.
Es decir, apegándose a las normas y leyes, esta medida forma parte de un patrón de violencia política por razón de género, apuntó.
“No podemos permitir que se normalice este tipo de violencia en contra de una funcionaria pública”, señaló Pedroza.
Detonantes de las violaciones
Entre las anomalías destaca la desaparición de 19 millones de pesos del DIF municipal en 2022, recursos que no aparecen en la cuenta pública. Sobre este caso, apuntó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual sigue sin avances. “A decir del propio Arredondo, cobró unos favores políticos y por eso se congeló la denuncia”.
Sin embargo, lo que más molestó al edil morenista fue que no aprobaran la Ley de Ingresos y Egresos tanto del 2023 como del 2024, además de no firmar documentos relacionados con el manejo presupuestal.
La violencia política versus deuda municipal
En octubre de 2023, Arredondo destituyó de manera ilegal a la regidora por el PRI Rosa Merrtaha Nava Oliva y al morenista Braulio Olivar Hernández por no aprobar la Ley de Ingresos y Egresos de ese año. Hasta este momento se les adeudan 14 meses de salario y prerrogativas. En su momento (hace más de un año), ambos iniciaron juicios para la protección de sus derechos electorales, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó su reinstalación, pero hasta el momento Arredondo se ha negado a cumplir.
En el caso de Carmen Genis, quien ha sido blanco de violencia política de género desde febrero de 2023 por negarse a avalar la Ley de Ingresos y Egresos por considerarla violatoria de los derechos ciudadanos, se le adeudan 20 meses de prerrogativas y la primera quincena de diciembre.
A la síndica, también morenista, Norberta Cevallos Neri, se le adeuda la quincena de diciembre. Tampoco quiso aprobar jubilaciones.
En tanto, a la regidora por Movimiento Ciudadano, Yuliana Trujillo, se le deben prerrogativas desde septiembre de 2023, es decir, hace 10 meses, además de la quincena actual.
Por último, al regidor priista Miguel Barranco se le adeuda la primera quincena de diciembre.
Prácticamente en todos los casos ya se presentaron denuncias ante el Tribunal Estatal Electoral.
Solidaridad de feministas
Daniela Albarrán y María Trinidad Gutiérrez, integrantes del Observatorio de Paridad de Género y Violencia Política, expresaron su respaldo a la regidora Carmen Genis, al tiempo que condenaron enérgicamente los actos de violencia política en su contra.
El grupo, comprometido con la erradicación de la violencia política contra las mujeres, urgió a las autoridades electorales, judiciales y de derechos humanos a intervenir de manera efectiva para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres en el ámbito político.
El Observatorio de Género y Violencia Política subrayó que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático de agresiones hacia las mujeres que desempeñan cargos públicos.
Integrantes del Observatorio demandaron al Tribunal Estatal Electoral (TEE) que actúe con celeridad y firmeza para evitar la repetición de casos como el de Carmen Genis y avanzar hacia una democracia paritaria y libre de violencia.
Finalmente, recalcaron que el Observatorio continuará con su labor de monitoreo y acompañamiento en casos de violencia política, como el de la regidora Genis, reafirmando su compromiso con la construcción de un entorno político más justo y equitativo.