Integrantes de colectivos de familiares de víctimas de la violencia y postulantes a la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos denunciaron que el proceso realizado por el gobierno estatal fue simulado y que la terna presentada está completamente amañada.
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Tras la postulación de siete personas por parte de colectivos y víctimas, la Subsecretaría de Gobierno seleccionó una terna integrada por Leonel Díaz Rogel, encargado de despacho de la Comisión de Búsqueda; Elizabeth Lázaro Torres, ex subprocuradora regional de la zona sur de Morelos y ex representante del partido Morena en las elecciones del 2018; y Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza, director de Coordinación de Acciones de Búsqueda en la misma comisión.
Este jueves se llevó a cabo una entrevista a puerta cerrada, en la solo estuvieron presentes:el subsecretario, el director de derechos humanos, el representante del jurídico y dos directores más, el secretario de gobierno, Juan Salgado Brito afirmó haber participado al inicio de la sesión, pero posteriormente se retiró. También estuvieron presentes representantes de algunos colectivos.
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Antes del evento, integrantes de al menos tres colectivos —Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones, Colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos y Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla— ofrecieron una conferencia de prensa para fijar postura frente a la convocatoria y el proceso de selección.
Fabiola Cruz Barrios, Edith Hernández y Amalia Hernández dieron lectura a un manifiesto en el que expresaron su rechazo al procedimiento. Denunciaron que no se cumplieron los lineamientos establecidos en las leyes generales y locales en materia de desaparición forzada, dejando fuera la participación efectiva de las familias afectadas.
Criticaron que dos de los perfiles propuestos, Elizabeth Lázaro Torres y Leonel Díaz Rogel, no cumplen con los requisitos mínimos estipulados en la legislación, mientras que consideraron insuficiente la experiencia del tercer candidato, Óscar Alfredo Valdepeña Mendoza. Además, acusaron que Díaz Rogel habría sido favorecido desde el inicio del proceso.
Los colectivos exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia revocar esta terna y garantizar un procedimiento transparente, con la participación activa de las familias y colectivos, para elegir al perfil más idóneo en beneficio de las víctimas y la sociedad morelense.
Amalia Hernández, del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, denunció diversas irregularidades en la convocatoria, entre ellas su breve duración de solo cinco días, emitida mientras los colectivos se encontraban realizando exhumaciones en las fosas de Jojutla.
“Fueron apenas cinco días de convocatoria, lanzada mientras los colectivos estábamos enfocados en las exhumaciones de Jojutla. Después, las reuniones se llevaron a cabo a puerta cerrada con los siete postulados; nunca se hicieron públicas, y tampoco sabemos quiénes formularon las preguntas”, señaló.
Hernández calificó el proceso como una simulación y lamentó que la terna estuviera amañada, destacando la importancia de la Comisión de Búsqueda como una esperanza frente a las barreras impuestas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La Comisión es nuestra última carta. Nos permite enfrentar las trabas que la Fiscalía pone en nuestro camino mientras buscamos a nuestros seres queridos”, afirmó con determinación.
Los postulados rechazados
Este periodista buscó a las cuatro personas que fueron postuladas para ser titulares de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Morelos, y finalmente la Subsecretaría de Gobierno las eliminó bajo criterios que no fueron transparentados. Se trata de: María Sol Berenice Salgado Ambros, Carlos Alberto Flores García, Osmany Licona Quiterio y Alfredo Velázquez Lara.
En entrevistas por separado, coincidieron en que hubo muchas trabas, incluso desde el momento de la entrega de la documentación solicitada. Además, destacaron que se les avisó apenas unas horas antes de la cita que debían tener para ser entrevistados por el subsecretario.
Por su parte, María Sol Berenice Salgado Ambros, ex candidata a titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso de selección de la terna final. "Es un proceso simulado, donde los perfiles seleccionados no cumplen con los requisitos que exige la ley", señaló en entrevista para este medio.
La activista y excomisionada en el Estado de México detalló que la ley general y la local estipulan que la persona titular debe contar con experiencia mínima de dos años en búsqueda, investigación, ciencias forenses, derechos humanos o atención a víctimas. Sin embargo, indicó que, de los tres perfiles seleccionados, al menos dos carecen de dicha experiencia.
Salgado explicó que la convocatoria inicial incluía pasos como la publicación de perfiles y entrevistas con colectivos, pero afirmó que no se cumplieron de manera transparente. "Nos encontramos con una terna que ya estaba decidida de antemano, dejando fuera a quienes sí cumplían con los requisitos", agregó.
Finalmente, criticó que decisiones de esta índole perjudican directamente a las familias y a las personas desaparecidas. "Es lamentable que se utilicen estas instituciones para cumplir compromisos políticos, dejando de lado el objetivo principal: la búsqueda efectiva y la justicia para las víctimas", concluyó.
En tanto, Osmany Licona, maestro en Derecho y experto en derechos humanos, señaló irregularidades en el proceso de selección relacionado con colectivos y víctimas indirectas. Según Licona, se vulneraron sus derechos al no permitirles conocer los perfiles de los aspirantes, mientras que la conformación de la terna se realizó de manera subjetiva y sin criterios claros.
Asimismo, destacó que la convocatoria ha excedido los plazos establecidos, lo que deja en incertidumbre a los participantes, quienes tampoco recibieron justificación sobre su exclusión. "Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; de lo contrario, se revictimiza a las víctimas y a los colectivos", afirmó.
Licona advirtió que estas irregularidades podrían derivar en acciones legales, enfatizando la necesidad de un proceso transparente en beneficio de la sociedad.
Mientras tanto, Alfredo Velázquez Lara, aspirante a dirigir la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, calificó como "viciado, amañado y poco transparente" el proceso de selección. Señaló que, aunque logró registrar su candidatura de forma independiente, enfrentó obstáculos como notificaciones tardías y requisitos no especificados en la convocatoria.
"Recibí la notificación de la entrevista con menos de 24 horas de anticipación y, aunque llegué tarde por minutos, no se me permitió participar. Esa misma tarde ya se había definido la terna final", comentó.
Velázquez criticó que no se tomara en cuenta la voz de los colectivos en las entrevistas y apuntó que dos de los finalistas actualmente trabajan en la comisión. "Esto parece más una elección de Estado que una democrática basada en capacidades", afirmó.
Aunque considera que hay elementos para impugnar el proceso, indicó que esperará los pronunciamientos finales, confiando en que los colectivos y las familias afectadas expresen su postura.
Carlos Alberto Pérez García, aspirante a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos, denunció irregularidades que, asegura, ponen en duda la transparencia del proceso de selección.
Pérez García relató que desde la etapa inicial se presentaron obstáculos administrativos, como solicitudes repetitivas de documentos y notificaciones con tiempos insuficientes para cumplir los requisitos. “Hubo un claro hermetismo y desorganización. En un caso, me notificaron con solo hora y media para reenviar un currículum que ya había entregado previamente”, señaló.
Durante la entrevista con los evaluadores, el aspirante también detectó inconsistencias. “Las preguntas no estaban bien planteadas, lo que refleja un desconocimiento del tema por parte del panel. Además, hubo cambios de horario de última hora, lo que dejó ver un proceso desordenado”, afirmó.
Respecto a la integración de la terna final, Pérez García calificó el procedimiento como “viciado”, al incluir al encargado de despacho de la comisión, un trabajador de la misma dependencia y una exrepresentante de Morena. “Todo indica que el proceso estuvo manipulado para beneficiar al encargado de despacho, quien claramente es el candidato preferido del gobierno estatal”, expresó.
El aspirante también cuestionó los perfiles seleccionados, asegurando que algunos no cumplen los requisitos legales establecidos. “Iniciar un proceso con estas irregularidades vulnera la confianza de las víctimas y los colectivos que impulsaron candidaturas con propuestas legítimas. Esto es una falta de respeto hacia quienes buscan justicia y verdad”, concluyó.
Por su parte, los cuatro postulantes rechazados aseguraron que están evaluando la posibilidad de impugnar los resultados del proceso de selección. Hasta ahora, las autoridades no han emitido comentarios al respecto.
Postura oficial
El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, rechazó cualquier vínculo político en la reciente designación, asegurando que el proceso se basa en el consenso.
“Las decisiones pueden no ser del agrado de todos, pero en un sistema democrático lo que prevalece es la voluntad de las mayorías. Este no es un proceso oculto, sino transparente, y no hay ningún tipo de compromiso político”, afirmó Salgado Brito.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez, defendió la transparencia del proceso de designación en la Comisión de Búsqueda, asegurando que las entrevistas realizadas fueron para evaluar el conocimiento de las personas aspirantes respecto a las necesidades del área. A pesar de ello, las críticas no tardaron en surgir, apuntando presuntas irregularidades y conflictos de interés.
En una entrevista, Peláez destacó que “se revisaron las entrevistas, los perfiles, y se eligieron los mejores perfiles”. Sin embargo, colectivos y familiares de víctimas han calificado el proceso de "amañado", alegando que personas vinculadas a Morena, como exfiscales y exrepresentantes del partido, fueron favorecidas.