La tarde del domingo 15 de diciembre, habitantes de Hueyapan se congregaron en la plaza principal, frente a la ayudantía municipal, una construcción pintada de amarillo que destaca como punto de referencia en la comunidad. La convocatoria era clara: asistir a una asamblea general para tratar temas cruciales para el municipio indígena. La cita convocada por el Concejo Mayor buscaba aprobar los nuevos estatutos que regirían la vida del pueblo. La presencia de los concejales, con la mesa de discusión al frente, marcaba el inicio de una jornada cargada de tensión y protesta.
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La propuesta de los nuevos estatutos
Al llegar al lugar, los asistentes se encontraron con varias sillas negras dispuestas bajo una lona verde, con una mesa larga al centro, cubierta por un mantel también verde, y un par de micrófonos que señalaban el espacio donde el Concejo Mayor tomaría la palabra. Aunque la asamblea estaba convocada para todas y todos los habitantes, muchas sillas permanecieron vacías, reflejo de la creciente inconformidad y la desconfianza acumulada entre los pobladores. Aquellos que se presentaron, lo hicieron con el propósito de expresar su desacuerdo con las decisiones que se tomarían ese día.
Los concejales iniciaron la sesión anunciando que el propósito de la reunión era presentar y votar, con carácter urgente, los nuevos estatutos del municipio. Estos, según informaron, fueron elaborados previamente por el Concejo, aparentemente tomando en cuenta las propuestas recibidas de los barrios y las mayordomías. No obstante, los rumores sobre las posibles modificaciones ya habían circulado, y la comunidad no estaba dispuesta a aceptar cambios que consideraban injustos.
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Rechazo y protestas de la comunidad
De inmediato, comenzaron a escucharse protestas. La información, que había sido previamente rechazada en varias asambleas, no pasó desapercibida. “En junio pasado ya les dijimos que no”, señalaron varias voces, según se observa en transmisiones en vivo realizadas ese mismo día. En esa ocasión, el Concejo había propuesto modificar las normas comunitarias, pero el rechazo fue absoluto. En respuesta a esa negativa, el Concejo había decidido presentar nuevamente los estatutos para su aprobación sin consultar adecuadamente a la población.
El Pueblo Habla
Entre los asistentes estaba Delia Ramírez Castellano, ciudadana de Hueyapan y miembro del grupo Tizuame y Vivir en Comunidad, quien no tardó en expresar su rechazo a las modificaciones. Delia destacó que los nuevos estatutos no solo violaban los derechos de la comunidad, sino que representaban una vulneración directa a principios fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los artículos que más causó indignación fue el 33, que estipula que cualquier persona que se ausente del pueblo por más de un año perdería automáticamente su ciudadanía.
Para Delia, esto equivale a un destierro, pues aquellas y aquellos que no pudieran regresar por motivos laborales o personales quedarían fuera del pueblo sin posibilidad de volver. “Este artículo no es solo injusto, es un destierro. No tiene sentido que nos traten como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra”, afirmó Delia, visiblemente molesta.
El Capítulo Quinto: Pérdida de la Ciudadanía Comunitaria y Separación de la Comunidad, Artículo 33, establece de manera textual: "La ciudadanía comunitaria se pierde por las siguientes causas: 1. Renuncia expresa ante las autoridades comunitarias. 2. Abandono de la jurisdicción municipal por más de un año sin previo aviso a la autoridad comunitaria. 3. Incumplimiento de obligaciones comunitarias. 4. Conducta conflictiva, que altere o afecte la vida comunitaria o se oponga al progreso de la comunidad. 5. Condena por delito doloso ante la justicia ordinaria. 6. Negarse injustificadamente a cumplir un cargo comunitario asignado por las autoridades. 7. Otras causales determinadas por la Asamblea General."
Este artículo, en particular, ha generado gran preocupación, ya que no solo afecta a los habitantes que se ausentan por razones laborales o familiares, sino que podría interpretarse como una forma de despojar a los habitantes de sus derechos fundamentales sin considerar sus circunstancias.
Restricciones a la libertad de expresión y otros puntos controvertidos
Otro de los artículos que generó rechazo fue el que prohíbe a los habitantes grabar las asambleas generales o divulgar cualquier tema relacionado con el municipio sin la autorización expresa del Concejo Mayor. Según Delia, esto representa un ataque directo a la libertad de expresión, un derecho que, aunque fundamental, se vería restringido si estos estatutos fueran aprobados. “Nos están diciendo que no podemos hablar, que no podemos compartir lo que pasa aquí. Nos están robando nuestra voz”, agregó.
El artículo 59, fracción VII, también ha causado controversia. Este establece la restricción de la libertad de expresión, sancionando a aquellos que critiquen al Concejo Mayor o a las autoridades comunitarias a través de redes sociales. El texto de dicho artículo reza:
"Artículo 59, fracción VII: Limita la libertad de expresión al sancionar críticas hechas en redes sociales."
Estas disposiciones son percibidas como un intento por silenciar las voces disidentes dentro de la comunidad. Para muchos, este tipo de sanciones son una clara violación a los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información, pilares básicos de cualquier democracia.
Análisis Jurídico: Violaciones al Marco Legal
De acuerdo a abogados y abogadas consultadas, diversas disposiciones nacionales e internacionales protegen la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2): Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a conservar sus instituciones internas.
- Convenio 169 de la OIT: Exige consulta previa, libre e informada ante cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Obliga a los Estados a obtener el consentimiento previo y libre de estas comunidades antes de adoptar medidas que las impacten.
- Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Morelos: Salvaguarda el derecho de las comunidades indígenas a regirse por sus propias normas, siempre respetando los derechos humanos.
A pesar de estas garantías, las acciones del Concejo Mayor carecen de sustento legal y violan el consenso comunitario.
Un conflicto de fondo
Delia insistió en que estos artículos no solo violaban derechos humanos básicos, sino que también contradecían acuerdos internacionales que protegen a los pueblos indígenas. La comunidad había estado trabajando en la defensa de sus derechos y la preservación de sus tierras, pero los nuevos estatutos amenazaban con despojar a los habitantes de Hueyapan de su libertad y su autonomía. “Nos están imponiendo normas que ni siquiera se tomaron en cuenta durante las asambleas de los barrios. Los concejales se están saltando la voluntad del pueblo”, señaló Delia.
Guillermina Maya Rendón: De Concejal a Diputada Local, en el Centro de la Controversia en Hueyapan
De acuerdo con información obtenida por esta periodista en conversaciones con personas originarias de Hueyapan, quienes pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, Guillermina Maya Rendón, actual diputada local por el estado de Morelos, ha sido una figura clave en los recientes conflictos que han sacudido al municipio indígena. Antes de su ascenso a diputada, Maya Rendón fue concejal del municipio, y su historia en la política local comenzó mucho antes de su retorno a México.
De Hueyapan a Estados Unidos y su regreso a la política loca
Maya Rendón, originaria de Hueyapan, emigró a Estados Unidos, donde residió durante casi 12 años. Fue en ese período en el extranjero donde, según algunos de sus conocidos, comenzó a desarrollar sus inquietudes políticas. En 2019, tras su regreso a Hueyapan, se conectó con varias personas influyentes dentro de la comunidad y comenzó a tejer alianzas que la llevaron a postularse como concejal. Desde entonces, ha jugado un papel fundamental en la política local.
La intervención del Concejo Municipal y el cuestionamiento a sus decisiones
Sin embargo, su ascenso político no ha estado libre de críticas. Miembros de la comunidad la acusan de traicionar los intereses de los pueblos indígenas, una labor que, según sus detractores, debería haber sido una prioridad en su mandato. Las tensiones se avivaron cuando Maya Rendón, en su calidad de vocera del Concejo Municipal, impulsó decisiones que fueron rechazadas por la asamblea de la comunidad. A pesar de las críticas, ella logró ganar terreno político y, en 2021, alcanzó la diputación local.
Exigencias de la comunidad
Hoy, la comunidad exige que Maya Rendón respete las decisiones tomadas en asamblea, pidiendo la intervención de las instituciones pertinentes para garantizar la protección de sus derechos. Las disputas, según los habitantes, no se limitan solo a la gestión actual, sino que se remontan a intentos previos de repartir el territorio sin el consentimiento de los afectados. Las demandas también incluyen que cualquier modificación al sistema normativo se realice de manera consultada y participativa.
La Intervención de las autoridades y el llamado a la seguridad
Con el conflicto en aumento, los habitantes de Hueyapan han solicitado a las autoridades locales y federales que garanticen su seguridad y el respeto a sus derechos. Responsabilizan al Concejo y a las autoridades locales por cualquier agresión futura, citando un historial de violencia, incluido un intento de ataque a varias mujeres en 2020. Con esta situación aún pendiente, la comunidad pide que no se repitan los mismos errores del pasado.
Un llamado a la justicia
En un comunicado de prensa difundido por habitantes lanzan un pliego petitorio:
- La anulación de la asamblea del 15 de diciembre y cualquier disposición aprobada en violación al marco legal.
- La intervención de las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la autonomía de Hueyapan.
- La aplicación de consultas previas, libres e informadas en cualquier reforma normativa futura.
La autonomía de los pueblos indígenas no debe ser objeto de manipulaciones políticas ni intereses particulares. Garantizar sus derechos es esencial para preservar la justicia y la legalidad.
Derecho de réplica
El concejal municipal de Hueyapan, Morelos, Agustín Pérez Jiménez, aclaró a La Silla Rota, que si bien se llevaron a cabo varios “talleres” para buscar una modificación estatutaria en la vida de la comunidad, no se logró el consenso necesario y en consecuencia, las propuestas finales no se sometieron a votación.
Detalló, además, que se ha malinterpretado una propuesta para modificar el artículo 33 del Estatuto, en donde se pide incorporar que la ciudadanía se pierde “por abandonar la jurisdicción municipal por más de un año sin previo aviso a la comunidad. La norma, detalló, es una propuesta que busca evitar que la ciudadanía abandone sus responsabilidades comunitarias, pero no ha sido aprobado.
“Por eso se deben aclarar dos cosas: la ciudadanía no se pierde automáticamente por ausentarse de la comunidad, ni la ciudadanía de las personas migrantes está en riesgo; y, como propuesta, no se tata de una imposición, sino de una norma que la misma ciudadanía puede proponer modificar o eliminar”, indicó.
Subrayó que en la Asamblea General del 15 de diciembre pasado no se aprobó ninguna disposición en violación al marco legal.
Vea aquí el documento íntegro con la réplica del Concejo Municipal de Hueyapan
VGB