Paola Morales, fundadora de la asociación de colombianos en Baja California, denunció a personal del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de ser retenida en un filtro que autoridades migratorias tienen en el aeropuerto de Tijuana.
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La activista tiene residencia legal en México por vínculo familiar y cuenta que fue víctima de malos tratos, le quitaron temporalmente sus teléfonos celulares con los que videograbó parte de lo ocurrido y recibió amenazas de muerte.
“Me torturaron psicológicamente”, afirmó en entrevista telefónica con La Silla Rota tras presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), donde ya acudió también a ampliar su declaración.
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Dice que han sido días de terror e intranquilidad por su seguridad y la de su familia, sin descontar que es la segunda ocasión que es retenida en el filtro migratorio después de un viaje al centro del país para reunirse con autoridades federales como parte de su activismo.
En esta ocasión, todo comenzó cuando al pasar por el filtro del INM tomó fotografías de la habitación en la que son retenidos los extranjeros que no pueden comprobar su estancia legal en el país.
“Porque yo dije: ¡Guau, tienen esto lleno! No deberían tener a niños detenidos porque eso es ilegal”, menciona.
El filtro y la retención
Eran los primeros minutos de la madrugada del miércoles 2 de octubre y los alrededores del aeropuerto Abelardo L. Rodríguez eran un caos a consecuencia de un bloqueo ciudadano de las vialidades para llegar al acceso.
Paola recuerda que su vuelo aterrizó con un retraso de casi cinco horas a consecuencia de la neblina y una escala.
Cansada, caminaba a la salida del aeropuerto pero antes tenía que pasar por el filtro de migración que ya conocía, donde elementos del INM piden a la población mexicana mostrar su identificación oficial y separa a los extranjeros a una habitación contigua.
La fundadora de la asociación de colombianos en Baja California afirma que llevaba pasaporte y la residencia a mano cuando la sacaron de la fila y le pidieron su documentación.
El agente, continúa, le dijo que el pasaporte estaba vencido y sería deportada, entonces ella alegó que ese filtro era ilegal.
“No pueden tenernos acá ni detenernos y mucho menos tener a todos esos niños ahí en ese cuarto detenidos. Había un niño que estaba llorando porque quería ir al baño y eso me partió el alma. Eso no puede ser, que tengan que pedir hasta permiso para ir a un baño es injusto”, recordó.
Asegura que se identificó como defensora de derechos humanos mientras que un agente de migración, al parecer sin importarle su residencia legal, le aseguraba que sería deportada.
“Entonces empieza a agredirme más fuerte. A decirme: te callas. Y a ponerme la cara enfrente de mi cara. Y dije no aguanto más. Saqué mi celular y empecé a grabar. Cuando intento grabar me dice: Ahora sí ya vas deportada. Dije, ok depórtame. Entonces me arrebata durísimo el teléfono y esconde mis pertenencias”, detalla.
Después del altercado, que incluyó el llamado a un Guardia Nacional que no encontró nada irregular, otro agente migratorio le sugirió sencillamente que evitara problemas y se retirara.
Ya con el filtro a sus espaldas y sus pertenencias de vuelta, Paola escuchó de una mujer las palabras que hasta la fecha la tienen preocupada.
“Ella dice: Putas venezolanas y colombianas, las vamos a empezar a descuartizar”.
La activista recuerda haber volteado a buscar de dónde venía la voz y encontró a una agente de migración que hasta entonces no había visto.
“Le dije: usted me está agrediendo y me está amenazando. Me dice: pinche putita, llegas a publicar ese video y te vamos a encobijar”.
Parte del desencuentro con esa oficial, a la que nunca pudo identificar por su nombre, quedó videograbado en el teléfono que la agente ya le había quitado para arrojarlo al piso y después salir corriendo con él.
En otro video, grabado con un segundo celular que llevaba con ella, se observa a la agente de migración negándose a regresarle el primer teléfono.
El mismo día de los hechos Paola publicó en total tres videos en la cuenta de facebook Asociación Colombiana en Baja California como una forma de dejar constancia de lo ocurrido.
Tras el periplo y ya con sus teléfonos de vuelta, se retiró temerosa del aeropuerto a encontrarse con su hijo, quien a consecuencia de la manifestación no podía acercarse con el vehículo a la terminal aérea.
Al día siguiente, todavía con el temor a cuestas, Paola Morales fue a presentar la denuncia formal, sabiendo además que notificó lo sucedido a la embajada de Colombia en México y que todo habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Migrantes víctimas de corrupción
El ahora ex delegado del INM en Baja California, David Pérez Tejada, habló hace tiempo de su preocupación por la llegada irregular de extranjeros vía aérea desde el centro del país hasta esta frontera.
La respuesta de las autoridades no ha sido solo la revisión de viajeros, sino al parecer también la vigilancia en los alrededores del aeropuerto de Tijuana donde policías municipales piden documentos migratorios sin estar facultados para ello.
Testigos de ello afirman que esos operativos ocurren normalmente durante la noche y madrugada.
Paola afirma que la primera vez que fue retenida al llegar de un viaje también registró con su teléfono las condiciones en las que mantienen a los extranjeros y compartió el material con Pérez Tejada.
La respuesta de migración, menciona, fue que así ayudan a Estados Unidos a revisar que los migrantes recién llegados cuenten con cita de CBP One, la única vía legal que el gobierno norteamericano mantiene abierta para recibir a solicitantes de asilo.
Sin embargo, asegura la activista, quienes han sorteado esas revisiones son víctimas de corrupción aunque comprueben que están realizando su trámite conforme a las normas.
“Ninguna persona denuncia, pero las quejas sí las dan a la sociedad civil. `Traía mi cita de CBP One, sin embargo, me quitaron 200 dólares, sin embargo, me quitaron 500 dólares´. Entonces ese filtro no es para saber quién está de manera regular o irregular”, acusa la fundadora de la asociación de colombianos en Baja California.
VGB