TUXTLA GUTIÉRREZ.- Al menos una veintena de personas fallecidas dejó el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, ocurrido el pasado 4 de enero en el ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en Chiapas. Hasta el momento, ninguna autoridad, municipal o estatal, ha fijado postura.
De acuerdo con un documento distribuido por los mismos pobladores, el “choque” entre sicarios duró alrededor de siete horas, por lo que la gente se resguardó en sus casas, mientras otras familias huyeron.
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Se mencionó que entre de los fallecidos hay 2 civiles alcanzados por las balas; sin embargo, los pobladores aseguran que no pudieron salir y recoger sus cuerpos ante el temor de alguna agresión.
Ante este hecho violento, cientos de familias abandonaron sus viviendas un día después (5 de enero); con base en los testimonios de la gente, familias de otras comunidades también dejaron sus propiedades por el temor de ser agredidas o sacadas de sus casas. “En esta zona hay intereses grandes como lo es la minería y el control de la frontera”, aseguraron.
Recordaron que el pasado 26 de diciembre pasado sicarios desalojaron a las familias de la comunidad Limonar, por lo que las víctimas tuvieron que pedir alojamiento en otras localidades y esconderse en los cerros.
“El Estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo, vemos como sociedad civil que tanto el Ejército, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo, que tantas veces lo ha exigido”.
Acusaron que el CJNG mantiene secuestrada la cabecera municipal con sus retenes, camiones tipo “volteo” atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía. Hasta el momento, ninguna autoridad ha ofrecido los datos oficiales de esta agresión.
Fuentes de la Guardia Nacional tienen reportes de distintos incidentes registrados en la zona desde el año pasado por la disputa territorial de dos cárteles.
Sobre el supuesto homicidio de 20 personas, hasta el momento no se ha reportado el hallazgo de algún cuerpo en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas. De acuerdo con el personal consultado, los elementos desplegados en la zona tienen la orden de evitar enfrentamientos con personas armadas. Solo puede repeler un ataque cuando sean agredidos previamente.
Las autoridades encargadas de la investigación son las de la fiscalía estatal al ser delitos del fuero común. Solo en caso del hallazgo de armas de uso exclusivo del Ejército, así como de droga, se hará de conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR).
FUERZAS ARMADAS EXISTEN, PERO NO ACTÚAN
De acuerdo con el informe presentado el año pasado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), titulado “Chiapas un desastre, entre la complicidad del Estado”, se dejó entrever que, a casi 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se habían instalado 71 campamentos militares en toda la geografía local.
Es decir, detalla el Frayba, ello se traduce en un despliegue de 1,504 elementos de la Secretaría de la Marina; 3,466 de la Guardia Nacional y 3,536 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por ello, la sociedad civil reclama la inacción de todas esas corporaciones para combatir todo lo relacionado al crimen organizado que no sólo afecta a Chicomuselo, sino a otras poblaciones como Frontera Comalapa, La Trinitaria, Bellavista, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Maravilla Tenejapa, entre otras.