Monterrey.- La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León se instalará la tarde de este miércoles para iniciar el análisis del proceso tendiente a sancionar al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su secretario general de Gobierno, Manuel González, por el caso de las "broncofirmas" recabadas de manera irregular cuando “El Bronco” compitió por la presidencia de la República en 2018.
Lo anterior, para cumplir una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encontró a “El Bronco” culpable de posible desvío de recursos estatales para buscar las firmas y participar como candidato presidencial en 2018.
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En esa ocasión, se habrían utilizado recursos económicos y personal de la burocracia estatal para recabar las firmas.
Lilia Olivares, diputada que preside la Comisión, informó que este miércoles se informará de la resolución de la Sala a los integrantes de la Comisión, y empezarán las revisiones, y aunque no se les indican un plazo para imponer las sanciones espera darle celeridad al caso.
Con relación a la sentencia SRE-PSC-153/2018, la reunión de la Comisión Jurisdiccional para Juicios Políticos a la que convoqué para el 3 de enero tiene como fin instalar la Comisión y dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", indicó la legisladora.
"La sentencia de la Sala establece que tenemos 5 días hábiles para iniciar el proceso".
Adelantó, sin embargo, que podría ser sanción económica o inhabilitación. Manuel González ocupó el cargo de gobernador interino.
El asunto de las firmas que presuntamente recabó Jaime Rodríguez con recursos estatales fue denunciado por Samuel García y Mariela Saldívar el 31 de enero de 2018 cuando eran diputados locales de Movimiento Ciudadano.
Durante ese tiempo hubo impugnaciones de Rodríguez y González entre ellas una controversia constitucional el 27 de septiembre de 2019, que frenó el proceso.
El TEPJF dijo que, desde el 5 de agosto de 2020, cuando se resolvió la controversia, el Congreso tuvo que haber cumplido con la sentencia, lo cual no se hizo y el 1 de septiembre de 2023 el Poder Legislativo local fue notificado que tenía 30 días naturales para acatar.