CUERNAVACA.- Autoridades de Morelos impiden u obstaculizan la investigación en contra de varios actores políticos por el asesinato del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, perpetrado el 19 de febrero de 2019, denunciaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. El día del crimen apareció una manta del Comando Tlahuica, liderado por Homero Figueroa Meza, “La Tripa”.
En conferencia, David Peña Rodríguez, abogado de la familia de Samir, dijo que, sin afirmar que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tenga nexos con el crimen, sí ven complicidad o protección para algunos personajes.
Al respecto, Carlos González, integrante de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena, dijo que no eximen al gobierno estatal y exigen que se llegue al total conocimiento de la verdad de este homicidio, sin importar si hay funcionarios de la actual administración de Morelos o incluso del gobierno federal.
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“Si hay políticos, diputados, senadores, partidos políticos, empresarios, lo que se está exigiendo es que se llegue a ese conocimiento”, reclamó.
Aquel 19 de febrero de 2019, día del crimen del también comunicador, apareció una manta firmada por el Comando Tlahuica, cuyo líder es Homero Figueroa Meza, “La Tripa”.
Este sujeto es uno de los mayores generadores de violencia en Morelos y es uno de los que apareció en una fotografía con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y otros dos líderes criminales, en enero de 2022.
De acuerdo con Carlos González, también abogado, el asunto es que en México existe colusión y protección de las instituciones del Estado con los cárteles criminales que desde hace años penetraron en sus filas.
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Desde hace décadas, añadió, las instituciones han estado sujetas a los intereses políticos y económicos más poderosos.
“Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Si hay una estructura judicial corrupta en este mundo es la de México. Si hay una estructura judicial cómplice del crimen, cómplice de los crímenes permanentes y continuados hacia los pueblos originarios es el de este país”, lamentó González.
Frente a este escenario, de acuerdo con Peña Rodríguez, fue que optaron por acercarse nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR), en busca de cambiar el rumbo actual de la investigación que está en manos de la fiscalía de Morelos.
Hasta el momento, consideró el abogado de las víctimas, la fiscalía estatal está estancada, pese a que hay una persona detenida y vinculada y a que está en busca de otra persona cómplice y sustraída de la ley.
“Nosotros no confiamos en ninguna de las dos fiscalías, el tema es que esto es lo que hay. Confiamos en su momento en la fiscalía local, porque era el crimen ahí (el de Samir) y porque la fiscalía general se negó a atraer el caso desde un principio”, recordó.
Sin embargo, precisó que de nuevo tienen que confiar en la FGR, porque ahora será la instancia que continúe con las investigaciones a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.
De 4 disparos, 2 de ellos en la cabeza, fue asesinado el 19 de febrero de 2019, afuera de su casa en Amilcingo, Morelos, el activista Samir Flores.
Samir, un indígena náhuatl de 36 años, era una de las figuras más vocales en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), que impulsado por el gobierno intenta poner en marcha una central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado.
Los grupos ecologistas e indígenas de la región se oponen al PIM porque temen que aumente la contaminación y el desabasto de agua en la región.