TUXTLA GUTIÉRREZ.- Drones cargados con explosivos C4, camionetas con blindaje artesanal (monstruos); reclutamiento forzado de jóvenes, enfrentamientos armados y el desplazamiento de por lo menos 3,000 pobladores forman parte de la guerra de alta intensidad en la región fronteriza de Chiapas entre los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS).
De acuerdo con Gerardo González, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), esta crisis que se vive en la actualidad en barrios y ejidos del municipio de Frontera Comalapa se debe al intento de los “Chapitos” de recuperar un territorio que, al parecer, había perdido a manos de la organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Por ello, desde la semana pasada, se recrudeció esta guerra, lo que -de acuerdo con datos de autoridades comunitarias de las regiones Fronteriza y Sierra Madre y del Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”- ya dejó alrededor de 60 muertos en ambos cárteles.
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En una serie de videos se ha observado a familias, algunas de ellas del ejido Lajerío, que huyen de sus pueblos, casi sin ninguna de sus pertenencias, hacia donde puedan: por veredas, en montañas y, los que han tenido suerte, arriban a lugares un poco más seguros.
No obstante, el clima hostil alcanza otros municipios, como Amatenango de la Frontera, Bellavista y Mazapa de Madero; en este último lugar, la semana pasada fueron quemados dos taxis y un camión, además de que presuntamente el CDS dejó una manta con un mensaje de amenaza contra la organización social “Maíz”, ligada al CJNG.
MAESTROS TAMBIÉN SE REPLIEGAN
La violencia ha calado hondo: según un maestro de la región comalapense, desde mediados de 2021 y parte del año pasado varios de sus compañeros abandonaron sus plazas, porque era imposible quedarse, mientras que con lo que ocurre desde la semana pasada, hay otro grupo que ya piensa en seguir los mismos pasos para no ser víctima.
Mientras tanto, afirma, “avanzamos como podemos, es decir, estamos con las clases en línea, en espera de que la situación se normalice, o a ver qué instrucciones nos da la Secretaría de Educación, que tampoco se ha mostrado interesada en lo que ocurre acá”.
Inclusive, el Bloque Democrático Magisterial de la Sección 40 del SNTE-CNTE, emitió un comunicado en el que da cuenta de la falta de compromiso de la Secretaría de Educación para tomar algunas acciones.
“No está respetando el derecho a la integridad física, psicológica y moral de los docentes y administrativos, así como de padres y madres de familia y estudiantes”.
Según información que ha circulado, cerca de 600 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano comenzaron este lunes un despliegue en la región en disputa; sin embargo, fuentes cercanas advierten que por allí no hay nada y que continúa el intercambio “de metralla” en cárteles.
EL JUNIOR, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO
De acuerdo con especialistas, el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Estrada, “El Junior”, líder del CDS en la zona Sureste de México el 7 de julio de 2021 en Tuxtla Gutiérrez, presuntamente a manos de sicarios del CJNG, fue el momento que marcó o exacerbó la lucha por el poder.
“El Junior” era hijo de Gilberto Rivera Amarillas, mejor conocido como “El Tío Gil” o “El Señor de la Frontera Sur”, uno de los “brazos derechos” de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, con el crimen de Ramón, la disputa del territorio se expandió aún más: no sólo se hablaba de la zona de riego de Chamic, en Frontera Comalapa, sino de otros puntos como la misma ciudad tuxtleca, Jiquipilas, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, u otras de la zona serrana como Motozintla y Chicomuselo, de acuerdo con información recabada a lo largo de ese lapso.
Con ello, se vino otra problemática: las ejecuciones y desapariciones de personas; de hecho, La Silla Rota y otros medios locales y nacionales dieron cuenta de que, entre finales de 2021 y principios de 2022 se habían registrado, por lo menos, 300 casos de “levantones” o desapariciones, la mayoría ocurridos entre La Trinitaria, Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa. Asimismo, crecieron los enfrentamientos entre cárteles.
POSIBLE RECLUTAMIENTO
Con lo ocurrido desde la semana pasada en Comalapa, Maribey Martínez López, quien busca a su hijo Oswaldo Daniel Alfonso Martínez desde abril del año pasado, cuando fue levantado en Comitán, manifiesta que existe la posibilidad de que él fuera parte de la “leva” o reclutamiento que acostumbran hacer los cárteles de la droga no sólo en Chiapas, sino en otros estados del país, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
Es decir, dice, existe la posibilidad de que el estudiante de Medicina Veterinaria, hoy de 24 años de edad, preste sus servicios (de manera forzada) a alguno de esos grupos criminales.
Aparte de sufrir por la ausencia de su muchacho, la madre advierte que tiene familiares en Frontera Comalapa, quienes están “llenos de terror” y no saben qué hacer, más que refugiarse cuando hay “plomazos”.
“Cuando se recrudece todo, los negocios, farmacias, todos cierran, hasta por más de una semana, y sobreviven con lo que tienen; o sea que no te puedes ni enfermar”.
Otra entrevistada, quien prefiere el anonimato porque teme por su vida y las de sus seres queridos, revela que la semana pasada, un comando se llevó a seis jóvenes que estaban sentados en el Parque Central de Comalapa.
“No estaban haciendo nada malo, eran buenos muchachos, pero creo que los reclutaron, como lo que hemos visto o leído en redes sociales y medios de comunicación”, asegura.
FOSAS CLANDESTINAS Y DESAPARICIONES
Aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10, tres de éstas en Comitán de Domínguez, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”.
Asimismo, aparece Tuxtla Gutiérrez con otras tres y con una las siguientes localidades: Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico.
A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año), la mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260).
Al respecto, Maribey Martínez, de hecho, en algunas ocasiones ha solicitado que su hijo sea buscado en las mismas fosas clandestinas que puedan existir, pero la autoridad le responda con una ironía: “Me dice, ‘A ver, dígame dónde está la fosa, dónde se ubica, y vamos’; de ese pelo, me toman a loca”.
Para ella, las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador se quedaron en eso, promesas, “es mentira, porque nuestro pueblo está en guerra, y es el narcotráfico; es un duelo que no se termina para mí… o pensar que, si se llevaron a mi hijo para luchar por gentes que no se lo merecen, mejor ni me lo imagino”.
Con base en la misma CNBP, hasta febrero pasado contabilizó 112 mil desapariciones en toda la República Mexicana; mientras que sólo en Chiapas, de 2018 a marzo de este año, hubo 1,272 personas en esa situación.
Por su parte, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) advirtió que, de 2018 a 2022, se registraron 1,831 desapariciones, de las cuales más de 500 aún estaban en calidad de no localizados.
Para Gerardo González, investigador de Ecosur, los cientos de desplazados que se registraron en los últimos días es un fenómeno que no se había visto antes, al menos por el tema del narcotráfico.
“Mucha gente empezó a vender sus parcelas, las que se dedicaban a cierta actividad económica, porque ya les estaban cobrando piso, o al mismo transporte, pero ahora hablamos de una escalada (de actos violentos), ante un enfrentamiento abierto por el territorio entre dos bandos”, analiza el especialista, quien también está convencido de que el CDS intenta recuperar un territorio que se creía suyo y que ahora está en manos del grupo criminal de “El Mencho”.
De hecho, puntualiza que el que el CJNG presente “carros monstruo” sí marca una diferencia, “esto quiere decir que esta lucha se dará con la mayor violencia posible, y en este marco, entendemos lo de la ‘leva’, es decir levantar a los jóvenes para obligarlos a hacer las actividades de cada uno de los cárteles”.
MÁS DATOS DUROS
De acuerdo con el informe “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reveló que, de 2010 a 2022, 16,755 personas fueron desplazadas.
En el periodo de 2018 a 2022, cerca de 3,499 personas de Aldama y 5,023 de Chalchihuitán se desplazaron de forma intermitente y permanente.
Sin embargo, el “Frayba” documentó por casos que le llegaban, o a través del diálogo con las iglesias o con organizaciones que trabajan en la zona, el desplazamiento de casi 2 mil personas, es decir unas 400 familias, de la región fronteriza de Chiapas por la presencia o el acoso de los cárteles de la droga que se disputan el territorio.
Pese al panorama hostil que aqueja a varias regiones de la geografía chiapaneca, ni la Fiscalía General del Estado, ni el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ni las propias fuerzas armadas han hecho algo para controlar a los cárteles.
“Lo que es increíble, insisto, es la inacción del Estado, lo lamento mucho”, remata Gerardo González.