MONTERREY. - La Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que la muerte de Ángel Manuel Moreno, de 14 años en el DIF Fabriles, fue un crimen de Estado. Ante ello, emitió una recomendación especial para que se ofrezca una disculpa pública, dos memoriales y una compensación económica por la muerte del adolescente el pasado 9 de febrero de 2022.
Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH dijo que la recomendación es por violaciones graves a los derechos humanos del adolescente:
"Esta recomendación tiene fundamento en nuestro marco jurídico nacional, pero también de sustenta en criterios de la Corte Interamericana y diversos instrumentos internacionales e incluso se considera un crimen de Estado”, comentó la presidenta de la CEDH.
Las recomendaciones deberán concretarse en un plazo máximo seis meses:
"Pareciera que el aparato estatal se volcó por encubrí todos estos actos", señaló a su vez José Antonio Garza López, segundo visitador general de la CEDH.
Te podría interesar
"El caso de Ángel pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas Infantes y adolescentes que carecen de un método familiar y estas personas se encuentran institucionalizadas en los centros de asistencia social", añadió.
Dirigente de MC está involucrado; hay dos vinculados a proceso
La imputación solicitada por el Ministerio Público se deriva de conductas cometidas por dos ex funcionarios del DIF Fabriles, Mauricio Miguel ‘N’ y Raymundo Francisco ‘N’, quienes están vinculados a proceso, el primero por el delito de encubrimiento y, al segundo por homicidio.
Hay un tercero, a quien se le identifica como Miguel Ángel ‘N’, pero que es Miguel Ángel Sánchez, quien en ese tiempo era el director del DIF, y ahora es el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad. No pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo.
Raymundo Francisco ‘N’, probable responsable del delito de homicidio del menor, no ha sido localizado por la Agencia Estatal de Investigaciones por lo que se considera prófugo de la justicia, mientras que, Mauricio deberá acudir a firmar en forma periódica.
De acuerdo a la investigación, el día 8 de febrero de 2022, el menor se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado, y Raymundo Francisco ‘N’ golpeó su cara a puño cerrado, provocando que cayera el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejo caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal, síntomas a los que durante las horas siguientes se sumaron los de debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes.
Luego Mauricio Miguel giró instrucciones para eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución y ordenó la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito cerrado de la misma institución. A esta persona también se le atribuye la omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades correspondientes y ordenar un servicio funerario, incluida la incineración del cuerpo, sin haberse practicado una autopsia, esto con el fin de obstruir la investigación de los hechos.