HERMOSILLO.- El 15 de mayo pasado, en plena cosecha de trigo, más de 300 tractores salieron de los campos agrícolas y recorrieron las calles de Cajeme, en el sur de Sonora, hasta llegar a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con una sola demanda: que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su responsabilidad de apoyar al campo mexicano.
En Sinaloa, productores también se han visto obligados a manifestarse y lo mismo en la zona agrícola de Baja California; en este último, ese mismo día, agricultores del Valle de Mexicali, acompañados de los de San Luis Río Colorado, tomaron la caseta de la carretera que conecta con Sonora, como medida de protesta.
La razón, es que los productores de trigo y maíz viven una situación alarmante desde hace varios meses. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado crisis en las bolsas internacionales de valores, que ha derivado en una caída de los precios de estos granos a nivel mundial.
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Aunque pueda parecer que este conflicto es lejano y que no tiene cercanía con el campo mexicano, la realidad es que estos precios son los que rigen la compra-venta del grano también en México.
En entrevista con La Silla Rota, Mario Pablos Domínguez, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Tres Valles, del sur de Sonora, explica la problemática que vive el sector agrícola y advierte sobre un panorama catastrófico para la economía mexicana, de no ser escuchados.
“AMLO ECHÓ ABAJO 90 AÑOS DE POLÍTICAS PROCAMPO”
El productor sonorense resaltó que el gobierno de México había tenido una política pública de apoyo al sector agrícola desde 1960, cuando el país atravesaba un momento de hambruna. En ese tiempo, para contrarrestar la situación, acudieron al investigador estadounidense Norman E. Borlaug, quien visitó el Valle del Yaqui, uno de los más grandes del territorio mexicano, y llevó sus descubrimientos de semillas híbridas para potencializar la producción de granos.
El premio Nobel de la Paz, de la mano con el gobierno mexicano sacó de la hambruna al país e hizo de esta zona en Sonora una de las más fuertes y un ejemplo internacional.
“Lo tuvimos en el Valle del Yaqui, desarrolló y potencializó la producción de granos y sacó de la hambruna a la población en México. Somos referente mundial, internacional. Aquí es la meca de la investigación; vienen de muchos países a ver los modelos que implementó Norman E. Borlaug”, expuso.
Desde entonces, los diferentes presidentes de México habían trabajado con los agricultores, el sector primario, que impulsa la economía y los procesos productivos para llevar los alimentos a la mesa de cada ciudadano.
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Pero, para el empresario, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, en 2018, cambió todo, ya que se fueron acortando y reduciendo los apoyos al campo mexicano.
“Desde entonces, de esos años a la fecha, hasta el 2018, los modelos de apoyo al sector productivo fueron mejorando. Teníamos instituciones a raíz del Tratado de Libro Comercio, se crearon políticas de apoyo como el Procampo, se crearon instituciones que regulaban la comercialización. Eso nos daba una garantía de tener rentabilidad (ganancias). Eso se perdió con este gobierno, nos dejó solos en la venta y la comercialización”, detalló.
Mario Pablos Domínguez agregó que, una vez que los productores estuvieron a la deriva en la compra-venta de los granos, comenzaron los problemas. Al estallar la guerra entre Rusia y Ucriania, los precios del trigo se dispararon a nivel mundial y el sector industrial, que es el que compra el grano a los agricultores, para la elaboración de pastas, tortillas, entre otros productos alimentarios, no quisieron pagar los altos precios.
Ellos, los productores de trigo y maíz aceptaron un pago más bajo por tonelada. Sin embargo, ahora que la situación está contraria, con caída de los precios, lamentan que el sector industrial no quiera comprar a mayor precio los granos.
“Los valores del trigo llegaron a 500 dólares (la tonelada). Los industriales dijeron que estaba muy caro, que no nos lo podían pagar, fue bajando a 470 dólares, pero estandarizaron el precio en 385 dólares, que sí pagaron en su mayoría. Lo que sostenemos los productores es que el que compró ese grano, lo transformó en harina, en pasta o en carne, en huevo o leche y tuvieron ganancias. Pudieran pagar ahora los mismos 385 dólares, que es lo que pedimos ahora los productores para tener ganancias”, expuso.
¿QUÉ PIDEN LOS PRODUCTORES DE TRIGO Y MAÍZ?
El presidente de ARIC Tres Valles mencionó que la instancia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) determinó que el precio de compra para el trigo sería de 6 mil 900 pesos por tonelada, lo cual, considera es insuficiente, ya que tendrían una ganancia solo del 5%.
“Un comerciante que vente zapatos busca tener un 30% de ganancias, 5% es nada, ahorita, con los precios que están aspiramos a 5 mil 300, pues entonces el productor trabajó de ‘oquis’, sin ninguna esperanza de ganar”, dijo.
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En ese sentido, aseguró que es responsabilidad del gobierno federal intervenir en este problema e, incluso, brindar apoyos a los productores de trigo y maíz, con el fin de que puedan obtener ganancias y pagar las inversiones que hicieron a la cosecha, tanto a los bancos que los financiaron, como a los proveedores y los campesinos que levantaron el grano.
Diferentes organizaciones y asociaciones de productores del norte de México piden que se establezca un precio de 8 mil pesos para trigo harinero y trigo cristalino por hectárea, y de 7 mil pesos para maíz.
Dicha propuesta la hicieron llegar al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, después de un análisis estadístico, pero, hasta el momento, no han tenido una respuesta concreta ni oficial a su petición.
“El secretario de Agricultura brilla por su ausencia. El 22 de marzo fue el único día que lo vimos, dijo que nos iba a apoyar, que nos iba a ayudar. El viernes 24 tuvimos otra reunión, vimos costos de producción, reconocen que estamos en los cierto y nos pidieron que propusiéramos un precio que nos diera rentabilidad. Se hizo el trabajo y entregamos una ficha técnica con la propuesta. No es una ocurrencia, es porque los números así determinan que pudiéramos ganar cerca de un 21%”, afirmó.
Sobre el titular de la Sader, también calificó de una “simulación” los dichos sobre que opera en sus oficinas de Ciudad Obregón, ya que, aseguró, se ha presentado en Sonora solo cerca de 10 veces.
“LA CONSTITUCIÓN NOS RESPALDA”: PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Mario Pablos Domínguez expuso que el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Federal indica que el gobierno de México tiene la responsabilidad de compensar y brindar apoyos a los productores, tanto en desastres naturales o contingencias de mercado.
La situación que viven actualmente es, precisamente, una contingencia de mercado, agregó.
El artículo 133 marca lo siguiente:
“El Gobierno Federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente”.
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Además, el presidente de ARIC Tres Valles dijo que no solo es el artículo 133, sino otros siete más que se incluyen dentro de la Constitución Mexicana, como el 27, fracción 20 que marca que el gobierno federal es responsable de la producción, comercialización e industrialización de los alimentos en el país.
En 2015, productores agrícolas de Sonora vivieron una emergencia climatológica, ya que se presentaron ondas cálidas durante el invierno, así como lluvias atípicas que afectó la producción de trigo, principalmente.
Ante ello, acudieron a la administración federal de ese tiempo y gestionaron apoyos para resarcir las afectaciones.
Pablos Domínguez recordó que habían tenido negativas; sin embargo, expusieron los artículos de la Ley que los respaldan y lograron un apoyo de 600 millones de pesos para los productores afectados.
“Hicimos gestiones los productores y las autoridades de aquellos años nos apoyaron, por hectárea, con 1910 pesos, para enfrentar la contingencia climatológica que derivaba en pérdida de producción y pérdida económica. El gobierno nos ayudó en base al artículo 103”, señaló.
Respecto a las voces críticas de su movimiento, que es señalado con tintes políticos, el presidente de ARIC Tres Valles aseguró que ninguno de los productores tiene otras intenciones que no sean recibir lo que invirtieron en la cosecha.
“Debemos créditos en el banco, generamos economía, generamos alimento. Esta es una manifestación valida de productores, campesinos, a ninguno nos vas a ver en una boleta de elector. Esto para nada es político, es exigencia real, es exigencia por derecho, de políticas que estuvieron por más de 90 años, vinieron a destruir lo logrado. Cuando haga falta los alimentos, acuérdense que hubo alguien que destruyó el andamiaje productivo del país”.
ADVIERTEN CRISIS ECONÓMICA Y HAMBRUNA
De acuerdo con el productor del Valle del Yaqui, en Sonora, de no apoyar al campo mexicano, principalmente en el norte de México, se avecinaría una crisis económica fuerte en la región, e incluso, podría llegar a registrarse otra situación de hambruna, similar a la de 1960.
Los agricultores, como sector primario, agregó, son parte del motor que mueve la economía, y del cual depende una cadena de producción.
Incluso, recordó que Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde se encuentra el Valle del Yaqui, una de las principales zonas agrícolas del país, es la segunda ciudad más violenta del mundo, por lo que, ante la falta de trabajo y economía, la situación podría empeorar.
“Podría caer en una crisis económica muy grande, somos de las ciudades más violentas del mundo, todo el sur de Sonora está colapsado por violencia, súmale ahora un problema de contingencia de mercado, va a venir un problema económico gravísimo, por eso es un llamado exigente, porque es un derecho que tenemos los productores, porque es una obligación del gobierno federal”, dijo.
El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de tener autonomía alimentaria para sus ciudadanos. De acuerdo con organismos internacionales, un país debe producir el 70% de sus alimentos, pero en México solo es cerca del 50%.
Por ello, Mario Pablos Domínguez advierte que de llegar al grado de no tener cómo producir granos y alimento, y de acabarse el producto importado, las personas podrían “pelearse por la comida”.
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“Podría haber hambruna si seguimos sin faltas de políticas, vamos a ser dependientes del extranjero, cuando no tengan para vendernos vamos a pelearnos por la comida, es un escenario posible”, adelantó.
¿CÓMO HAN RESPONDIDO LOS GOBERNADORES DEL NORTE?
Las protestas de productores comenzaron durante el mes pasado en Sinaloa, en la última de ellas, se implementó un fuerte operativo de seguridad, incluso, como si el objetivo fuera algún cártel de droga con presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
En Sonora no hubo operativos de tal magnitud en las protestas del 15 de mayo, donde participaron más de 500 agricultores, con 300 tractores que desfilaron por las calles de Cajeme.
Productores de Baja California también continúan con manifestaciones, hasta ser escuchadas sus peticiones.
Tanto Rubén Rocha Moya, como Alfonso Durazo Montaño y Marina del Pilar Ávila, los tres emanados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguran que trabajan con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar apoyar al sector agropecuario, el que más aporta a la economía de los tres estados, Sinaloa, Sonora y Baja California.
"Respeto la movilización de los productores en la medida de que no afecten a la ciudadanía, yo deseo que haya un resultado exitoso. El Gobierno Federal está haciendo su máximo esfuerzo, aunque ha tenido también el problema adicional de una caída importante en los ingresos este bimestre, está haciendo el mayor esfuerzo", expuso Alfonso Durazo ante la movilización agrícola.
Mientras tanto, los productores de trigo y maíz cumplen una semana con la toma de las oficinas nacionales de la Sader en Ciudad Obregón. Hasta el momento no han recibido una respuesta concreta a sus peticiones de establecer los precios de venta en 8 mil pesos la tonelada de trigo y 7 mil la de maíz, para obtener ganancias y pagar a todos los involucrados en la cosecha del grano, que genera economía al norte del país.